Señales poco explícitas del Gobierno sobre el acuerdo con el FMI, que insiste en pedir un plan económico

Si el anuncio del presidente Alberto Fernández en alusión concreta al acuerdo con el Fondo Monetario, la mayor preocupación que hoy tienen los mercados, fue tomado con pinzas por el mundo inversor, el pronunciamiento del propio organismo a última hora de ayer aclaró el status de las negociaciones. Por ahora, se entendió, no hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, ningún avance respecto de cómo dejaron las cosas en Roma hace quince días el ministro de Economía, Martín Guzmán, y Julie Kozack, la directora del Departamento para el Hemisferio Occidental, después de una maratónica sesión. En principio, tal vez, el mensaje presidencial podía inducir a conclusiones apresuradas. Pero lo concreto es que el nuevo plan plurianual -el anterior es el Presupuesto, al que Guzmán siempre se refirió como la hoja de ruta- que se presentará en el Congreso a principios de diciembre todavía debe entrar en etapa de definiciones concretas. Será en esa instancia en que se despejarán todas las dudas respecto del respaldo de Cristina Fernández de Kirchner o se confirmarán los temores respecto de su posible intransigencia.

Como es sabido, las cuestiones más urticantes que debe abordar ese plan no son para nada fáciles de digerir para el sector más duro del Frente de Todos. Sin embargo, algunas tímidas señales de un estómago algo más fuerte podrían estar surgiendo. Después de todo, tal como asegura a sus inversores el área de research del fondo Ashmore, un acreedor de la Argentina, alcanzar un acuerdo tras las elecciones tiene más sentido, incluso para el kirchnerismo duro. “El Gobierno ahora tiene mayores incentivos para llegar a un acuerdo con el FMI, a fin de evitar otro golpe de popularidad que resultaría de un mayor daño económico tras un incumplimiento con el organismo”, afirmó.

El primer indicio se dio pocas horas antes de los comicios: el viernes pasado, Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) convocó a un reempadronamiento urgente de usuarios bajo pena de suspensión del suministro. El objetivo formal apunta a emprolijar la información de las facturas, es decir, saber quién es verdaderamente el que paga cada boleta. Y, sobre todo, cuánto puede pagar. Lo mismo que decir que la medida es el paso previo, imprescindible para la anunciada y siempre dilatada segmentación de tarifas. El ENRE está hoy bajo la intervención de María Soledad Manín, ex colaboradora del subsecretario de Energía, Federico Basualdo, a quien el titular del Palacio de Hacienda intentó sin éxito desplazar de su puesto en abril de este año.

El argumento de Guzmán fue, precisamente, que no lograba avanzar en la confección de la base de datos para segmentar las tarifas. Con el total apoyo del kirchnerismo, Basualdo se mantiene en el cargo y ahora, la resolución de Manín parecería indicar que cambió la estrategia. Ya en el Presupuesto del próximo año, Guzmán incluyó el supuesto de un incremento de tarifas de al menos 30%, mismo dato que se había incluido para este año pero que ahora podría quedar ratificado en el programa plurianual.

La segmentación de tarifas y el consecuente recorte en el gasto público destinado a los subsidios es uno de principales puntos de negociación con el Fondo Monetario que indigestan a Cristina Fernández de Kirchner. El ajuste de las cuentas públicas es lo que, en términos generales, molesta a la vicepresidenta, particularmente en años electorales como el actual. Ya escribió una carta sobre eso. Pero, aún así, el impulso a aumentar desmedidamente el gasto para remontar el resultado de las elecciones encontró un freno un mes antes y medidas de alto costo fiscal -más de $150.000 millones- que se daban por descontadas, como un bono a jubilados o refuerzos a la AUH, no fueron implementadas. No hubo reproches hasta el momento. Aunque también es probable que parte de esos recursos que “se ahorraron” se terminen volcando a la economía el mes próximo.

En cualquier caso, se trata de señales confusas, sobre un camino en el que fácilmente se podría dar marcha atrás. Sin ir más lejos, el Gobierno tomó ayer una nueva medida para reforzar el cepo e impedir la salida de dólares a través del mercado de contado con liquidación que va en sentido contrario al espíritu de las recetas del FMI. Pero, sobre todo, si efectivamente son señales, son demasiado discretas. Y el Fondo exige todo lo contrario: un acuerdo de discusión abierta en el Congreso con el aval explícito de la política.

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