La Argentina quedó en uno de los últimos lugares del ránking de libertad económica que midió el Instituto Fraser para evaluar cuál fue la respuesta de los gobiernos a la crisis que significó la pandemia a nivel global.
El país se ubicó en uno de los últimos lugares del listado: fue 161 de los 165 registrados por el informe, y quedó así solo por encima de Siria, Zimbabwe, Sudán y Venezuela, que fue el último ubicado en el escalafón. En comparación con 2019, la Argentina cayó siete puestos desde el 154° lugar. En los últimos 20 años el país se desplomó de ese ránking: en 2000 ocupaba el escalón 37°, en 2010 ya había bajado a 132°, en 2015 hasta 150° y en 2019 hasta 154°.
“Los indicadores de Argentina han empeorado prácticamente todos si comparamos con los registrados para el año anterior. Esto se explica principalmente por el cambio de gobierno y la asunción de la formula Fernández-Fernández en la presidencia. No hay que sorprenderse por la pérdida de libertades económicas ya que el gobierno siempre dio un mensaje claro en contra de ellas. A todo esto, se le suman las regulaciones e imposiciones coyunturales por la pandemia que cercenan aún más las libertades individuales”, mencionó Santiago Casas, economista de la Fundación Libertad y Progreso, la institución local que participa por parte de la Argentina en este relevamiento.
“De esta manera, Argentina se encuentra en el top 5 de los países menos libres del mundo, de acuerdo a este índice. Sin libertad económica y estabilidad jurídica no hay inversión, y si no hay inversión se corta el proceso de acumulación de capital que aumenta el producto bruto y los salarios reales. El horizonte a corto plazo de Argentina es bastante desalentador y preocupante”, continuó Casas.
“Cuando los países aumentan los impuestos y las regulaciones, las personas pasan a tener una menor libertad económica, que se traduce en tasas de crecimiento más bajas y menor inversión” dijo por su parte Fred McMahon, del Fraser Institute.
La elección personal, el intercambio voluntario, la libertad de entrar en los mercados y competir, y la seguridad de la persona y la propiedad privada. Se utilizaron 42 puntos para construir un índice resumido, junto con un ajuste de derechos legales de género para medir hasta qué punto las mujeres tienen el mismo nivel de libertad económica que los hombres.
El grado de libertad económica se midió en cinco grandes áreas: tamaño del gobierno, sistema legal y derecho a la propiedad, dinero, libertad de comercio internacional y regulación.
Tamaño del gobierno: se tuvo en cuenta el aumento del gasto público, los impuestos y las empresas controladas por el gobierno. La elección individual se sustituye por la toma de decisiones del gobierno y se reduce la libertad económica.
Sistema legal y el derecho a la propiedad: la protección de las personas y sus bienes legítimamente adquiridos son un elemento central, tanto de la libertad económica como de la sociedad civil. De hecho, es la función más importante del gobierno.
Dinero: la inflación erosiona el valor de los salarios y ahorros legítimamente ganados. El dinero sólido es, por lo tanto, esencial para proteger los derechos de propiedad. Cuando la inflación no solo es alta sino también volátil, se vuelve difícil para las personas planificar el futuro y, por lo tanto, usar la libertad económica de manera efectiva.
Libertad de comercio internacional: la libertad de intercambio, en su sentido más amplio, compra, venta, celebración de contratos, etcétera, es esencial para la libertad económica, que se reduce cuando la libertad de intercambio no incluye a empresas e individuos en otras naciones.
Regulación: los gobiernos no solo utilizan una serie de herramientas para limitar el derecho a intercambiar a nivel internacional, sino que también pueden imponer regulaciones onerosas que limitan el derecho a intercambiar, obtener crédito, contratar o trabajar para quien desee, u operar libremente su negocio.
El Insituto Fraser produce el informe anual Libertad Económica en el Mundo en cooperación con la Red de Libertad Económica, un grupo de institutos independientes de investigación y educación en casi 100 países y territorios. “Es la principal medida de libertad económica del mundo, que mide y clasifica a los países en cinco áreas: tamaño del gobierno, estructura legal y seguridad de los derechos de propiedad, acceso a una moneda sana, libertad para comerciar internacionalmente y regulación del crédito, el trabajo y los negocios”, definió Libertad y Progreso.
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