”Ahora algunos dicen ‘yo quiero el financiamiento, pero no me hagas votar las políticas’. No existe. A ver si se entiende. El financiamiento está asociado a un acuerdo de políticas económicas y financieras. Es una sola cosa”.
El comentario de Martín Guzmán, este mediodía en Radio 10, en una entrevista con Jorge Rial, está en el centro del debate económico-parlamentario, luego de que el Gobierno finalmente enviara al Congreso el proyecto de ley de acuerdo con el FMI con el que se busca refinanciar la deuda de USD 44.000 millones que se contrajo en 2018, durante la gestión Cambiemos.
Parte de la oposición rechaza la votación en “paquete” de todos los artículos de proyecto de ley: cómo se votará y con qué dinámica es el foco de la cuestión para los próximos días.
Desde el oficialismo destacan que la Ley 27612 –de Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, que fue publicada en el Boletín Oficial hace una año– establece en su artículo dos que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.
“Si se aprueba un programa con el Fondo, se aprueba su contenido. El refinanciamiento y las políticas económicas y financieras que el país propone y los puntos de revisión y seguimiento”, destacan desde el Gobierno en línea con las declaraciones de Guzmán.
También aseguran que se requiere que el país pida que se refinancien los vencimientos que se producirán entre marzo de 2022 y 2024, para lo cual se presenta un plan con objetivos, metas y condicionantes, que ponderan inclusos el recalculo ante escenarios que puede cambiar. Además, dicen que es necesaria una “garantía política”, o asegurar la capacidad del Estado de llevar a cabo las políticas comprometidas.
La oposición
Como detalló ayer Infobae, desde la oposición cree que “el espíritu general es colaborar con la negociación porque creemos que es peor que no haya un acuerdo”.
Fuentes parlamentarias vinculadas Juntos por el Cambio destacaron que la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública prevé que el Congreso debe aprobar “todo programa de financiamiento u operación de crédito público” así también como “cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.
Explicaron que la idea era acompañar si el texto enviado por el Gobierno se atiene exclusivamente a cuestiones financieras, tal cual lo exige la norma vigente. Es decir, cuestiones vinculadas a la cantidad de dinero prestado, plazos de pagos y tasas de interés. En cambio, si el proyecto girado al Poder Legislativo incluía un paquete de políticas que exceden la discusión sobre el financiamiento de la deuda y suman cuestiones que tienen que ver con el acuerdo político como tarifas o visitas del Fondo a la Argentina -entre otros puntos-, el proceder será otro: darán dictamen acompañando solo el financiamiento; y luego resolverán cómo abordar la discusión en el recinto. Este último escenario es el que quedó plasmado luego del ingreso del proyecto al Congreso.
Ahora la oposición empezó a discutir la estrategia parlamentaria. En un sector con peso propio en Juntos por el Cambio –que reúne a los diputados que responden a Horacio Rodríguez Larreta– empezó a tomar fuerza la idea de votar el proyecto en general a favor y el artículo 2, que generó la controversia, en contra. De todos modos, hacia adentro de Juntos por el Cambio sigue el diálogo entre los socios y no se definió si habrá una sola posición.
“El principio de acuerdo con el FMI despeja un escenario de default que perjudicaría severamente al país. Hay que analizar en el Congreso la letra chica del acuerdo y la factibilidad de su cumplimiento”, señaló el jefe de gobierno porteño el lunes pasado.
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