Los aumentos de tarifas que prepara el Gobierno: quiénes son los usuarios que perderán los subsidios por su nivel de ingresos

Entre el 10 y 12 de mayo se van a realizar las audiencias públicas previas a la implementación de los aumentos en las tarifas previstos para junio. Esta vez, luego de varios anuncios, el Gobierno finalmente presentará un esquema de segmentación de tarifas por el cual un 10% de los usuarios —los de mayor capacidad de pago— dejarán de recibir subsidios y comenzarán a pagar el valor pleno del servicio eléctrico.

Según fuentes del Gobierno, a la propuesta de segmentación por zonas geográficas, que fue presentada en febrero y que incluye la quita de subsidios para 13 barrios de la ciudad de Buenos Aires y del AMBA, se sumará ahora también un criterio de segmentación por ingresos.

“Se combinarán las dos propuestas para identificar titulares con alta capacidad de pago que serán alcanzados por la quita de subsidios y al mismo tiempo cuidar especialmente la situación de los hogares de menores ingresos”, explicaron a Infobae.

De esta forma, en las audiencias, se presentará un esquema que unificará el criterio geográfico impulsado por el Entre Regulador de la Electricidad (Enre) y Federico Basualdo —el subsecretario de Energía Eléctrica cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner—, con un modelo de segmentación por ingresos, elaborado por el subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio, funcionario de confianza del ministro de Economía Martín Guzmán.

Según pudo conocer Infobae, la propuesta de la Subsecretaría de Planeamiento Energético se realizó en base a un trabajo articulado con el SINTyS (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social). Y además de usar el criterio geográfico suma variables que se pueden aplicar a usuarios de todo el país.

Los principales puntos del esquema de segmentación son:

- Los usuarios que vivan en los barrios que integran el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) o que por su vulnerabilidad perciban beneficios sociales como la AUH, programa Potenciar o la jubilación mínima accederán a la tarifa social (en estos casos, independientemente del lugar de residencia).

- Los titulares del servicio con alto poder adquisitivo deberán afrontar la tarifa plena de los servicios. Esto incluye a los usuarios con ingresos de más de $300.000 (equivalentes a 3,5 CBT canastas básicas totales), que posean tres o más inmuebles, tres o más vehículos de menos de 5 años de antigüedad o sean propietarios embarcaciones o aeronaves.

“Esta metodología permite identificar al 10% de los usuarios con mayor capacidad de pago, de manera tal que el 90% de las personas usuarias residenciales perciban una reducción de la tarifa en términos reales con una protección mayor a los segmentos de tarifa social, mejorando la incidencia distributiva de los subsidios y reduciendo el esfuerzo fiscal destinado a los sectores de altos ingresos”, señalaron.

La propuesta final consistirá en utilizar un criterio geográfico en zonas de muy altos ingresos del AMBA superpuesto a un criterio por ingresos y patrimonio aplicable en todo el país. “En todos los casos, cada persona tendrá la posibilidad de hacer una solicitud de reconsideración si no cuenta con los recursos para afrontar la tarifa con el nivel de subsidios asignado”, aclararon.

El acceso a los datos sobre los ingresos de cada usuario es un tema sensible. Y fue una de las trabas que existían hasta el momento para aplicar la segmentación por ingresos, ya que determinados organismos como la AFIP o el Banco Central no pueden compartir información fiscal o financiera con otros entes del Estado. Otro problema de la segmentación es determinar que el usuario sea efectivamente la persona que vive en el domicilio (pueden ser inquilinos, herederos o familiares con otro nivel de ingresos).

¿Por qué se usarán los dos criterios? Según la información oficial, si solo se utiliza el criterio geográfico, personas con capacidad de pago ubicadas fuera de las zonas geográficas establecidas continuarían recibiendo subsidios sin necesitarlo. Y si se utiliza solo el criterio de ingresos y patrimonio, algunos sectores de altos ingresos “caracterizados por su baja registración de los bienes” podrían continuar recibiendo el subsidio.

Según explicaron, además, el criterio geográfico es posible de aplicar en ámbitos como el AMBA, con alta densidad poblacional y “relativa homogeneidad socioeconómica agrupada en polígonos”. Pero consideraron que en el resto del país, donde viven personas con alta capacidad de pago y personas con bajos ingresos en la misma zona geográfica en mayor proporción que en los centros urbanos, no resulta efectivo y se incrementan los posibles errores en la asignación de subsidios.

¿Cuánto más pagarán quienes dejen de recibir los subsidios? El porcentaje oficial aun no se dio a conocer, pero el Gobierno ya informó que para el resto de los usuarios (el 90% que mantendrá los subsidios) los aumentos irán en línea con la evolución de los salarios. Luego de la firma del acuerdo con el FMI, se informó que el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) correspondiente al año anterior.

En el CVS de 2021 fue de 53,4%. Por lo tanto, en función de este esquema, para este año la actualización de las tarifas debería ser de 42,7%. Como ya hubo una actualización tarifaria en marzo pasado, el incremento propuesto para junio será en promedio del 17% para las tarifas de electricidad de los usuarios del AMBA (el porcentaje puede variar según cada categoría de tarifa residencial).

En tanto, para los beneficiarios de la tarifa social, el aumento será igual al equivalente al 40% del CVS del año anterior, un 20,5%. Para los beneficiarios de tarifa social de Edenor y Edesur, la nueva corrección tarifaria para este segmento no superará el 6%.

Los aumentos de tarifas y la quita de los subsidios fueron un tema clave en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y quedaron en medio de las internas políticas entre el Ministerio de Economía, del que depende la Secretaría de Energía, y funcionarios del Gobierno, entre ellos Federico Basualdo y los interventores del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) y del Enargas, cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Las audiencias

Todas las audiencias comenzarán a las 10 y se desarrollarán de manera virtual. El 10 de mayo se tratarán los nuevos precios del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), aplicables a partir de junio. El 11 de mayo, en tanto, se pondrá a consideración el tratamiento de los nuevos valores del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), también para de junio.

Finalmente, el 12 de mayo, se tratará la segmentación de los incrementos tarifarios en una audiencia unificada para los servicios de gas natural y de energía eléctrica, respectivamente bajo las órbitas de los entes nacionales reguladores del Gas (Enargas), que tiene alcance nacional, y de la Electricidad (Enre), que abarca solo al Área Metropolitana de Buenos Aires (donde operan Edenor y Edesur).

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