La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados concluyó hoy la ronda de consultas sobre la reforma de la ley de alquileres con la exposición de unos cuarenta expositores, y los diputados comenzarán a analizar la próxima semana eventuales modificaciones a esa norma, tras escuchar las posiciones que expresaron los representantes de los inquilinos y de los corredores inmobiliarios.
De esta manera se escucharon en las tres reuniones informativas a un total de 120 oradores de asociaciones de inquilinos, de defensa del consumidor, de corredores inmobiliarios, martilleros, e investigadores de diferentes Universidades de todo el país.
A lo largo de las jornadas que fueron conducidas por Cecilia Moreau, Carla Carrizo y Karina Banfi, las diferencias fueron notorias entre las entidades de defensa de los inquilinos que expresaron un rotundo rechazo a realizar cualquier cambios, y las inmobiliarios que pidieron modificar la ley para reducir de 3 a 2 años los contratos y que la actualización se realice semestral en lugar de anual como es en la actualidad.
En este contexto los diputados deberán definir si siguen buscando consenso entre las partes del mercado inmobiliario o empiezan a debatir las reformas que impulsarán a la ley de alquileres. “Creo que ya podemos empezar la semana próxima con el debate del dictamen”, anticipó Moreau en el inicio del encuentro.
Así se busca una solución para incentivar la oferta de inmuebles. El Frente de Todos y Juntos por el Cambio acordaron en los primeros días de abril analizar durante 30 días hábiles las reformas que se deben efectuar a la ley sancionada en 2020 ante la reducción de una oferta para alquilar, con el fin de aprobar una nueva iniciativa en la primera quincena de mayo.
La Ley de Alquileres fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019 y convertida en ley por el Senado el 11 de junio de 2020, en el primer período de aislamiento por la pandemia de coronavirus.
Pero, a menos de dos años de su sanción y de un año de su implementación, la norma generó numerosas dificultades para que los inquilinos puedan alquilar una propiedad, y las cuestiones más objetadas pasan por los plazos de los contratos que se extendieron a un mínimo de tres años.
Según un reciente informe del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, desde la sanción los alquileres aumentaron entre 157% y 184% en el Gran Buenos Aires y 135% en la Ciudad de Buenos Aires frente a una inflación acumulada del 103% en el mismo período. A la par, se limitó el acceso a viviendas por parte de inquilinos.
De acuerdo a la entidad, la ley vigente “encareció los precios y limitó el acceso a viviendas por parte de inquilinos a causa de la retracción de la oferta”. “Con la norma anterior (que fue reemplazada por la actual), el precio de los alquileres avanzaba significativamente por debajo de la inflación. Tras la sanción de la nueva Ley de Alquileres, la tendencia cambió”, destacó el informe.
En los últimos meses el Gobierno no descartó medidas como implementar un polémico impuesto a la vivienda vacía para impulsar una mayor oferta de alquileres en el mercado. Sin embargo, expertos y economistas sostienen que sería inaplicable en el país.
Finalmente los distintos bloques de la Cámara de Diputados llegaron a un acuerdo para debatir cambios y las más de 30 cámaras y colegios inmobiliarios de todo el país que agrupan a los corredores presentaron un documento dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
En la carta, las entidades solicitaron un inmediato debate para modificar la ley que impulsó el diputado Daniel Lipovetzky y calificaron como “nocivos” los proyectos que proponen el impuesto a la vivienda ociosa o la fijación de un tope a los valores de los alquileres.
El 30 de marzo pasado los distintos bloques de la Cámara Baja alcanzaron un acuerdo para constituir la Comisión de Legislación General e iniciar el tratamiento de la legislación por un plazo de 30 días hábiles. La iniciativa siguió su curso y la semana que viene se avanzaría con el debate del proyecto.
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