Aunque todavía quedan varias semanas por delante para negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes del próximo vencimiento de capital con el organismo por USD 2.800 millones, las declaraciones del Presidente Alberto Fernández inducen a analizar las opciones que tiene el Gobierno si no sella un entendimiento antes de que opere el pago.
La primera y más obvia de todas sería, directamente, un incumplimiento. Y no sería la primera vez que ocurre. De hecho, el último acuerdo que firmó la Argentina con el FMI antes del stand-by concedido a Mauricio Macri en 2018, fue alcanzado en septiembre de 2003 luego de que el entonces presidente Néstor Kirchner incumpliera un pago por USD 2.900 millones por su negativa a utilizar reservas del Banco Central. Casi 20 años más tarde, no puede descartarse que éste vuelva a ser el escenario. La mera posibilidad de que eso pueda suceder altera los ánimos en el Banco Central, donde advierten no sólo que no hay margen para llevar la situación a ese extremo sin arriesgar turbulencias mayúsculas sino que también avisan: “Nunca se planteó la opción del default, no nos preparamos para enfrentar ese escenario”. En otras palabras, el mensaje del BCRA es que no se tomaron en su debido momento restricciones cambiarias suficientes para cuidar las reservas asumiendo un escenario de esas características y, por ende, éstas ahora están en zona de riesgo.
Aun así, y a pesar de que las diferencias entre las partes no parecen insalvables, es probable que los sectores más duros del Gobierno imaginen tensar nuevamente la negociación al extremo de no pagar el próximo 22 de marzo. Si eso ocurre, la Argentina contaría con unos 30 días adicionales para cubrir el vencimiento antes de que el país sea considerado en default absoluto. Se trata del mismo tecnicismo que opera con la deuda en manos de acreedores privados y también con el Club de París. Es un lapso adicional que, en el caso de mantener negociaciones en marcha como ocurre actualmente, podría otorgar tiempo extra para definir detalles finales de la carta de intención.
Así ocurrió en 2003, cuando Fernández era jefe de Gabinete y a 3 días de haber entrado en default técnico con el Fondo, finalmente se firmó el acuerdo. En ese momento, Kirchner y el ministro de Economía, Roberto Lavagna, se negaron a pagar hasta no tener una señal concreta de que al país se le concedería el acuerdo. Las discrepancias centrales pasaban, en ese entonces, por el ajuste tarifario y el resultado de las cuentas públicas: el Fondo pedía un aumento mayor del superávit fiscal al que Lavagna quería comprometer. Finalmente, se logró una solución intermedia acorde a indicadores macroeconómicos.
Hoy el contexto es algo diferente. Superada la discusión por el aumento de tarifas, las diferencias se centran en el nivel de déficit fiscal y su derivación en la política monetaria y cambiaria. Si las desavenencias persistieran y, ante los riesgos que implicaría, un informe reciente de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) menciona una alternativa intermedia. Consiste en que, con la intervención del FMI, un país miembro otorgue un préstamo puente por el monto del vencimiento en cuestión que sería cancelado al momento de la firma del acuerdo con el desembolso del organismo. Es una variante mucho menos ambiciosa de la que ya intentó sin éxito el Gobierno con Rusia y China para obtener por mecanismos bilaterales los USD 19.000 millones que se deben pagar este año al Fondo.
“En el pasado, para regularizar las obligaciones atrasadas de un país deudor, el FMI implementó un mecanismo por el cual un tercer país otorga un préstamo puente bilateral al país en situación de mora, para que éste pueda cancelar sus deudas con el FMI. Una vez cancelados los atrasos se habilita la posibilidad de acceder a nuevo acuerdo financiero con el FMI, que el país deudor utiliza en parte para reembolsar el préstamo puente”, detalló el informe del OPC sobre los préstamos con las instituciones financieras internacionales (IFIs). Con todo, un andamiaje de esas características también luce complejo y no solucionaría un problema adicional que enfrentaría la Argentina: diez días después del vencimiento con el Fondo, opera otra fecha de pago, en este caso con el Club de París. Se trata del último vencimiento que los países que integran el Club acordaron en el año pasado prorrogar hasta el 31 de marzo, con el fin de reestructurar esa deuda en el marco de un entendimiento con el FMI.
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