Precios Justos: de cuánto serán las multas que impondrá el Gobierno a las empresas que incumplan el programa

La Secretaría de Comercio estableció multas de hasta un millón de pesos a los incumplimientos en que pudieran incurrir las empresas participantes del programa Precios Justos, con la opción de duplicar ese monto en caso de reincidencias reiteradas.

La medida se formalizó a través de la Resolución 118/2022 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, e incluye un anexo con el detalle de los incumplimientos y sus respectivas multas.

La norma es complementaria de la Resolución 75 del 11 de noviembre, por la que se aprobó el modelo de Convenio Específico de Colaboración entre la Secretaría de Comercio y “los municipios de las diversas provincias de la República Argentina que contribuyan en las actividades de fiscalización, control y juzgamiento de los incumplimientos a los acuerdos de precios que hayan sido suscriptos” con las empresas participantes de Precios Justos.

Como esa resolución no especificaba los montos de las multas a aplicar ante eventuales incumplimientos, Comercio consideró “pertinente” por “cuestiones operativas” el establecimiento de criterios para su fijación.

En el caso de ofertas de productos del programa a precios superiores de los establecidos por el Convenio, las multas se ubicarán entre $500.000 a $1 millón, el mismo rango si ocurre una falta de oferta en cada sucursal de las empresas de al menos el 80% de los productos previstos, sin que se encontraren ofertados sus respectivos sustitutos.

Se aplicará una sanción de $200.000 hasta $400.000, si existiera una falta de correcta identificación mediante la señalética del programa en cada sucursal de las empresas participantes de al menos el 80% de los productos incluidos en los convenios correspondientes.

Asimismo, la resolución establece multas de $150.000 a $300.000 si se utilizara esa señalética “en la oferta de productos objeto de fiscalización, que no se encuentren incluidos en los Anexos de los convenios correspondientes”. Por último, se fijan multas de $250.000 a medio millón de pesos al “establecimiento de alguna restricción al número de productos de venta por consumidor o grupo familiar sin que esté previamente autorizado por la Secretaría de Comercio”.

La norma precisa que, en caso de reincidencia, “se podrá aplicar un incremento de hasta el 40% de las multas”, incremento que podrá llegar al 100% “en el caso de segunda reincidencia”.

El secretario de Comercio Matías Tombolini mencionó recientemente que “el programa está vigente” y que algunas compañías multinacionales tienen algunas dificultades operativas para firmar un acuerdo formal.

“Los aumentos no pueden superar el 4% y hay 1.907 productos que van a estar fijos durante diciembre, enero y febrero. Las empresas requieren del Estado una garantía de su programa de importaciones con acceso a divisas. Eso supone una norma, hay que suscribir un acuerdo, que jurídicamente no es nada sencillo, tiene que haber una dictamen de la secretaría, tiene que llegar un poder de cada empresa. Hoy hay unas 60 empresas con todo ya ordenado; en otros casos, principalmente multinacionales, tienen procesos más complejos”, mencionó el secretario de Comercio en diálogo con la prensa.

Desde la Secretaría de Comercio tienen definido un esquema para el trabajo de monitoreo y fiscalización para que ese acuerdo se cumpla. Un equipo de 15 personas se reúne todas las mañanas a partir de las 9 para monitorear la información de precios que reciben de las empresas de consumo masivo -las listas que llegan a los supermercados- y chequean que no haya suba por encima del 4% mensual en comparación con el promedio de precios de octubre.

“No puede ser más de 4%, sin excepciones, no vale un 4,1 por ciento. Incluso en el caso de productos que quizás fueron discontinuados y ahora vuelven a las góndolas, eso se acuerda. Y se toma como referencia el promedio de octubre porque se decía que los precios iban a aumentar días antes del acuerdo”, explicaron fuentes de la Secretaría que reconocen que el actual programa tiene una complejidad mucho mayor que los anteriores.

En tanto, la fiscalización en los comercios estará descentralizada y participarán los municipios, que luego obtendrán un porcentaje de las multas cobradas (la Secretaría de Comercio transferirá a la autoridad local correspondiente el 25% de lo recaudado por multas realizadas en cada distrito).

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