Dos de cada tres pesos del gasto del ministerio de Seguridad de la Nación se destinan a la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, mayormente en el conurbano bonaerense, precisa un análisis del presupuesto de la cartera que hasta hace poco estuvo a cargo de Sabina Fréderic y depende ahora de Aníbal Fernández.
El dato llama la atención, en especial después de la carta que le envió el presidente de la Nación, Alberto Fernández, a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, a raíz de los pedidos de auxilio de la mandataria provincial en el marco de los ataques de grupos mapuches. En la misiva, el presidente anunció que enviaría efectivos de Gendarmería, pero creyó “imperioso aclarar que no es una función del Gobierno Nacional reforzar el control en las rutas nacionales o brindar mayor seguridad en la región”. Ayer, sin embargo, varios días después del más reciente ataque mapuche, el incendio al Club Andino de El Bolsón, el presidente llamó a Carreras,. con quien mantuvo una conversación telefónica. “Esta tarde me llamó el Presidente de la Nación para conversar sobre la situación que se vive en El Bolsón. Condenó los hechos de violencia y me expresó su voluntad de colaborar para la resolución de estos conflictos”, dijo la mandataria rionegrina.
“Los desmanes en la Patagonia desnudan el desorden bajo el que opera el sector público. El Estado nacional se niega a proteger las rutas nacionales, pero usa fondos para hacer calles, veredas y cordón-cunetas que son responsabilidad de los municipios y destina gran parte del presupuesto en seguridad a ayudar al AMBA”, dice el informe del Instituto de Desarrollo Social Argentino (Idesa), que encabeza el economista Jorge Colina.
El informe cita datos del Presupuesto nacional 2021 del Ministerio de Seguridad que dice expresamente que se trata “del organismo público encargado de asistir a la Presidencia de la Nación en todo lo que respecta a la seguridad interior y a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes”.
Para hacerlo, dice Idesa, la cartera cuenta con la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía Aeroportuaria. Además, en su propio presupuesto señala como primer objetivo “fortalecer la articulación con los gobiernos provinciales para el abordaje de la seguridad interior”.
El documento de Idesa analiza el despliegue geográfico de los recursos presupuestarios del ministerio y encuentra que:
-Asigna a las provincias limítrofes con países vecinos el 22% del Presupuesto.
-A las del interior, no limítrofes, otro 11% del Presupuesto.
-A la Ciudad Autónoma y la Provincia de Buenos Aires -”fundamentalmente al Conurbano”, aclara- el restante 67% de su Presupuesto.
Es decir que dos de cada tres pesos del gasto en seguridad de la Nación se despliega en la llamada Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
“Para el resto del país se destina una proporción menor, aun cuando hay 15 provincias que colindan con países vecinos en donde el gobierno federal –por mandato constitucional– tiene que resguardar las fronteras con la Gendarmería o Prefectura si el límite es con río. Pero la Gendarmería descuida las fronteras y las rutas nacionales para cuidar el Conurbano cuya jurisdicción es de la Policía Bonaerense”, subraya el informe.
De este modo, señala, “la Nación se desentiende del mantenimiento y mejora de las rutas nacionales”. Peor aún, en su carta a Carreras el presidente “argumentó, además, que no es responsable de preservar la seguridad en ellas”, argumento que Idesa considera “raro”, porque son de exclusiva responsabilidad de la Nación.
Lo más paradójico, prosigue, es que mientras renuncia a sus responsabilidades en rutas nacionales (como la RN 40, donde tuvieron lugar varios cortes de ruta y acciones de grupos de supuestos mapuches) el Gobierno nacional destina fondos “para arreglar calles, plazas y cordón-cunetas, cuya responsabilidad es de los municipios”.
De este modo, concluye, el Gobierno nacional no hace lo que debe (cuidar las rutas nacionales) y se entromete en lo que no debe (calles, plazas y cordón-cunetas). Y así como lo hace en Seguridad, -área en la que, señala Idesa, se resiste a medir resultados docentes y de aprendizaje, pero arregla escuelas provinciales– y en Salud, donde tampoco mide resultados, pero manda remedios a algunos hospitales provinciales.
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