Pobreza: qué dice el acuerdo con el FMI y a qué medidas se comprometió el Gobierno para reducirla

La pobreza ocupa un lugar muy lateral en el acuerdo de políticas económicas acordado entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional. La hoja de ruta consensuada con el organismo, a diferencia de otras metas cuantificables como el déficit, la acumulación de reservas o la emisión monetaria, no tiene en su letra chica ningún objetivo cuantificable respecto a los indicadores sociales. El Indec informó este miércoles que hacia fines de 2021 el 37,3% de la población vivía bajo la línea de pobreza.

La palabra “pobreza”, incluso, aparece solo en muy contadas ocasiones a lo largo del memorando de políticas económicas rubricado entre Buenos Aires y Washington. Solo se la puede leer siete veces, aunque de ese total solo 1 está relacionada a perspectivas de gestión hacia adelante. En el resto de los casos, solo para mencionar estadísticas o contextualizar el marco bajo el cual se negoció la refinanciación del crédito.

La única ocasión en que la pobreza tiene algún abordaje en el acuerdo es en el segmento del gasto estatal, en el que especifica cuáles serán las prioridades para el sector público. Además de mencionar la cuestión de los subsidios en primer lugar, el gasto de capital y otros gastos corrientes, apunta a la “asistencia social”.

En ese sentido, asegura que el Gobierno continuará “afianzando nuestros mecanismos de asistencia social para atender de manera óptima a las personas más necesitadas, y nos concentraremos en combatir la pobreza infantil y reorientar las ayudas para fomentar la inclusión en el mercado laboral, sobre todo para las mujeres y los trabajadores con calificaciones bajas o insuficientes”.

Al respecto, menciona que el compromiso del Poder Ejecutivo será mantener un piso de gasto social para un grupo de programas de asistencia prioritarios, entre los que enumera a la Asignación Universal por Hijo para protección social, Tarjeta Alimentar y las becas Progresar. Además asegura que habrá “incrementos de cobertura si se deterioraran las condiciones sociales”.

Ese mínimo de gasto en programas sociales está estipulado con números en el otro memorando, el técnico. En ese documento plantea que hacia fines de marzo el Estado deberá haber gastado, como mínimo, $151,9 millones entre la AUH, Tarjeta Alimentar y Progresar. Hacia junio, cuando debería tener lugar la primera evaluación de metas, ese piso se eleva a $318 millones. Tres meses más tarde, a $494,4 millones y debería finalizar el año con un gasto social mínimo de $707,8 millones.

Más adelante, asegura que buscará hacer más eficiente este tipo de erogaciones y se compromete a hacer un estudio pormenorizado sobre el sistema. “Se procurará reorientar el gasto social hacia programas de capacitación y empleo, y seguir reforzando los sistemas presupuestarios para garantizar que el gasto aborde las desigualdades de género”, apunta el memorando de política económica.

“Para mejorar aún más la eficiencia y focalización de nuestro apoyo social con respecto a los resultados definidos, trabajaremos con socios estratégicos para realizar y publicar una evaluación integral de nuestros programas y nuestras estrategias de apoyo social, con el objetivo de identificar opciones para la mejora de las políticas”, concluyó en ese sentido. Este estudio, se afirma, debería estar concluido hacia fin de año.

A la hora de hacer una evaluación sobre la situación actual, la letra chica del acuerdo con el Fondo menciona que “persisten profundas brechas sociales y de infraestructura. Las tasas de pobreza permanecen en niveles altos, sobre todo entre los jóvenes, y 55% de los niños y niñas viven por debajo de la línea de pobreza (con los datos hasta el primer semestre de 2021). Los avances en el mercado laboral no se han distribuido de manera equitativa, ya que las mujeres y los trabajadores jóvenes con baja o insuficiente calificación se han visto afectados de manera más significativa por la pandemia, y la proporción de trabajadores”, admite el Poder Ejecutivo.

El Fondo Monetario, en el staff report que publicó después de la aprobación del directorio al nuevo programa, explicitó su propio punto de vista. “Las condiciones sociales, aunque mejoran gradualmente, siguen siendo extremadamente frágiles: más del 40 por ciento de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y la proporción de informalidad laboral es alta, especialmente para las mujeres y los trabajadores jóvenes poco calificados”, consideraron los técnicos del FMI.

El organismo, además, hizo recomendaciones para priorizar gastos y “reasignarlos”, incluso algunos de los que están en control de las provincias. “Deberá prestarse especial atención a la mejora de la equidad intergeneracional del gasto. Cerca del 40 por ciento de todo el gasto federal en la Argentina está orientado a pensiones, mientras que solo el 5 por ciento del gasto federal se destina a programas emblemáticos de asistencia social (AUH, Tarjeta Alimentar y Progresar) destinados a apoyar a madres y niños vulnerables”, analizó.

“Reflejando en parte estas diferencias intergeneracionales en el gasto a nivel federal, los resultados sociales también varían significativamente entre generaciones: el 54 por ciento de los niños menores de 14 años viven en la pobreza, en comparación con el 14 por ciento de los ancianos. Una reasignación del gasto (incluso a nivel provincial, donde se ejecuta gran parte del gasto en salud y educación) será fundamental para garantizar que los jóvenes estén equipados con las habilidades y el capital humano para contribuir al desarrollo económico de Argentina”, apuntó el staff.

Por otra parte, el Fondo Monetario destacó que si bien la Argentina tiene números de pobreza más bajos que el promedio regional y de países como Brasil -aunque muy por encima de Chile, por ejemplo-, registra una tendencia de suba en los últimos 5 años, algo que no sucede en el resto de las economías latinoamericanas.

Un indicador negativo en el que la Argentina sobresale en relación a países emergentes con PBI per cápita similares, es en el de la pobreza infantil. En ese sentido, los cálculos del FMI muestran que la pobreza infantil argentina superaba hacia fines de 2020 a países como México, El Salvador, Colombia, Bolivia, Chile o Uruguay.

El informe del equipo técnico del Fondo no especifica ningún tipo de meta ni hace proyecciones sobre números de pobreza para los próximos años. Incluso, llamativamente, solo estima que la tasa de desempleo se estabilice por los próximos años -sin cambios- en torno al 8,1 por ciento a partir de 2023. Tampoco proyecta el PBI per cápita en lo sucesivo.

Pobreza: cayó 3 puntos pero aún está por encima de la prepandemia

El 37,2% de la población -unas 17,4 millones de personas- es considerada pobre en la Argentina y el 8,2% vive en condiciones de indigencia, informó el Indec. De acuerdo a los datos del segundo semestre de 2021, de esta manera, los indicadores sociales principales mostraron una mejora respecto al 42% de pobreza que marcó el 2020 y el 40,6% de la primera mitad del año pasado.

Tanto la pobreza como la indigencia tuvieron un recorte, explicado por la recuperación económica superior al 10% en 2021 que fue acompañada por un rebote en los números de empleo. De todas formas, ese alivio fue muy parcial, en especial para las familias que viven de ingresos de empleos no registrados. Como referencia, los trabajadores informales perdieron por unos 12 puntos porcentuales contra la inflación.

Más allá de la mejora del segundo semestre de 2021, los indicadores sociales todavía están por detrás de los niveles que tenían antes de la irrupción de la pandemia. Como comparación, hacia fines de 2019, el último índice sin incidencia de la crisis sanitaria, mostró una pobreza de 35,5% de pobreza y un 8% de indigencia. En el peor momento de la pandemia, la pobreza llegó a tocar un pico de 42%, mientras que la indigencia tuvo su punto más alto en el primer semestre del 2021, con 10,7 por ciento.

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