Mayor inflación, más gasto en subsidios e incumplimientos: los riesgos del programa acordado, según el FMI

El Staff Report del Fondo reconoce que el programa acordado con el Gobierno está sujeto a riesgos externos e internos. Entre los internos, asigna alta probabilidad de ocurrencia a la inestabilidad política y la falta de consenso interno ante lo cual –observa- las reformas enfrentarían “serios desafíos políticas que pondrían en riesgo la consolidación fiscal y la estrategia de reducción de la inflación”.

Según el organismo, en tal escenario los “deslizamientos” en la implementación del programa socavarían la confianza, pondrían presión sobre las reservas internacionales y la capacidad de refinanciar incluso la deuda doméstica en pesos, alejando la posibilidad de un eventual regreso a los mercados internacionales de capital. Una menor disciplina fiscal comprometería la sostenibilidad de la deuda y el aumento de la incertidumbre llevaría a una caída de la demanda doméstica y mayor descontento social.

En esa eventualidad, el Gobierno debería intentar un plan más participativo, de modo de lograr más apoyo, mediante una más proactiva actitud política, pero manteniendo una consolidación fiscal gradual y reforzando las medidas de protección de los sectores más vulnerables. El FMI señala explícitamente que en cualquier caso el Gobierno deberá “resistir presiones que debiliten la disciplina fiscal” y persistir en el objetivo de “restaurar sostenibilidad”. Entre las medidas, recomienda adoptar reformas como reducir las barreras burocráticas (red tape, dice, en inglés) y facilitar esquemas más rápidos de empleo e inversión, además de reforzar la comunicación de sus planes políticos. En otras palabras, un “relato” más convincente del programa.

El Fondo asigna en cambio una probabilidad media a un shock del precio de los comodities inducido por el cambio climático. La Argentina, observa, está sujeta a una frecuente volatilidad de sus términos de intercambio, golpes que –recuerda- se han vuelto más severos. Sugestivamente, cita como ejemplo la “severa sequía” de 2018 que llevó al crédito concedido ese año a la Argentina, durante el gobierno de Mauricio Macri.

Aunque de probabilidad media, en caso de ocurrir, un riesgo de ese tipo tendría un impacto alto, como una declinación de exportaciones debido a la sequía y reducción de la producción agrícola que llevaría a un menor superávit comercial que, a su vez, provocaría una salida de divisas que complicaría los esfuerzos de consolidación fiscal, disminuiría los ingresos del comercio y aumentaría el gasto en subsidios debido a una menor generación hidroeléctrica y la necesidad de mayores importaciones de energía.

Según el Fondo, en un escenario así el gobierno debería focalizar mejor los planes de ayuda en los más vulnerables y en los sectores más expuestos al shock, pero preservando la disciplina fiscal y adoptando nuevas medidas de ingreso, priorizando gastos y buscando nuevas fuentes de financiamiento externo, con un ojo siempre atento a que la política monetaria y cambiaria preserven las reservas del BCRA.

Entre los riesgos externos incluye un aumento de las tensiones y riesgos geopolíticos y menciona expresamente los que surjan del “conflicto en Ucrania”. Esos riesgos, dice, son de “alta” probabilidad de ocurrencia y causarían disrupciones globales políticas y socioeconómicas que, a su turno, aumentarían la aversión al riesgo de los inversores y llevarían a una caída de los flujos de comercio y de capital. Las disrupciones de las cadenas de abastecimiento y el shock de precios de los commodities generarían también nuevas presiones inflacionarias.

¿Qué sucedería en tal caso? Según el Fondo, una menor confianza debilitaría la demanda interna y el crecimiento del PBI y habría un impacto negativo sobre las exportaciones. A su vez, la suba de los commodities llevaría a una mayor inflación, mayores importaciones energéticas y un mayor monto de subsidios. En el sentido contrario, un precio más alto de los cereales y productos que exporta la Argentina mejoraría las exportaciones y los ingresos fiscales. Todo lo cual sucedería en un contexto de mayor volatilidad financiera, aumento del riesgo-país y salidas de capital. El resultado sería un deterioro en las condiciones sociales y una erosión del apoyo a las políticas del gobierno.

En tal caso, dice el FMI, el gobierno debería reforzar las medidas de “crecimiento inclusivo” y aumentar los programas de asistencia social, pero –dado el limitado espacio fiscal con que cuenta- debería preservar la sostenibilidad de las cuentas priorizando gastos y apurando la optimización de la administración tributaria. Contra las recomendaciones ortodoxas, el Fondo señala allí la posibilidad de aumentar la imposición sobre los ingresos del sector agrícola para compensar la cuenta de subsidios.

Además, dice, el gobierno deberá estar atento a la “segunda ronda” de efectos inflacionarios y listo para ajustar las políticas rápidamente. Ese ajuste debería incluir respuestas a mayor presión sobre el tipo de cambio y las reservas y una aceleración de reformas que alienten la inversión y la creación de empleo, “incluso en el sector energético”.

El Fondo asigna en cambio una probabilidad media al riesgo de un nuevo brote de alguna variante letal y altamente contagiosa de Covid 19. El consecuente aumento de hospitalizaciones y muertes llevarían a nuevos confinamientos, mayor incertidumbre global y también mayor descontento social. Las políticas monetarias y fiscales, dice, serían insuficientes en un espacio político menguado en el que aumentarían las preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda, los mercados financieros reevaluarían riesgos y la pandemia provocaría reacciones proteccionistas.

En tal caso, el gobierno debería reinstituir medidas de contención de la economía que socavarían la recuperación de la economía y aumentarían el financiamiento monetario del déficit. La sostenibilidad de la deuda sería también cuestionada y entraría en cuestión incluso la solidez de los bancos más pequeños, deteriorándose las condiciones sociales y el apoyo a las políticas oficiales.

¿Qué podría hacer en tal caso el gobierno? Lo primero, señala el Fondo es “asegurar la licitación de vacunas “en estrecha coordinación con los proveedores globales”, anticipando en lo posible dosis de refuerzo a hogares y empresas y proveyendo esquemas de garantía crediticias a las pymes. Al igual que en el caso de la guerra, aquí también el Fondo insiste en la necesidad de “priorizar” gastos, desechar los no esenciales y acelerar las mejoras de administración tributaria, para reducir el deterioro fiscal, amén de fortalecer la supervisión del sistema bancarios y profundizar el acceso al mercado de financiamiento doméstico, recurso al que por cierto Economía ha usado abundantemente.

El tercer “riesgo externo” listado es la volatilidad y continuo aumento de los precios de la energía, al que el Fondo también asigna alta probabilidad y estima que se traduciría en mayor inflación, deterioro de los ingresos reales de la población, en especial de los pobres, erosión de reservas, mayor racionamiento de divisas y mayor gasto en subsidios que “desafiaría las metas fiscales”.

Al igual que en el caso del impacto de la guerra, el gobierno debería entonces, dice el Fondo, aumentar y focalizar mejor la asistencia social, explorar más la reducción de los subsidios energéticos para cuidar las finanzas públicas, estar atento a la “segunda ronda” de efectos inflacionarios y estar listo para ajustar la política fiscal. Además, debería acelerar la implementación de planes energéticos de mediano plazo para reducir el costo, fomentar la inversión y mejorar la eficiencia tanto en la producción como en el transporte de “las vastas reservas de gas” de la Argentina.

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