
La deuda pública bruta bruta marcó a fines de julio un nuevo récord: escaló hasta el equivalente a USD 380.760 millones, es decir, creció en unos a USD 2.262 millones en el último mes (+0,6%) y en USD 17.537 millones respecto de los USD 363.223 millones a los que había cerrado el año anterior.
Con un déficit público que no cede y que obliga a medidas drásticas como el aumento de tarifas anunciado este martes, la deuda soberana se expandió además por el propio dinamismo que ganaron los bonos del Tesoro en pesos, cuyo stock creció durante la gestión de Martín Guzmán en el ministerio de Economía, a la par de la imposibilidad de endeudarse en dólares. El grueso de esos títulos en pesos ha sido emitido con cláusulas de indexación como los títulos CER y dollar linked, los primeros atados a la inflación y los segundos, a la devaluación.
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De los USD 380.760 millones de deuda pública total al cierre de julio, la tercera parte está constituida por bonos en pesos por el equivalente a USD 124.484 millones. Según datos de la consultora Empiria estimados al mes de agosto, el 81% de esta deuda en pesos -equivalente a unos USD 100.000 millones- estaba sujeta a algún tipo de tasa variable, sea por inflación, por la evolución del tipo de cambio oficial o por ambos, como en el caso del bono “dual” emitido con el canje de deuda de agosto.

Esto implica que con una inflación prevista por las consultoras privadas en más del 80% para los próximos doce meses, la mayor parte del stock debería casi duplicarse solo por los intereses, aún si se mantiene constante la cantidad de bonos en circulación.
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El 63% de los títulos indexan por CER (unos $10,3 billones equivalentes al tipo de cambio oficial a USD 78.328 millones al cierre de julio). Con una proyección inflacionaria de 83,7% para los próximos doce meses, según reflejó el REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) del Banco Central, este stock debería aumentar en $8,6 billones en un año.
Si se considera la proyección del REM del BCRA para el tipo de cambio oficial, con un incremento de 77,8% interanual, a $233,40 para julio de 2023, este incremento del stock de deuda CER representaría pagos por intereses equivalentes a unos USD 36.800 millones en un año.
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Según calculó Empiria, un 5% de los pasivos en pesos del Gobierno fue colocado por la modalidad dollar linked: si el Gobierno devalúa, la tasa de retorno crece en la misma proporción. Al cierre de julio, la Secretaría de Finanzas informó que este stock alcanzaba los $817.051 millones, unos USD 6.224,2 millones al tipo de cambio oficial. Con una suba del dólar mayorista estimada en 77,8%, estos bonos -con un eventual stock constante- devengarán intereses por $635.700 millones en un año, equivalentes a USD 2.723 millones con un dólar teórico de $233,40 a fin de julio de 2023.
Asimismo, se incorporó este mes el flamante bono “Dual”, que según indicó Empiria ahora representa el 13% del universo de la deuda en pesos. Hay que recordar que el Tesoro cerró el martes 9 de agosto un exitoso canje de deuda con vencimiento a corto plazo por unos $2 billones, equivalentes a unos USD 14.950 millones al tipo de cambio oficial. La operación, destinada justamente a aliviar la carga de la deuda en pesos, fue uno de los primeros pasos de la gestión de Sergio Massa en Economía.
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El canje consistió en ofrecer a todos aquellos tenedores de deuda en pesos con vencimiento en agosto, septiembre y octubre de este año cambiar sus títulos por un bono dual, que puede cobrarse ajustando tanto por la inflación (CER) como por el tipo de cambio, según cuál sea la variable más rentable al momento del vencimiento, y que tiene vencimiento entre junio y septiembre de 2023.
Por lo tanto este título “Dual” pagaría por intereses $1,67 billón o unos USD 7.170 millones a un tipo de cambio teórico de $233,40 dentro de un año. Si la devaluación superara a la inflación, pagaría 1,56 billón equivalentes a 6.667 millones de dólares. Gran parte de esos bonos canjeables de agosto, casi un 60% del total de bonos elegibles según datos de Portfolio Personal Inversiones, estaba en manos de organismos estatales, tales como la Anses y los bancos públicos.
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De este modo, sumando los bonos que ajustan por el tipo de cambio, por la inflación y por el esquema “dual”, los intereses que paga la deuda en pesos equivalen a USD 47.000 millones en un año, una cifra que supera el monto adeudado por la Argentina al Fondo Monetario Internacional (FMI) de USD 44.000 millones en base al programa cerrado por el gobierno de Mauricio Macri en 2018.

“Tras las licitaciones de la semana pasada y la descomprensión de los vencimientos en pesos de corto plazo en manos del sector privado, el riesgo de la deuda en moneda local -ahora con mayor indexación- se posterga para mediados del año que viene, fechas cercanas al período electoral”, comentó Lucas Yatche, Head of Strategy and Investments de Liebre Capital. “Por su parte, la presión inflacionaria se mantiene. Tras el dato del 7,4% de julio, las perspectivas inflacionarias de agosto se incrementan respecto al REM”, agregó Yatche.
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Además de la deuda en pesos atada a inflación o devaluación, queda un 19% del stock total a tasa fija, ya cercana al 100 por ciento anual. Las Ledes a noviembre se emitieron a una Tasa Efectiva Anual del 98%, mientras que las Leliq (Letras de Liquidez del BCRA) se operan 97% de tasa efectiva (tasa nominal anual de 69,5%).
La economía argentina de los últimos meses registró una muy elevada inflación, tanto si se la mide en pesos como en dólares, habida cuenta del suave deslizamiento del tipo de cambio que regula el Banco Central.
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El origen de este ritmo de alza del Índice General de Precios al Consumidor del INDEC tiene que ver con la expansión monetaria, una emisión de dinero que a su vez tiene raíz en el profundo déficit operativo del Gobierno nacional y que cubre con pesos sin respaldo, además de la colocación de bonos del Tesoro en moneda local.
El 54% de los títulos públicos colocados en 2022 fue en bonos indexados por el CER, es decir atados a la inflación, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Esto se debe a que los agentes de mercado aceptan prestarle al Gobierno a cambio de una cobertura contra la suba de los precios.
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