
El Gobierno parece dispuesto a acelerar el proceso de inyección de liquidez a la economía en su conjunto a través del bautizado “plan platita”, en busca de recortar la pérdida de caudal de votos en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del pasado 12 de septiembre, según se desprende de la Decisión Administrativa 1014 que publica este martes el Boletín Oficial, con las firmas del Jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, y el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Se trata de la 15 ampliación del Presupuesto 2021 desde el inicio del año, y la 4 dispuesta por el nuevo JGM, en este caso por $133.535 millones que se suma a la previsión de déficit presupuestario porque no se registran ingresos tributarios para financiarlo.
Claramente, era esperable que un presupuesto que fue aprobado por el Congreso un año antes con una previsión de inflación de 29%, casi la mitad del ritmo real de los últimos 12 meses (52,5% en el caso del Índice de Precios al Consumidor y 59,1% en el de los Precios Mayoristas), acusara repetidas ampliaciones.
Sin embargo, la aceleración de ese proceso en las últimas semanas, pese a que hasta el 20 de octubre la Secretaría de Finanzas acusaba una ejecución total del monto actualizado de 75,5%, solo se explica por la intención de impulsar el gasto electoral, pese a no contar la Tesorería con recursos extraordinarios para afrontarlo, más que la asistencia del Banco Central a través de la emisión de pesos.
Distribución de las nuevas partidas:
La ampliación presupuestaria se reparte entre varias carteras ministeriales y preponderantemente para el pago de servicios de la deuda pública, conforme al siguiente detalle que detectó Infobae en el procesamiento de los 119 folios que forman parte de la DA 1014, con fecha de este lunes:
1) $81.100 millones: Servicio de la Deuda Pública (Intereses y Comisiones);
2) $16.000 millones: Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión, Ministerio de Economía;
3) $ 14.753 millones: Iniciativas Complementarias de Interior, Ministerio del Interior;
4) $10.067 millones: Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles, Ministerio de Salud;
5) $8.000 millones: Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del Ministerio de Transporte (Obligaciones a cargo del Tesoro);
6) $6.000 millones: Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas, Presidencia;
7) $3.197 millones: Políticas para la Gestión del Riesgo Agropecuario, Ministerio de Agricultura;
8) $2.985 millones: Formulación de Políticas contra la Violencia por Razones de Género (PPG), Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad;
9) $ 2.580 millones: Fomento, Promoción y Apoyo a la Cultura, Ministerio de Cultura;
10) $1.325 millones: Administración y Gestión de Proyecto de Fomento y Desarrollo, JGM
11) $975 millones: Cooperación Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos, Ministerio de Justicia;
12) $858 millones: Acciones del Programa Nacional de Inclusión e Integración de Jóvenes - Potenciar Inclusión, Ministerio de Desarrollo Social; y
13) $ 2.102 millones, otros.
En contrapartida, el JGM y Economía dispusieron recortes de partidas asignadas por un total de $16.405 millones, entre las que sobresalen $10.062 millones que estaban previstos para Coordinación de Relaciones Financieras Internacionales por parte de Presidencia de la Nación; y $6.000 millones que se habían proyectado para la Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área y accesos por parte del Ministerio de Transporte.
Nuevo déficit fiscal previsto
De ejecutarse plenamente la ampliación presupuestaria del 16% desde el inicio del año, y según los últimos datos de la Secretaría de Hacienda, 2021 cerraría con recursos totales por $8,26 billones, y gastos totales por $9,74 billones (se elevaron en $1,34 billones respecto de lo aprobado en 2020 por el Congreso Nacional), el rojo de la Administración Central se ubicará en $1,48 billones, equivalente a 17,9% de los recursos totales esperados para todo el ejercicio.
Asimismo, del informe monetario del Banco Central se desprende que casi la mitad del rojo presupuestario ya se financió hasta 20 de octubre con transferencias de utilidades contables de la entidad monetaria, neta de cancelaciones de Adelantos Transitorios por $92.401 millones; y el resto con el denominado “impuesto inflacionario”, y en menor medida con cuentas a pagar.

Justamente, semejante expansión de la cantidad de dinero para financiar al fisco, la cual se suma a la iniciada en el curso de 2020, en ese año impulsada por las necesidades de cubrir partidas especiales vinculadas con la crisis sanitaria, es -en el análisis del consenso de los economistas profesionales del sector privado-, la causa de la aceleración de la inflación y de la posterior exigencia de ampliación presupuestaria, dando lugar a la formación de un círculo vicioso que se traduce en más pobreza y derrumbe de la confianza de los consumidores en el gobierno.
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