El impacto económico del conflicto bélico en Ucrania tendrá, para la Argentina, dos caras, con costos y beneficios asociados que en el mercado, y también en el Gobierno, ya empezaron a calcular. Las cuentas apuntan a dilucidar qué saldo que dejará para el país la impresionante suba de las commodities, tanto de aquellas con las que la Argentina resulta ganadora como soja, trigo y maíz, como las que complican aún más la ya delicada situación, tal el caso del gas y petróleo. Pues bien, los números preliminares indican que la Argentina tiene mucho más para perder que para ganar.
El salto en los precios de la soja, que ayer tocó los USD 645 por tonelada para cerrar en USD 610, el trigo arriba de los USD 340 la tonelada y el maíz cotizando en USD 282 la tonelada generará, según cálculos de los economistas, un ingreso de dólares adicionales a los previstos de unos USD 6.000 millones. Es decir que el mayor nivel de precios compensaría las pérdidas por la menor cosecha, cuyas estimaciones en el caso de la soja la Bolsa de Comercio de Rosario recortó ante las condiciones climáticas a 42 millones de toneladas y generaría, también, ingresos excedentes. Maná del cielo para el ministro de Economía, Martín Guzmán, y sobre todo, para el titular del Banco Central, Miguel Pesce.
Claro que el efecto no deseado de ese plus imprevisto será la presión sobre los precios de los alimentos pero, en términos de ingresos fiscales, todo es ganancia. Por supuesto, siempre que el nivel de precios de los granos registrados en las últimas tres semanas se sostenga durante todo el año.
La contracara de esa ayuda extraordinaria que tendría el Gobierno para equilibrar las cuentas sin mayores ajustes es la suba también del petróleo y el gas. Si bien el crudo recortó ayer el alza sobre el cierre de la jornada, cerró algo por debajo de los USD 100 el barril (cotizó durante todo el día en USD 103,45) y también el gas experimentó un fuerte salto, lo que impacta de lleno en el nivel de subsidios que el Gobierno deberá disponer según el aumento tarifario que aún discute con el Fondo Monetario.
“No sería extraño que los subsidios superen los USD 16.000 millones en 2022″, aseguró Julián Rojo, experto en energía del Instituto Argentino de Energía (IAE) General Mosconi. La cifra equivale a unos USD 5.000 millones más que lo destinado a subsidiar la energía durante el año pasado, cuando la cifra trepó a USD 11.000 millones. En el primer bimestre del año, ese monto ya creció. De acuerdo a las cifras que elabora Rojo para el IAE, durante los primeros dos meses del año los subsidios mantuvieron su tendencia alcista y alcanzaron un ritmo de USD 11.630 millones para los últimos doce meses, lo que equivale a un incremento de 73% interanual.
Esa cifra se alcanzará, por un lado, por el mayor costo de importación de GNL, escenario que la Secretaría de Energía ya tenía incorporado pero no en la magnitud del nivel de precios registrados ayer. Por el otro lado, también por los insuficientes aumentos de tarifas. “Los aumentos en las tarifas no pueden compensar el aumento en los costos. Indefectiblemente los subsidios van a crecer. Los incrementos anunciados no cambian demasiado el panorama”, explicó Rojo.
Para el economista Fernando Marull, la ecuación es positiva: “Por ahora, el shock es de más dólares, no menos, aunque es clave remarcar por ahora”, opinó.
El reajuste tarifario para reducir los subsidios en 0,6% del PBI como exige el Fondo Monetario, según los borradores que trascendieron, es precisamente el punto de conflicto en la nuevamente trabada discusión con el organismo para llegar a un acuerdo antes del 22 de marzo, cuando opera el vencimiento por USD 2.800 millones. El FMI exige un incremento de tarifas de 60%, lo que podría mitigar la suba de costos de la energía en plan de bajar el gasto en los subsidios pero el Gobierno se resiste.
A la vez, también la suba del petróleo tendrá un impacto en las arcas del Banco Central, que se vería compensado con el ingreso de divisas extraordinario por la liquidación de divisas del campo. Pero se desaprovecharía la oportunidad para acumular reservas, una de las condiciones esenciales del acuerdo con el Fondo Monetario, que exige un fortalecimiento de USD 5.000 millones en 2022.
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