
A cinco semanas de que termine la primera etapa de vigencia, el Gobierno ya comenzó a reunirse con empresas de consumo masivo para negociar cómo serán los próximos cuatro meses de Precios Justos. El programa que abarca una canasta de productos con valores congelados y un listado mucho más amplio de bienes con reajustes mensuales con un tope de 4 por ciento. Este último aspecto del esquema de control de precios es el que genera mayores tironeos con el sector privado.
En los primeros contactos entre la Secretaría de Comercio y los ejecutivos de empresas de alimentos, limpieza y otros rubros de consumo masivo quedaron expuestas las posturas de cada lado de la mesa. El equipo económico espera poder renovar el programa -que absorbió a Precios Cuidados- por cuatro meses más desde su fecha de finalización, prevista para el 28 de febrero.
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Para ese nuevo cuatrimestre de vigencia, el Gobierno planteó ante los representantes de las empresas que el esquema de 4x4 actual (cuatro meses con aumentos de 4% cada mes como tope) migre hacia algo más cercano al 4x3. Así, la nueva etapa que imagina el Poder Ejecutivo tendría lugar hasta el último día de junio, con subas mensuales un poco más acotadas que las que se autorizan en la actualidad.
El fundamento es que, esperan en el equipo económico, a esa altura del año el ritmo de inflación se haya moderado lo suficiente como para que la expectativa de suba de precios tenga correlación con un techo de incrementos en el orden del 3,2 por ciento, aseguraron fuentes oficiales. La cifra en cuestión fue confirmada por empresas consultadas por Infobae.
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De todas formas, entre las firmas la postura en la negociación es la opuesta. Uno de los ejecutivos en diálogo con este medio aseguró que ese ritmo de aumento de precios autorizados no es viable porque sus costos internos de producción se incrementaron un 6% mensual, ejemplificaron desde una compañía de consumo masivo con presencia amplia en las góndolas.
No es la primera vez que en el tira y afloje entre Comercio y las empresas aparece el argumento del aumento de costos como desincentivo para la firma de un acuerdo de precios como el que se negocia, aunque desde el propio abanico de firmas que ya desfilan por los pasillos de la secretaría admiten que la falta de una postura unificada y férrea favorece la implementación, a fin de cuentas, de este tipo de esquemas.
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Hay una zanahoria que los funcionarios del equipo económico plantean para las empresas que ingresan en Precios Justos y que termina inclinando la balanza: la disponibilidad de divisas. Es la tercera pata que compone el plan de control de precios -además de la canasta congelada y el listado con incrementos con tope autorizado-, y busca aceitar el flujo de divisas a precio oficial para la importación de insumos para casos críticos, aunque se trata de una negociación de a una empresa a la vez, de acuerdo a su nivel de urgencia.
Según explican entre las firmas, elementos como la suba de la tasa de interés que encarece el crédito y el consumo, el ritmo de devaluación o el incremento en la cadena de costos forman parte de los argumentos que plantearon en la esgrima negociadora con la Secretaría de Comercio.
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El listado de bienes que no están congelados pero sí tienen aumentos encorsetados por Precios Justos se estima, de acuerdo a estimaciones oficiales, en el orden de los 50.000 productos, lo que implica la presencia de casi 330 empresas. Algunas de ellas firmaron convenios más tarde de lo que lo hizo consumo masivo, como combustibles, celulares, fabricantes de indumentaria, insumos difundidos industriales, medicamentos y otros, que también tienen incrementos mensuales acotados. El tiempo de su propia renegociación llegará más adelante.
Precios Justos arrancó con algunos problemas de presencia de productos en las góndolas. Los inspectores oficiales habían detectado cerca de un 25% de faltantes en el primer mes de vigencia. Desde ese momento, en conversaciones privadas, ajustaron algunos mecanismos de llegada de productos -el aceite tuvo un momento particular en que su provisión en grandes superficientes comerciales se hizo más lenta- y, dicen en despachos oficiales, el porcentaje de incumplimiento comenzó a ceder.
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Tras un primer impacto de contención en las subas de precios de los alimentos -en noviembre ese rubro fue el que tuvo el incremento mensual más bajo de todo el IPC, con 3,5%- algunas consultoras comenzaron a medir una aceleración de precios en la última semana.
La inflación en alimentos muestra una tendencia superior al 5,5% en las primeras semanas de enero, según la consultora LCG. Un informe reciente señaló que “en la tercera semana de enero la suba de precios de los alimentos promedió fue de un 1,55%, acelerando 0,76 puntos respecto la semana anterior”. LCG agregó que “el índice de alimentos y bebidas presentó una inflación mensual del 4,5% promedio en las últimas 4 semanas y 5,6% punta a punta en el mismo periodo”.
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