
El déficit primario de los primeros ocho meses del año superó el billón de pesos y dejó al Gobierno nacional con un margen de maniobra fiscal muy bajo para no alejarse de la meta de techo en el nivel de desequilibrio en las cuentas públicas incluido en el acuerdo con el FMI.
De acuerdo a los últimos datos que difundió la Secretaría de Hacienda, el déficit primario de agosto fue de $224.708 millones, por lo que el acumulado entre enero y agosto redondeó los $1.101.336,7 millones. A falta de un mes para la fecha de corte de las metas del tercer trimestre del programa consensuado con el Fondo Monetario -que tendrá lugar el 30 de septiembre- el Ministerio de Economía quedó con un margen de maniobra de gasto público muy leve.
Eso sucede porque el objetivo trimestral planteado en la hoja de ruta con el FMI sostiene que a fines de septiembre el déficit primario debería ser, como mucho, de 1,142 billones. Salvo que medie una revisión de metas trimestrales en la próxima decisión del directorio, a lo largo de septiembre el sector público nacional sólo podría incrementar el rojo primario en unos $40.000 millones para no exceder esa métrica. Ya en el trimestre anterior el Poder Ejecutivo había tenido problemas para cumplir el objetivo de acumulación de reservas, aunque sí alcanzó los números indicativos para el sendero fiscal.
“El resultado del mes de agosto se explica por un incremento de los Ingresos de 73,7% interanual (variación que se encuentra afectada por la recaudación del Aporte Solidario y Extraordinario durante agosto de 2021) y un crecimiento de 72,9% interanual del Gasto Primario”, explicó Hacienda en un informe.

“Con el objetivo de ordenar las cuentas públicas para cumplir con el presupuesto vigente, modificado por el DNU 331/2022, el mes de agosto muestra una serie de decisiones sobre la política fiscal compatibles con un déficit anual del Sector Público Nacional de 2,5% de PIB”, continuó el Ministerio de Economía.
“Es importante mencionar que el crecimiento real acumulado del gasto primario se desaceleró por cuarto mes consecutivo, en el marco de un proceso de ordenamiento fiscal y cuidado de las cuentas pública”, concluyó en ese sentido el comunicado oficial.
En detalle, el gasto corriente tuvo una variación interanual nominal de 60%, por debajo de la inflación del mismo período que superó el 75% -lo que implica entonces una reducción en términos reales-, algo que también sucedió con los subsidios, que avanzaron un 52%, los gastos de funcionamiento (67,3%) o las transferencias corrientes a provincias (72,3 por ciento). Por el contrario, los gastos de capital treparon un 288%, principalmente en el rubro energía (3.050%) y vivienda (300%), según consignó Hacienda.
El Gobierno prevé que la segunda mitad del año terminará con un recorte del gasto público cercano al 5% en términos reales para poder cumplir con la meta fiscal acordada en el programa con el Fondo Monetario Internacional. El organismo había reclamado un ajuste presupuestario luego de la fuerte expansión fiscal del primer semestre, que preanunciaba dificultades para alcanzar el objetivo de reducción del déficit primario.
Cerca del ministro de Economía Sergio Massa aseguran que la dinámica de “repriorización del gasto público” -que incluyó desde que llegó el tigrense al Palacio de Hacienda un techo presupuestario para todas las áreas, la puesta en marcha de un esquema de subsidios más estricto con topes de consumo y congelamiento del empleo estatal- va camino a corregir un “desvío” fiscal que observaron apenas desembarcaron en el Palacio de Hacienda, y que marcaba que al ritmo que llevaba el gasto público, la meta con el Fondo (2,5% del PBI) hubiese quedado incumplida por 0,7 puntos del Producto Bruto.
El Presupuesto 2023 prevé que el Gobierno reduzca el déficit primario desde el 2,5% hasta el 1,9%, en línea con el programa con el Fondo Monetario. Representaría un recorte de más de $800.000 millones. Respecto a cómo financiará ese agujero fiscal, el programa consensuado le pone a la Casa Rosada, a priori, un techo a la cantidad de pesos que el Tesoro puede tomar por parte del Banco Central.

Se trata de la cantidad de adelantos transitorios que puede emitir la autoridad monetaria en 2023 para asistir al Tesoro nacional. La hoja de ruta con el FMI planteaba que el tope de financiamiento desde el BCRA se reduzca de 1% del Producto Bruto a 0,6% a lo largo de 2023. En proyecto de presupuesto elaborado por el equipo de Sergio Massa contempla ese límite y de esa forma prevé pedirle algo más de $800.000 millones en forma neta al Banco Central.
Esa cifra surge de las planillas de fuentes de financiamiento y aplicaciones financieras que explicitó el Palacio de Hacienda en el proyecto de ley. Así, afirma que requerirá un total de 3,326 billones de pesos de adelantos transitorios de los cuales cancelará 2,443 billones de pesos, lo que daría como resultado neto un financiamiento para las cuentas públicas de $883.000 millones por parte del Banco Central.
Respecto a la hoja de ruta del programa financiero, el Estado nacional buscará un fondeo de manera neta -es decir, luego de pagar los intereses de la deuda- equivalente a 2,7% del Producto Bruto, lo que implicarían más de 3,7 billones de pesos. El texto enviado al parlamento, además, pone de manifiesto cuál será la estrategia que llevará adelante la Secretaría de Finanzas.
Otro capítulo del programa financiero estará determinado por el fondeo que provenga desde los organismos internacionales de crédito, que enviarían al país más de USD 4.100 millones sin tomar en cuenta al Fondo Monetario Internacional.
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