Con el acuerdo de Guzmán, el Gobierno reflotó el proyecto que impulsa inversiones en el sector automotor

Después de varios meses de amagar, y tras exhaustivos análisis fiscales por parte del ministerio de Economía, el Poder Ejecutivo finalmente envió el jueves pasado al Congreso el tan prometido proyecto de ley para fomentar las inversiones en la industria automotriz.

Lo había anunciado el propio presidente, Alberto Fernández, junto a sus ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Hacienda, Martín Guzmán, en marzo de este año en un acto realizado en el Museo del Bicentenario. En el medio, la iniciativa pasó por muchas manos. Guzmán, de hecho, lo miró con lupa y estableció, por cuestiones presupuestarias, alguna limitación en los beneficios de la ley.

Luego de cinco meses de análisis y debates internos, el proyecto fue girado el jueves a la Cámara de Diputados, por lo que a partir de ahora deberá ser tratado en comisión antes de pasar al recinto. Como mínimo, dicen en la industria, llevará unos dos meses. Y una vez aprobado por ambas cámaras restará la reglamentación.

¿En qué consiste el proyecto y cuál fue el cambio que le imprimió el Ministro de Economía? La iniciativa busca potenciar el crecimiento de la cadena automotriz “fomentando las inversiones en plataformas de producción eficientes, exclusivas a nivel regional y con escala internacional, que permita tener una alta inserción exportadora y altos niveles de integración nacional de autopartes”, precisó el mensaje que acompaña al proyecto. Para ello, se proponen los siguientes instrumentos que buscan mejorarle al sector privado la ecuación financiera a la hora de diseñar y definir la concreción de un nuevo proyecto de inversión:

-Devolución anticipada de IVA: las inversiones en el sector automotriz suelen ser por montos altos y plazos largos, entre uno y tres años. Durante el período que dura la inversión, las empresas van acumulando créditos fiscales relacionados con el IVA por las compras de bienes de capital y las obras de infraestructura que realizan. Ese crédito acumulado por lo general pueden comenzar a descargarlo cuando generen IVA débito fiscal suficiente, que usualmente ocurre una vez que ponen en marcha su producción. Como se trata de una industria que exporta una proporción importante de lo que produce, el tiempo para compensar este IVA se prolonga aún más y ello implica un costo financiero para las empresas (fundamentalmente en un contexto de alta inflación) que muchas veces directamente hace inviable el proyecto.

“La devolución anticipada del IVA, permitiendo ser utilizado para el pago de otros impuestos nacionales, viene a reducir ese costo y a hacer viables más inversiones. Asimismo, el beneficio no implica un costo fiscal neto para el Estado, dado que lo que se devuelve de IVA en un momento implica un mayor pago de IVA en el futuro, aunque sí se absorbe el costo financiero que se ahorra la empresa”, sostiene el proyecto.

Pero la devolución no será automática, como se había dispuesto en el proyecto de ley original. Este fue justamente uno de los puntos en los que Guzmán metió la cola, preocupado por el impacto fiscal de la medida. Según afirma la nueva iniciativa, “el Ministerio de Economía será el encargado de proponer anualmente, para su incorporación en la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional, el cupo presupuestario destinado a la devolución de saldos establecida en el párrafo precedente, de acuerdo a las condiciones imperantes en materia de ingreso presupuestario”.

-Amortización acelerada de capital: permitir la amortización acelerada de los bienes de capital y de las obras de infraestructura también mejora el resultado financiero de la inversión, debido a que les reduce el monto a pagar por el Impuesto a las Ganancias en los primeros años, desde la puesta en marcha del proyecto. Sin embargo, recalca el Ejecutivo, al igual que en el caso del beneficio en IVA, tampoco implica un costo fiscal neto para el Estado debido a que lo que se ahorra de este gravamen la empresa en los primeros años, implica un mayor pago en el futuro.

-Retenciones 0%: Uno de los objetivos del proyecto es la radicación de proyectos con alta inserción internacional. Para ello, afirma el Gobierno, “resulta vital tener previsibilidad respecto de sus costos” y los derechos de exportación uno de ellos. Por eso, la iniciativa contempla que los derechos de exportación serán 0% hasta el 31 de diciembre de 2031 y regirá para los bienes producidos al amparo del régimen. El artículo 13° de la norma establece que el Ejecutivo determinará las posiciones arancelarias a las que se les aplicará esa alícuota.

-Instituto de la movilidad: el artículo 23° del proyecto crea este instituto como ente de derecho público no estatal que “tendrá por objeto fomentar la consolidación de un ecosistema productivo sustentable a través de la coordinación entre los diferentes eslabones de la cadena de valor, el Estado, el colectivo de los trabajadores y las trabajadoras y las instituciones de apoyo científico y tecnológico”. El objetivo será contribuir al fortalecimiento y mejora de la competitividad, la defensa del empleo y el desarrollo del sector automotriz y autopartista argentino con una visión federal, dice el texto.

Consultadas fuentes de la industria, tanto desde la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa) como de la Asociación de Fábricas de Autocomponentes (AFAC) aplaudieron el envío del proyecto al Congreso, que venían trabajando con el Gobierno desde hace más de un año.

“Estamos insertos en un mundo en donde todos compiten por inversiones y donde cada uno trata de mostrar atractivos para poder captarlas. Además, estamos en un contexto en donde hay mucha capacidad ociosa y donde hay grandes competidores como Brasil y México. Entonces, poder contar con una herramienta que te permita pelear en las casas matrices una inversión para la región y que venga para la Argentina, es sumamente importante”, dijeron a Infobae desde la entidad que nuclea a las fábricas.

Desde Adefa destacaron los “beneficios tienen que ver con el recupero del IVA a inversiones, sobre todo el destinado a matrices, prensas y bienes de capital, para que no generen un costo adicional y terminen siendo un crédito fiscal que no lo podes tomar”. “Y el otro tema que brinda previsibilidad es que no van a pagar retenciones los modelos que surjan de estas nuevas inversiones”, agregaron las fuentes.

En tanto, fuentes de AFAC plantearon que “es un gran desafío competir a la hora de decidir la radicación de inversiones, con lo cual este proyecto va en el sentido necesario”. Al mismo tiempo, agregaron desde la entidad que nuclea a los autopartistas, “debemos seguir trabajando para ganar competitividad sistémica con un sistema impositivo y laboral que facilite la adaptación a las nuevas tecnologías y a los nuevos procesos productivos”.

¿Boom de inversiones?

Más allá de las declaraciones de buenas intenciones por parte del Gobierno y las expectativas favorables de los representantes del sector, algunos empresarios confesaron en off the record que será una buena ley para aquellas empresas que ya tenían decididas inversiones, pero no auguraron un boom de inversiones a partir de su aprobación.

“Los incentivos son buenos, pero no te van a cambiar la dinámica del sector. A las empresas que estaban por avanzar con un proyecto les mejora la rentabilidad, pero no será un disparador de nuevas inversiones porque el contexto general es muy negativo”, dijo a este medio un economista que conoce de cerca la industria. Y agregó: “Todas las leyes son buenas, el tema es luego la reglamentación y el sistema de pagos de esos beneficios, que con la ley de autopartes se normalizó después de un año y medio de sancionada”.

Desde la consultora Abeceb, el especialista en el sector de movilidad, Andrés Civetta, sostuvo que “la iniciativa resulta interesante desde el punto de vista institucional, ya que reúne a todos los involucrados en la cadena de valor (terminales, autopartistas y gremios) atrás de un mismo objetivo, el de promover las inversiones en el sector, propone declarar a la industria como estratégica y envía una señal de apoyo por parte de Argentina a las casas matrices, tanto de terminales automotrices como de autopartistas”. Además, el economista remarcó que si bien los incentivos no son muy amplios, complementan a la Ley de Promoción del Autopartismo vigente, que cosechó buenos resultados y estimuló la radicación de plataformas globales con destino a la exportación. “No obstante, la ley debería complementarse con una apuesta a la promoción de la movilidad eléctrica que será sin dudas el futuro de la movilidad”, recalcó el experto.

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