Este miércoles, en la audiencia pública para la definición de los aumentos en las tarifas de energía eléctrica, el Gobierno presentó un esquema de incrementos diferenciado para los usuarios del AMBA a partir de junio: será de 16,52% para los usuarios sin tarifa social y de 6,88% para los usuarios con tarifa social. Además un 10% de los clientes —los de más poder adquisitivo— dejarán de percibir subsidios y pagarán el precio pleno del servicio.
Según el esquema presentado, estos aumentos corresponden a usuarios residenciales de la categoría R2, con un consumo promedio de 300 kWh mensual. En ese caso, se estimó que la factura promedio final con incremento pasará de $1.610 a $1.876 para un usuario sin tarifa social. Y de $843 a $901 para usuarios con tarifa social.
La presentación fue realizada por Guillermo Usandivaras, subsecretario de Coordinación Institucional de Energía. A diferencia de otras audiencias, no estuvieron presentes el secretario de Energía, Darío Martínez, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo y la interventora del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) Soledad Manín.
Los aumentos de tarifas fueron uno de los puntos de conflicto entre el ministro de Economía Martín Guzmán y un grupo de funcionarios del sector energético que responde a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Ante posible trabas o demoras para aplicar los aumentos proyectados desde el ministerio de Economía, el presidente Alberto Fernández aseguró que si algún funcionario que interviene en el proceso se interpone con su decisión será removido del Gobierno. “Esto es una decisión política. Si alguien no puede tomar esa decisión política, no podrá seguir en el Gobierno”, le resaltó Fernández a su círculo de confianza.
De acuerdo a los datos del informe técnico presentado en la audiencia, el Estado afrontará en este trimestre subsidios en el orden 81,85% del costo total de la electricidad para abastecer a la demanda residencial conforme al precio estacional de la energía eléctrica (PEST) vigente.
Los criterios básicos tomados en cuenta para implementar los aumentos a partir de junio de 2022 toman como tope el coeficiente de variación salarial (CVS) del año anterior, como se estableció en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El CVS de 2021 fue de 53,4%.
Para los usuarios con tarifa social los aumentos de todo el año 2022 no podrán superar el 40% del CVS, lo que equivale a un 21,27%. En el caso del resto de los usuarios, sin tarifa social, los incrementos no puede ser mayores al 80% del CVS de 2021, lo que equivale a un impacto total en la factura de 42,72% para todo este año.
Durante la jornada del martes, en la audiencia pública por el precio del gas, el Gobierno propuso aumentos en la factura que reciben los usuarios a partir de junio que van desde 18,5% hasta 25,5%, de acuerdo a las distintas zonas del país.
El próximo jueves, en tanto, se realizará la audiencia correspondiente a la segmentación de subsidios, donde se definirán los criterios geográficos y socioeconómicos por los que el segmento de usuarios de más nivel de ingreso (un 10% sobre el total) comenzará a pagar la tarifa plena de los servicios de gas y electricidad, sin recibir subsidios.
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