
El Gobierno acelerará el paquete de anuncios económicos en los próximos días para intentar revertir el resultado negativo que tuvieron las elecciones legislativas para el oficialismo. Para eso pondrá en la calle una suma de, al menos, $1.700 millones por día hasta el 14 de noviembre, día en que se celebren los comicios generales.
Si bien los cálculos aún no son finos porque el paquete de medidas todavía está en elaboración y será anunciado por tramos a lo largo de los próximos días, estimaciones de mercado hablan de un costo fiscal que tendría un piso cercano a los $85.000 millones y que se extendería, de acuerdo al alcance final que tenga, a más de $200.000 millones.
Desde el Ministerio de Economía aseguraron a Infobae que la estimación oficial sobre el costo que tendrá para las arcas públicas el paquete que ya comenzó a poner en marcha desde la semana pasada no está determinada porque aún no se conoce la totalidad de las medidas, pero afirmaron que estará dentro de los límites prespuestarios, por lo que descartaron que tenga un impacto significativo en el estado de las cuentas fiscales.
Para el director de Analytica Ricardo Delgado, en caso de que se cumpla con una de las estimaciones que ronda el mercado, que habla de entre $150.000 y $160.000 millones como número firme a ser costeado por el Tesoro, “en comparación con el casi billón de pesos de gasto mensual que habrá de acá a fin de año, es prácticamente nada, aunque es importante marcar que todavía no tenemos la real dimensión” de la magnitud final que tendrá ese paquete que elabora el Gobierno puertas adentro.
“No va a ser un cambio sustancial en materia de gasto. Pero sí vemos que la ejecución presupuestaria viene bastante demorada a esta altura del año, unos 6 o 7 puntos porcentuales. La duda es si este es un Gobierno que está gastando menos de lo que la curva de ejecución marca que debería están gastando, si va a ser capaz además de inyectar este dinero extra de acá al 14 de noviembre”, apuntó en diálogo con este medio.
Un cálculo preliminar de la consultora Orlando J. Ferreres estimaba que el paquete de medidas que deberá financiar el Ministerio de Economía rondaría los 0,2% del Producto Bruto Interno, lo que implicaría un gasto aproximado de $85.000 millones. Hace algunos días, la consultora Equilibra, por su parte, había proyectado que el plan que llevaría adelante el Gobierno equivaldría a al menos medio punto, lo que implicaría un fondeo superior a los $200.000 millones. En ese caso, la inyección diaria de dinero en la economía sería de unos $4.100 millones en los 48 días que faltan hasta las elecciones de noviembre.

Desde que el oficialismo perdió las elecciones del 12 de septiembre y tras la crisis política que sufrió el Frente de Todos y que forzó a un recambio ministerial, el Poder Ejecutivo se embarcó en una serie de anuncios económicos para tratar de instalar con ritmo diario alguna medida económica en particular.
En ese sentido, el primer paso lo dio el aumento adicional para el salario mínimo, vital y móvil. El Consejo del Salario Mínimo decidió este martes otorgar una suba adicional al piso de remuneraciones de 13% en lo que resta del año, por lo que esa suma habrá culminado el 2021 con un incremento superior al 55 por ciento, lo que llevará al ingreso mínimo a los $32.000.
Este primer anuncio apuntó a los sectores más vulnerables del mercado laboral, como los trabajadores informales y registrados con convenios colectivos con sueldos inferiores a esa suma. Además, impacta en el monto que cobran casi un millón de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, que perciben medio salario mínimo a cambio de una contraprestación de cuatro horas de trabajo. También se ajustaron por este motivo las sumas del seguro de desempleo.
En los próximos días se esperan otras medidas que incluirían un bono para jubilados, una asistencia extraordinaria para cerca de 3 millones de personas desempleadas o con empleos en negro, que tendrá un espíritu similar al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que tuvo lugar durante el 2020 en el peor momento de la pandemia, un decreto para establecer jubilaciones anticipadas para personas con aportes desde los 55 años, programas de empalme entre planes sociales y empleo, e incluso alguna medida para flexibilizar el cepo a las exportaciones de carne.
Con esta actualización, 1.267.000 personas que dejaron de pagar el Impuesto a las Ganancias cuando se aprobó la ley en abril pasado seguirán sin pagar el impuesto. Es decir que se mantiene el universo de los beneficiados, que alcanzará únicamente al 11% de los trabajadores en relación de dependencia de todo el país.
La catarata de anuncios continuó con un proyecto de ley de amnistía y moratoria fiscal que presentó el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, una ampliación del alcance del programa PreViaje para jubilados, la exención del pago de Ganancias para algunas inversiones en pesos, y un plan para formalizar a empleadas de casas particulares, la rama laboral que más mujeres emplea y que tiene los salarios más bajos de la economía. Sin impacto directo en el electorado pero en términos más macroeconómicos, Economía anticipó que desde el año próximo ninguna empresa exportadora de servicios pagará retenciones.
En los próximos días se esperan otras medidas que incluirían un bono para jubilados, un asistencia extraordinaria para cerca de 3 millones de personas desempleadas o con empleos en negro, que tendrá un espíritu similar al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que tuvo lugar durante el 2020 en el peor momento de la pandemia, un decreto para establecer jubilaciones anticipadas para personas con aportes desde los 55 años, programas de empalme entre planes sociales y empleo, e incluso alguna medida para flexibilizar el cepo a las exportaciones de carne.
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