
El congelamiento de tarifas, los avatares climáticos y la eterna necesidad de cuidar al extremo las divisas del Banco Central están configurando, otra vez como una maldición, un triángulo inestable.
El titular de la entidad monetaria, Miguel Pesce, fue el primero en advertir los números que hablan por sí solos: la cuenta por importación de energía no para de abultarse desde marzo y ya alcanza los USD 3.000 millones. Esta cifra implica un aumento de 75% respecto de los primeros siete meses de 2020, aunque fue en los últimos cuatro en los que la importación fue adquiriendo cada vez mayor volumen. De acuerdo con las cifras del INDEC, la importación de combustibles cayó 7% durante el primer trimestre y, a partir de abril, comenzó a anotar incrementos. El primero fue de apenas 2,4% contra abril del año pasado mientras que en mayo saltó 28% y ya para junio la variación acumulada rozaba 60%, suba que fue nuevamente superada el mes pasado.
Aun cuando el salto de esa magnitud pueda explicarse en parte por el impacto de la cuarentena estricta que rigió entre abril y julio, que afectó el consumo con un clima, además, más favorable que el de este año, lo cierto es que la cifra revela las dificultades que se acumulan en el sector energético y mellan la disponibilidad de dólares para el resto de la economía.
Varios factores se conjugaron para engrosar esa boleta. Además de las mayores necesidades por las temperaturas más bajas y, a la vez, un mayor consumo por un más alto nivel de actividad económica, también la bajante histórica del Río Paraná derivó en el incremento de la importación de combustibles necesarios para reemplazar la generación de energía hidroeléctrica. Mientras que en mayo el Banco Central debió destinar poco más de USD 500 millones a ese fin, durante junio y julio el monto se ubicó más cerca de los USD 800 millones, cifra que se asume recién empezaría a reducirse gradualmente a partir del mes próximo.

El reemplazo de la generación hidroeléctrica por la de combustibles como el fuel oil implica, además, un encarecimiento notorio en el costo de la energía, lo que a su vez impacta en las cuentas de los subsidios dado el congelamiento de tarifas. En primer lugar, la sequía de la cuenca del Paraná y también la suba internacional del precio petróleo implicaron un salto de 35% en el costo de la electricidad. Esta suba del costo tiene como correlato el mayor gasto en subsidios y, en contrapartida, una reducción de la proporción que se cubre con las tarifas que pagan los usuarios. Así, mientras en el Presupuesto para este año, el ministro de Economía, Martín Guzmán, proyectaba ajustar las tarifas acorde a la inflación -que imaginaba en ese entonces en apenas 29%- para afrontar al menos un 43% del costo total, en los últimos meses ese porcentaje se ubica por debajo del 30%, por lo que distintas estimaciones privadas prevén que el gasto en subsidios pasará podría acercarse a 3% del PBI hacia fin de año.
Por lo pronto, la actualización que mes a mes hace el Instituto Argentino de la Energía General Mosconi indica que en los últimos 12 meses, los subsidios a la energía superaron los USD 8.000 millones, lo que supone un incremento de 52% respecto del año pasado y refleja, también, la rápida aceleración por los meses más fríos del año. Por caso, en mayo, la cuenta del acumulado de los 12 meses anterior arrojaba una cifra de USD 6.700 millones, 48% mayor a la de 2020.
En cuanto al gasto imputable a este año, en los ocho meses de 2021, los subsidios a la energía insumieron unos USD 6.000 millones, que se explican por las transferencias a CAMMESA por USD 3.900 millones para cubrir la brecha entre costos y precios de la electricidad y el resto a IEASA para hacer lo propio con la brecha del precio del gas importado. Según el director del Departamento Técnico del IAE, Julián Rojo, estos incrementos son producto de la combinación de las tarifas congeladas con costos crecientes de la energía. “Los costos suben por encima de la inflación, en promedio los precios mayoristas que son los que luego forman los costos de prestar el servicio, subieron 65% en promedio”, apuntó Rojo.
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