Las modificaciones a la ley de Presupuesto 2022 incorporadas por el oficialismo a último momento representan un gasto agregado de $417.000 millones, lo que representa un aumento del 3,13% sobre el gasto total de $13,3 billones fijado originalmente en el proyecto, según pudo saber Infobae de fuentes parlamentarias que analizaron el articulado.
El aumento que tanto irritó a los legisladores opositores, ampliaron las fuentes, fue construido en forma quirúrgica para seducir a muchos gobernadores afines al Gobierno nacional que se mostraban reacios a dar su apoyo al proyecto. De ese total, solamente unos $25.000 podrían ser efectivamente adjudicados. El resto de las partidas está incluidas en las famosas “planillas de la felicidad”. En los pasillos del Congreso se conoce con ese nombre a aquellas promesas de obras públicas y otros gastos que la jefatura de Gabinete promete a las provincias para que los gobernadores puedan exhibirlas en su terruño y anotarse un rédito político. Pero en los hechos, no existe ninguna certeza de que puedan ser concretadas.
Las partidas que están aseguradas con las del artículo 84, por $19.000 millones, destinadas al “Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País”, un esquema de subsidios para las empresas de transporte que tiene por objeto “continuar brindando un marco transicional que tienda a compensar posibles desequilibrios financieros a aquellas jurisdicciones asistidas en tal sentido por parte del Estado nacional”.
Otro gasto explícitamente agregado es el del artículo 88 del proyecto, que adjudica cerca de $6.000 millones a la provincia de La Rioja y a sus gobiernos municipales. El aporte será pagado en 12 cuotas mensuales a lo largo de 2022. Y, como en todos los casos, su implementación será parte de los “superpoderes presupuestarios” de la jefatura de Gabinete. El texto concluye: “Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin de dar cumplimiento a este artículo”.
El resto de los gastos incorporados tienen menores chances de ser ejecutados. En el artículo 11 se dispone la autorización para “la contratación de obras o adquisición de bienes y servicios cuyo plazo de ejecución exceda el ejercicio financiero 2022″. También se faculta al jefe de Gabinete, Juan Manzur, a “efectuar las compensaciones necesarias dentro de los créditos presupuestarios aprobados por la presente ley a los efectos de atender la financiación de la ejecución de obras”.
Según las fuentes consultadas por Infobae, este mecanismo permitiría agregar un gasto de $157.000 millones destinado a cubrir la realización de esas obras y la contratación de servicios en las provincias. El artículo 11 conlleva un anexo con una extensísima lista de proyectos y obras - la principal “planilla de la felicidad”- que verán la luz solamente si el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la jefatura de Gabinete, así lo establece. De lo contrario, las obras allí enumeradas solo serán una mención administrativa.
El artículo 91 del Presupuesto 2022 también prevé una serie de asignaciones que no estaban previstas en el articulado original. Esos gastos, detallados en una planilla anexa, representan $127.000 millones. Los gastos están destinados a subsidios energéticos a través de Cammesa, transferencias de capital a provincias y municipios, y a una gran cantidad de programas enmarcados en el ministerio de Desarrollo Social, enfocados en niñez y adolescencia, asistencia a merenderos y “fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil”, entre otros destinos.
En este punto, el proyecto dispone que la jefatura de Gabinete “deberá realizar las reasignaciones correspondientes para incorporar al presupuesto” esos gastos. Esa potestad para disponer reestructuraciones presupuestarias podrá ser implementada por el jefe de Gabinete a través de una decisión administrativa.
Por último, el artículo 118 también faculta a Juan Manzur a “efectuar las compensaciones necesarias dentro de los créditos presupuestarios aprobados por la presente ley a los efectos de atender la financiación de los gastos detallados en la planilla anexa”. Esos gastos suman otros $107.000 millones e incluyen erogaciones tales como $1.700 millones para la imprenta del Congreso o $94 millones para “Viáticos y honorarios” de los diputados del Parlasur. También abarca la financiación para una extensa serie de programas distribuidos entre los ministerios de Transporte, Desarrollo Social, Ambiente y Desarrollo Sustentable y Defensa.
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