
La Ley de Alquileres que impulsó el diputado Daniel Lipovetzky tuvo un resultado completamente opuesto al buscado: generó aumentos muy por encima del movimiento del nivel general de precios. Según un informe del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, desde la sanción de la norma, los alquileres aumentaron entre 157% y 184% en el Gran Buenos Aires y 135% en la Ciudad de Buenos Aires frente a una inflación acumulada del 103% en el mismo período. A la par, se limitó el acceso a viviendas por parte de inquilinos.
De acuerdo a la entidad, la ley vigente que –sancionada a mediados de 2020 y que a partir de este martes será revisada por la Cámara de Diputados– “encareció los precios y limitó el acceso a viviendas por parte de inquilinos a causa de la retracción de la oferta”.
“Con la norma anterior (que fue reemplazada por la actual), el precio de los alquileres avanzaba significativamente por debajo de la inflación. Tras la sanción de la nueva Ley de Alquileres, la tendencia cambió”, destacó el informe. En ese sentido, señaló que la inflación acumuló un 107% a nivel nacional en los 21 meses transcurridos desde la entrada en vigencia de la nueva ley.
Y añadió que fue similar lo ocurrido con los precios en el Gran Buenos Aires, donde se registró un 105,6% de aumento, y en la región pampeana, donde el incremento alcanzó e 107,9 por ciento.

“Los precios siempre estuvieron por encima del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Indec”, remarcó el análisis.
Y se trató de un fenómeno nuevo, que según el reporte empezó a comprobarse justo después de la entrada en vigencia de la ley. En los 21 meses previos a la nueva normativa la inflación acumulada del 95% a nivel nacional fue superior a las variaciones de precios de los alquileres en todas las regiones analizadas. Aumentaron entre 55% y 70% en el mismo período.
Asimismo, el informe planteó que el regreso de la indexación de los contratos “es una dinámica que se ve afectada por el efecto de otras regulaciones de la nueva normativa”. Por ejemplo, al analizar la evolución de la oferta de alquileres se ve que durante febrero se redujo en un 15% la cantidad de viviendas en alquiler en Zonaprop en comparación con el 2020. Y otro 25% en relación al 2019, lo que impacta directamente en el alza de los precios”.
De acuerdo a la Bolsa de Comercio de Córdoba, si a estas variables se le suma el deterioro del salario real ocurrido durante los últimos dos años, “que retrocedió un 6,1% desde el inicio de la pandemia y se verá perjudicado por la aceleración inflacionaria del primer trimestre de 2022, la nueva normativa resultó perjudicial al encarecer y limitar el acceso a un alquiler”.
En tanto, destacó que los efectos adversos resultan más notorios para la población más vulnerable, dado que el impacto de la crisis económica es superior ya que se registró un 8,9% de caída en el salario real de los trabajadores informales y, como consecuencia, también de las mayores barreras de entrada impuestas por la nueva Ley, que los aleja aún más del acceso a una vivienda.
Cabe recordar que el Gobierno Nacional busca impulsar una solución a las dificultades que encuentran los inquilinos a partir de la implementación de la Ley de Alquileres vigente y el incremento anual de los montos de los contratos. La propuesta también generó descontento en los propietarios, al punto que sector cree que la normativa contribuyó a la retracción de la cantidad de unidades en oferta.

En ese marco, el Gobierno no descartó medidas como implementar un polémico impuesto a la vivienda vacía para impulsar una mayor oferta de alquileres en el mercado.
Desde el lado de las inmobiliarias buscan impulsar beneficios impositivos para los dueños que decidan poner sus inmuebles en alquiler. En tanto, las federaciones de inquilinos se sumaron a la idea de crear un impuesto a la vivienda vacía.
Los distintos bloques de la Cámara de Diputados llegaron a un acuerdo para debatir cambios a la Ley de Alquileres. En ese contexto, las más de 30 cámaras y colegios inmobiliarios de todo el país que agrupan a los corredores presentaron un documento dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
En la carta, las entidades solicitaron un inmediato debate para modificar la Ley de Alquileres y calificaron como “nocivos” los proyectos que proponen el impuesto a la vivienda ociosa o la fijación de un tope a los valores de los alquileres.
En tanto, el 30 de marzo pasado, los distintos bloques de la Cámara de Diputados alcanzaron un acuerdo para constituir la Comisión de Legislación General e iniciar el tratamiento de la Ley de Alquileres a partir de este martes y por un plazo de 30 días hábiles.
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