Copago: cuánto va a haber que pagar por una radiografía, un hisopado o una consulta a un médico

En medio de un conflicto por la falta de actualización de los valores que cobran los servicios de medicina privada la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) sacudió el tablero y anunció a partir del 1° de enero, los prestadores de salud (hospitales, clínicas sanatorios, servicios de emergencias médicas, geriátricos, psiquiátricos, centros de atención odontológica, etc.) cobrarán un copago de 9% del valor de cada prestación médica a los pacientes de empresas de Medicina Prepaga y Obras Sociales de Dirección, como consecuencia de la crítica situación financiera del sector.

Ante la consulta respecto a cómo puede afectar el copago, los prestadores y financiadores coinciden en que el impacto puede ser variado de acuerdo a la amplitud de precios que maneja cada prestador. Cada clínica, sanatorio, centro médico o de diagnóstico tiene su propia política de precios. Cualquiera sea el costo que trasladan a los financiadores, un 9% extra se aplica para copago por parte del beneficiario.

Pese a la dispersión de precios, algunos valores piso de referencia fueron acercados por prestadores. El cálculo es sencillo, ya que implica un 9% lineal del valor de cada prestación. Los ejemplos acercados por prestadores no llegan a los $1.000 en ningún caso, aunque aclaran que son los valores piso del mercado. Y que prestaciones de mayor complejidad y costo también se ven afectadas.

Así, por ejemplo, una radiografía de tórax requeriría el copago por parte del beneficiario de $36,50, una mamografía desde $253,26 y un test PCR para detección de Covid-19 unos $540.

La situación, fundamentaron, “se agrava año tras año y obliga a tomar estas decisiones”.

FAPS, que representa a los prestadores de servicios de salud, explicó que la decisión se tomó luego de que las financiadoras -prepagas y obras sociales- anunciaran 15 días atrás que no trasladarían a los prestadores el 9% de aumento que les autorizó el Gobierno para enero, dados sus propios problemas de financiamiento. Prestadores y financiadores son dos partes diferentes del sistema privado de salud en la Argentina. Y lo que no pudo trasladar uno repercute ahora en los ingresos del otro.

“Se va a cobrar un 9% sobre todo lo que se haga el paciente; por ejemplo, por hacerse un laboratorio que vale $5.000, va a tener que pagar 450 pesos. No es una amenaza para que nos permitan aumentar, en principio es un hecho, salvo que haya algún cambio que cubra la financiación“, dijo Marcelo Kaufman, presidente de CEDIM (Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio), representante de los prestadores.

Según fuentes de la Unión Argentina de Salud (UAS), que agrupa a las prepagas -la otra pata del sistema- no son los financiadores los que van a cobrar el copago sino los prestadores. Aunque entienden que es muy probable que los financiadores le tengan que reconocer a sus afiliados ese 9%, en caso de que lo presenten para reintegro.

“Más allá de que es un reclamo de un sector específico que son los prestadores, es un reclamo que todo el sector de la medicina privada viene advirtiendo que va a ocurrir por el desfinanciamiento crónico que tiene el sector”, dijeron en la UAS.

“El Gobierno tiene que intervenir y ordenar esto porque sino son tironeos dentro del sector. Es una sábana corta. También los financiadores se han quedado cortos frente a la inflación”, señaló la misma fuente.

Las prestadoras dicen que el incumplimiento de las empresas de Medicina prepaga y Obras Sociales de Dirección las obliga a buscar alternativas para evitar un colapso de sus finanzas y a su vez financiar el pago de salarios de su personal. De allí resulta, justifican, el cobro del copago del 9% del costo de la prestación que empezarán a exigir en enero a los pacientes con cobertura de las prepagas.

Las prestadoras advirtieron además que a medida que el resto de los financiadores del sistema, esto es, Obras Sociales sindicales y provinciales, no actualizan los valores de las prestaciones, también exigirán copago a sus afiliados para cubrir los costos operativos, ante una situación económica que califican de “grave”.

SEGUIR LEYENDO: