
La llegada inminente de un nuevo esquema de control de precios para una canasta de 1.500 productos que se anunciaría de manera oficial este viernes encontró a los empresarios del sector alimenticio, uno de los sectores que estarán incluidos en el programa de Precios Justos, entre el escepticismo sobre eventuales ventajas para acceder a dólares para insumos que sería parte de ese pacto con el Gobierno y la expectativa sobre el alcance, profundidad y severidad de las sanciones que incluirá.
El ministro de Economía Sergio Massa anticipó el miércoles por la noche que el viernes anunciaría en nuevo programa de precios que duraría 4 meses con valores fijos para un grupo de bienes de consumo masivo. En el Gobierno evitan hablar de un congelamiento sino que recalcan el carácter consensuado del programa. Entre los empresarios, ante un micrófono y lejos de él, el diagnóstico incluye la aceptación pero con un menú amplio de dudas.
Uno de los que habló en público sobre el tema fue Daniel Funes de Rioja, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y además titular de Copal, la central que reúne a las centrales alimenticias de todo el país. Es de manera habitual uno de los ejecutivos más reticentes a cualquier congelamiento de precios y quien plantea bemoles a este tipo de esquemas. “Anoche me convocó el Gobierno”, aseguró en diálogo con periodistas en el marco de la 28° Conferencia Industrial que celebra la entidad fabril en Parque Norte este jueves.
“Esto es empresa por empresa. Creemos en los acuerdos, no en los congelamientos. Una medida solo con respecto a precios tiene problemas estructurales y hay que resolverlos. Son paliativos en el marco de una situación compleja. Congelamiento es una definición política y económica, yo espero y anhelo y mi compromiso es con los acuerdos”, dijo Funes de Rioja.

“Cuando se haya firmado haremos la evaluación”, final sobre el alcance de ese acuerdo, dijo el ejecutivo industrial. “Para que sea sostenible cualquier decisión de mantener precios implica que el contexto macroeconómico, los insumos y lo que hace a las cadenas de abastecimiento están acompañando”, remarcó.
“Además de la logística: si el combustible aumentan todos los meses no se puede. No estoy hablando con descreimiento, para creer hay que ver el acuerdo y las medidas colaterales. No voy a hacer profecía autocumplida de decir que esto no sirve. La industria quiere seguir produciendo, necesitamos insumos y necesitamos consumidores”, concluyó el presidente de la UIA y Copal.
Según comentaron otros ejecutivos, la concreción de Precios Justos terminó de tomar forma con mayor velocidad en las últimas horas. Tendrá un esquema de “palo y zanahoria”: por un lado, la posibilidad de fuertes sanciones ante incumplimientos, algo sobre lo que el propio Massa ya advirtió en una entrevista reciente. Y, del lado de los incentivos, facilidades para acceder a dólares a precio oficial para importar.
“Se aceleró todo esta semana. Hubo un acompañamiento generalizado de la industria de alimentos y bebidas. Así como se hizo con precios Cuidados, este programa también se va a apoyar”, dijo un ejecutivo de una alimenticia. “Va a tener dos ejes: una canasta fija hasta 31 de marzo y como contrapartida, un esquema de flexibilización de importaciones para garantizar la importación de insumos necesarios para la operación de las fábricas”, comentó.
Desde otra empresa de consumo masivo recalcaron que el análisis empresa por empresa que subyace a Precios Justos tiene que ver con que el Gobierno abrirá una línea de diálogo con cada compañía para conocer cuál es la “zanahoria” que mejor le viene. Algunas pedirán una fluidez mayor para importar bienes intermedios, otras bienes de capital o piezas y repuestos. Incluso apareció sobre la mesa la opción de subsidios.

De todas formas, algunos ejecutivos ven poco viable que un acuerdo de estas características pueda ser plasmado como un convenio “formal” firmado con la Secretaría de Comercio. “Para las empresas que tienen compliance con sus casas matrices del exterior es muy difícil hacer pasar esto como una medida de tipo legal, sino más bien una medida de funcionamiento interno”, planteó un empresario.
El Gobierno dejó saber que el nuevo programa de Precios Justos, que se anunciaría este viernes, será un acuerdo voluntario por 120 días y que incluirá además de a las empresas de consumo masivo, a los supermercados. Se mantendrán fijos los precios de más de 1500 productos de los rubros alimentos, bebidas, lácteos, higiene personal y limpieza.
Toda esa canasta que ingrese al programa tendrá un primer ajuste de 4% y desde ese momento quedará congelado. El resto de los bienes que estén incluidos se ajustarán 4% mensual durante la vigencia de Precios Justos. “El Estado otorga garantía y certidumbre en el proceso de importación de bienes intermedios, bienes terminados que son parte de la cadena de valor e insumos para las empresas que se comprometen en este acuerdo de precios”, explicaron fuentes oficiales.
Según explicaron desde el equipo económico, formarán parte del acuerdo alrededor de 100 empresas que representan el 86% del consumo masivo en Argentina. Algunas de las que participan son Molinos, Coca Cola, Unilever, Quilmes, Mastellone, AGD, Ledesma y Las Marías, entre otras. Además, los supermercados podrán abastecer con productos de marcas propias.
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