Cuenta regresiva para cerrar un acuerdo con el FMI que evitará el default pero no la inestabilidad de la economía

El trámite por el acuerdo con el FMI entró en tiempo de descuento. A partir de hoy, el Gobierno deberá conseguir en tiempo récord la aprobación en el Congreso de un texto que, hasta última hora de ayer, no estaba resuelto. Superada esa instancia, deberá también lograr que los directores de los distintos países que integran el board del organismo, hoy concentrados en problemas mayores como la guerra en Ucrania, se sienten a prestar su voto y quede así aprobado formalmente el nuevo programa. Todo ello debe ocurrir en menos de tres semanas, antes del 22 de marzo cuando opera el vencimiento por USD 2.800 millones.

Por lo pronto, toda la atención está puesta en las declaraciones al respecto que produzca en las próximas horas el Presidente Alberto Fernández durante la apertura de sesiones legislativas del Congreso. Se esperaba, tal como había dejado trascender el Gobierno, contar para esta fecha con el acuerdo técnico cerrado y ya en la Cámara de Diputados. No pudo ser. Las diferencias por la velocidad del ajuste fiscal, esencialmente con el foco en la reducción de subsidios y las discrepancias por el aumento de tarifas más el vertiginoso cambio de contexto internacional dilataron las definiciones. Así, lo cierto es que desde que, hace un año y medio, la vicepresidenta Cristina Kirchner, boicoteó las posibilidades de cerrar un acuerdo que estaba “prácticamente listo” en octubre de 2020, cada día que pasa la negociación se hizo cada vez más cuesta arriba para el Gobierno.

No sólo fue in crescendo la presión interna por un rumbo que no se termina de marcar decididamente, con aumento de la brecha cambiaria, derrumbe del precio de los activos locales y, fundamentalmente, una dramática pérdida de reservas, sino que también las condiciones internacionales se tornaron cada vez más adversas. Tras la pandemia y, paradójicamente, la excelente ventana de oportunidad que ofreció para resolver la renegociación de la deuda, sobrevino un giro en el mercado internacional en vista al cambio de política en las tasas de interés norteamericanas.

Ahora, la invasión rusa a Ucrania sólo puede empeorar las cosas para el Gobierno, no sólo porque la suba de las commodities, aun cuando genere algunos ingresos fiscales extra, va a presionar sobre el ya muy alto nivel de inflación local. También porque las gestiones erráticas del Gobierno llevaron al organismo a endurecer su postura en función del desgaste sobre la predisposición de muchos de los países con voz de voto en el board, como Alemania y los Países Bajos. Eso sin contar los recientes incidentes diplomáticos con los Estados Unidos en el marco, precisamente, de su gira por Rusia apenas semanas antes de la guerra.

Con este telón de fondo, aun cuando en las próximas horas finalmente se conozcan los detalles concretos del entendimiento técnico alcanzado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el staff del FMI, resulta evidente para el mercado que ese acuerdo apenas alcanzará para evitar un default, pero no mucho más. Ni siquiera podrá dar certezas sobre el programa que se pretenderá poner en marcha: es que todas las variables quedarán sujetas a los vaivenes globales y los shocks internacionales, los que en cualquier caso como mínimo servirán de excusa para el Gobierno y serán, seguramente, objeto de debate político interno.

Pero lo cierto es que todavía las negociaciones no culminan. Y es que, asociada a la exigencia de reducir 0,6% el déficit fiscal, se cuela la discusión por el nivel de gasto público. Guzmán afirmó en su momento, y repitió en cada declaración pública respecto del acuerdo, que esa disminución del desequilibrio se lograría gracias a una mejor fiscalización tributaria y, sobre todo, al crecimiento. Eso luce cada vez más complicado, particularmente ante la perspectiva de una desaceleración del economía mundial.

“Creemos que este escenario no es alcanzable. En 2022, los ingresos del sector público nacional serán menores a los del año pasado: no se contabilizará la recaudación por el Aporte Solidario (0,5% del PBI en 2021) y la sequía implicaría menores ingresos vía derechos de exportación y el crecimiento económico sería magro. Por lo tanto, la consolidación fiscal requeriría indefectiblemente de un ajuste del gasto como porcentaje del PBI”, sostuvo la consultora Equilibra en su último informe difundido ayer.

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