Impuestos: el revalúo inmobiliario que acordó el Gobierno con el FMI alcanzará a 400.000 personas y 600.000 propiedades

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tendrá implicancias en el panorama impositivo. El Gobierno se comprometió ante el Fondo Monetario a no implementar determinados tributos, aseguró que buscará mejorar mecanismos para recaudar más con impuestos ya existentes, dijo que buscará combatir la evasión fiscal y que elaborará un revalúo inmobiliario federal para reajustar los ingresos por ese aspecto.

El memorando de entendimiento con el FMI plantea un capítulo aparte para la política tributaria. “A corto plazo, se espera que la recuperación del empleo y los salarios favorezcan la recaudación, en tanto que las medidas de política tributaria y las iniciativas en curso en materia de administración tributaria y aduanera deberían ayudar a movilizar ingresos adicionales a mediano plazo y a respaldar la consolidación fiscal”, consideró el documento realizado por el Ministerio de Economía.

El Gobierno, en ese sentido, se comprometió ante los técnicos del organismo a utilizar cualquier excedente de recaudación para cumplir la meta fiscal. “Nos comprometemos a aprovechar esta oportunidad para reducir debidamente el déficit fiscal según corresponda, o para asegurar que nuestro escenario base de meta fiscal se cumpla en el evento de que ocurra un shock externo adverso, y de esta manera reflejar nuestro compromiso respecto a las políticas de estabilización macroeconómicas”, reza el memorando.

Una de las medidas que estarán auspiciadas por el nuevo programa financiero con el Fondo Monetario será, como se preveía en los últimos días de acuerdo a trascendidos, un revalúo inmobiliario federal, que tendría impacto en la recaudación de tributos inmobiliarios de las provincias y también sobre Bienes Personales, un gravamen de carácter nacional.

“En materia de política tributaria, y sobre la base de esfuerzos previos, se aprobó recientemente una legislación para incrementar la progresividad del régimen del impuesto al patrimonio o la riqueza de las personas (con un rendimiento anual previsto de 0,1% del PIB), y se ha presentado al Congreso un proyecto de ley para trasladar los impuestos selectivos sobre productos petroleros a un régimen ad valorem, con el fin de proteger los rendimientos impositivos”, comenzó por explicar el Palacio de Hacienda.

“Están previstas otras mejoras para garantizar que las tasaciones de las propiedades reflejen mejor los verdaderos valores. A tales efectos, en estrecha coordinación con los gobiernos provinciales, concluiremos el proceso de actualización de los valores de las propiedades a nivel federal a más tardar a finales de septiembre, de forma que puedan empezar a entrar en vigor para el ejercicio fiscal 2022”, anticipó el Gobierno ante su mensaje al directorio del organismo.

También hizo el Poder Ejecutivo una proyección de cuántos ingresos más supondría para el fisco y cuántos contribuyentes estarían alcanzados. “Los rendimientos de esta iniciativa, descontada la coparticipación, podrían ascender a 0,1% del PBI en el ejercicio fiscal 2022 y a un 0,2% del PIB adicional en los próximos años. Esperamos que este proceso pueda alcanzar 400.000 contribuyentes, o cerca de 597.000 propiedades urbanas sujetas al impuesto anual sobre los bienes personales”, menciona el documento técnico girado este viernes al Congreso.

La idea de buscar un recálculo de la base imponible para los tributos inmobiliarios había surgido a través de dos canales. Durante el Gobierno de Mauricio Macri se creó el Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles (Ofevi), una entidad que depende en los papeles de la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior, y que tenía como finalidad avanzar en un revalúo federal de este tipo.

En el mandato de Juntos por el Cambio esa iniciativa no prosperó. Actualmente el organismo ni siquiera llega a estar conformado con la cantidad total de funcionarios de distintos ministerios que se preveía. Sin ir más lejos, en el portal web oficial de Ofevi todavía aparecen como autoridades los directivos que la ocupaban durante la administración macrista.

La otra vía por la cual la Casa Rosada y las provincias se comprometieron a avanzar en un recálculo de los valores fiscales fue en la firma del último pacto fiscal -de los varios que se rubricaron desde 2016 hasta la fecha-, en que se buscó de qué manera poder hacer operativa en términos prácticos esa iniciativa.

Por otra parte, el Gobierno se comprometió a otras medidas tributarias como parte del acuerdo. “En la medida en que las condiciones lo permitan, proseguiremos con nuestros esfuerzos para mejorar la eficiencia del sistema tributario, por ejemplo, reduciendo aún más los impuestos sobre ciertas exportaciones de valor agregado, y evitando aplicar nuevos impuestos a las transacciones financieras que afecten los ahorros domésticos o las inversiones productivas. Seguirán siendo necesarios los planes de pago de impuestos, pero se evitarán amnistías fiscales que puedan deteriorar el cumplimiento tributario”, consideró la cartera que dirige Martín Guzmán.

El peso de los impuestos inmobiliarios en los fiscos de las provincias es menor en comparación, por ejemplo, con Ingresos Brutos. Los últimos datos oficiales, que van hasta el tercer trimestre de 2021, muestran que esos gravámenes representan menos de la décima de la recaudación de los gobernadores. Para el consolidado provincial, los tributos inmobiliarios acumularon $132.065 millones, mientras el ingreso fiscal total redondeaba 1,6 billones de pesos, es decir, cerca de un 8 por ciento.

Luego habrá, además, un apartado de medidas específicas para mejorar los mecanismos de recaudación de impuestos ya existentes, lo que le valdría al Gobierno un ingreso extra a mediano plazo de 1% del PBI. “La AFIP ha elaborado un plan estratégico para 2021-25 con el fin de abordar los altos niveles de incumplimiento, mejorar los servicios de la AFIP y reforzar las capacidades informáticas”, afirma el memorando. Ese plan estaría publicado a fines de este mes, anticiparon.

Pero además habrá otro tipo de medidas que se tomarán en consulta técnica con el FMI. “En este contexto, en comunicación con el personal técnico del FMI, elaboraremos un plan de acción detallado y sujeto a plazos, que se centrará en detectar brechas de cumplimiento y en mejorar la gestión del riesgo de cumplimiento de los principales impuestos internos y derechos aduaneros”, continua el documento.

“El producto de estas reformas administrativas podría ascender a 1% del PIB a mediano plazo, y podría empezar a rendir fruto el próximo año (0,3% del PIB, descontada la coparticipación)”, estimaron los funcionarios del Ministerio de Economía.

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