Las empresas de salud afirmaron que el Gobierno continúa con el desfinanciamiento del sistema y advirtieron que está en riesgo la atención

Luego de que el Gobierno acordara con el sector de salud que los beneficiarios de planes de medicina prepaga y obras sociales no deberán pagar un 9% del valor de cada prestación, como se había anunciado para el 1° de enero en adelante, la Unión Argentina de Salud advirtió sobre el continuo agravamiento del financiamiento del sistema de salud privado del país. En ese marco, destacó que “algunas empresas están teniendo problemas de giro corriente que pueden derivar en cesación de pagos” por lo que los afiliados “están en riesgo”, ante un posible freno en la atención médica.

“Como consecuencia del incesante aumento de los costos de la salud y la aceleración de la tasa de inflación en el país que ha derivado en un atraso en los ingresos de las empresas de medicina prepaga y de los prestadores del orden del 50% en los últimos dos años, agravando la situación generada por las gestiones anteriores, las cámaras que nuclean a las prepagas manifestaron la imposibilidad de trasladar el último tramo del aumento otorgado por el gobierno del 9%, a los prestadores de la salud”, destacó la UAS en un comunicado.

En ese marco, las empresas de salud criticaron decisión de la Superintendencia de Servicios de Salud que intimó a las empresas de medicina prepaga y obras sociales a trasladar en su totalidad el aumento de enero a los prestadores.

“Todos los socios financiadores, integrantes de la UAS, se pondrán a derecho respecto de la resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud, aún cuando para muchos de ellos sea de difícil cumplimiento”, informó la entidad.

Y remarcó que por ese motivo se deja constancia expresa de que “si las autoridades sanitarias del gobierno presumen que con dicha decisión han solucionado el fondo de un problema severo que requiere una praxis idónea y cuidadosa, deben saber que sólo han atrasado momentáneamente un problema que volverá agravado en el futuro cercano hasta que haya soluciones sustentables que traigan viabilidad a todo el sistema”.

Para la UAS, las decisiones formales adoptadas por la Superintendencia de Servicios de Salud “son medidas artificiales que profundizan los problemas y no afrontan la realidad”.

“Se ha informado a las autoridades nacionales la crítica situación económica de las empresas del sector prestador y la necesidad de implementar medidas de fondo que permitan sortear esta situación y construir las bases para un sistema sostenible”, añadió.

En ese sentido, la UAS dijo que ese sistema es uno solo, “donde la supervivencia del sector financiador es indispensable para la existencia del sector prestador, y a la inversa”.

Y alertó por la atención de los afiliados al sistema privado de salud: “Quien no lo entienda así, estará contribuyendo en muy poco tiempo al colapso de todo el sistema de salud privado en medio de la peor pandemia que hemos conocido y, en ese contexto, ya no importarán las exigencias administrativas que pueda imponer el gobierno. En ese momento los más perjudicados no serán las empresas que estarán conminadas a su desaparición, sino los pacientes que se quedarán definitivamente sin su cobertura de salud y los trabajadores del sector que verán amenazadas sus fuentes laborales”.

Cabe recordar que las empresas prestadoras de servicios de medicina privada dieron marcha atrás con su intención de cobrar un 9% de copago a los beneficiarios de prepagas y obras sociales. Así lo comunicaron desde el Ministerio de Salud de la Nación y la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), luego de que sus representantes fueran recibidos por las autoridades para buscar una solución a la problemática del sector.

Desde la la Superintendencia de Servicios de la Salud señalaron que continúa vigente la Resolución 2125 de julio de 2021, la cual establece que los agentes del Seguro de Salud y las entidades de medicina prepaga deberán incrementar los aranceles de las prestaciones médico-asistenciales brindadas a sus beneficiarios y usuarios por los prestadores. La norma preveía una suba de 9% a partir de enero de 2022, sobre los valores vigentes al mes anterior.

El conflicto comenzó cuando las empresas de medicina prepaga informaron a sus prestadores que no podrían afrontar los incrementos en los aranceles de las prestaciones. Los otros aumentos aplicados fueron 9% en agosto pasado, 9% en septiembre y 9% en octubre.

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