La mejora que mantiene la recaudación tributaria en términos reales y el uso de reservas del Banco Central para pagar vencimientos impostergables, como el Club de París, no fueron suficientes para evitar que los datos preliminares de la deuda de la Administración Central batieran récord mes a mes, según anticipó la Secretaría de Finanzas.
Al cierre de julio la deuda bruta de la Administración Central ascendió al equivalente de USD 343.894 millones, significó sendos incrementos de USD 374 millones en comparación con junio; USD 8.312 millones desde el inicio del año; y USD 30.595 millones desde el inicio de la presidencia de Alberto Fernández.
Algunos economistas restan el efecto de los compromisos con el Banco Central porque en términos netos se neutralizan. En ese caso, el mes finalizó con reducción de USD 747 millones, y el incremento acumulado se atenúa a USD 7.607 millones desde el inicio de 2021 y USD 18.031 millones desde el comienzo del gobierno de la coalición Frente de Todos.
Pero, a diferencia de otros meses en que el factor impulsor de la deuda es el exceso de gastos sobre recursos, y de la falta de caja (ahorro) para cancelar vencimientos, en julio la causa principal del incremento neto fue la política cambiaria, porque al moverse la paridad oficial a un ritmo de la tercera parte de la tasa de inflación determinó “ajustes de los bonos ajustables por CER” por el equivalente de USD 1.175 millones, que echaron por tierra el resultado previo de baja en USD 575 millones que arrojó la diferencia entre pagos y amortizaciones y las nuevas financiaciones.
Y también, el efecto positivo, en términos de reducción de la deuda ajustada, de las diferencias de valuación del componente de los compromisos en divisas diferentes al dólar, estimado por Finanzas en el equivalente de USD 228 millones.
Según el relevamiento habitual de la Oficina de Presupuesto del Congreso “en julio se cancelaron títulos públicos de mercado por el equivalente a USD 4.969 millones, en su mayoría en pesos por $474.782 millones, incluyendo la amortización de Boncer TC21 por $108.551 millones.
Además, la Administración Central hizo tres licitaciones de mercado que resultaron en la colocación de distintos instrumentos por un total en valor efectivo de $532.144 millones, de los cuales se suscribieron en efectivo Letras del Tesoro en moneda nacional -Lecer, Ledes y Lepase- por un total de VE $315.832 millones.
Por otro lado, recuerda la OPC que “para moderar la carga del vencimiento del Boncer 2021 (TX21) previsto para agosto, el Ministerio de Economía invitó a sus tenedores a participar de un canje voluntario el 20 de julio, en el que se ofreció una canasta compuesta en 25% por Lecer (X30J2), 35% por Boncer 2023 (TX23) y 40% por Boncer 2023 (T2X3). Como resultado se canjeó papeles por Valor Nominal $215.176 millones, lo que implicó una adhesión cercana a 58 por ciento”.
Durante julio no se registró financiamiento neto mediante Adelantos Transitorios (AT), por lo que el stock se mantiene sin cambios desde abril en $1,45 billones. Conforme a la última información disponible de recursos del Sector Público Nacional no Financiero correspondiente a junio, a fin de dicho mes el límite máximo legal sobre el stock de AT se ubicó en $1,8 billones.
La Secretaría de Finanzas registró en el último mes cancelaciones de Adelantos del BCRA por el equivalente a USD 1.421 millones, y asumió nuevos compromisos en esa condición por USD 188 millones. Sin embargo, esos movimientos intrasector público fueron neutralizados por el aumento equivalente de la deuda en pesos ajustable por la inflación, a una tasa de 3% en el mes, porque la paridad cambiaria oficial apenas se elevó uno por ciento.
En cambio, como es de práctica, la dependencia del Ministerio de Economía no contabiliza como deuda pública a los compromisos que asume el Banco Central con el sistema financiero en su conjunto con la emisión de títulos de regulación monetaria, como las Letras de Liquidez (Leliq) y los Pases Pasivos, los cuales pasaron del equivalente a USD 18.445 millones al momento de asumir la presidencia de la entidad Miguel Pesce, a USD 37.890 millones al cierre de julio.
De ahí que algunos economistas, como Camilo Tiscornia, observan que la deuda pública total -Administración Central más Banco Central de la República Argentina- acumula desde el inicio de la presidencia de Alberto Fernández un crecimiento de USD 50.040 millones, de los cuales USD 1.776 millones se sumaron en el último mes; y USD 6.851 millones desde el comienzos del año.
Como en el caso de la deuda de la Administración Central, los compromisos ausmidos equivalente en dólares se potencian porque mientras el tipo de cambio sube menos de 1% por mes, la renta que paga por las Leliq más Pases es de 2,87% en igual período.
Vencimientos del mes
Los economistas de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimaron que los vencimientos para agosto totalizan el equivalente a USD 4.708 millones, (amortizaciones por USD 4.153 millones e intereses por USD 554 millones). Al excluir las tenencias intra sector público, los vencimientos se reducen a USD 3.139 millones, de los cuales 84% se cancelan en moneda local. Entre agosto y diciembre de 2021, se estiman vencimientos por USD 27.721 millones, que se reducen a USD 18.044 millones si se excluyen los vencimientos intra sector público.
En la primera semana del corriente mes se registró el vencimiento de Adelantos Transitorios del Banco Central al Tesoro por $40.000 millones de un año antes, el cual se canceló con los nuevos fondos por similar importe que la entidad monetaria le giró a la Tesorería en concepto de transferencia de utilidades, las cuales fueron reforzadas con otra partida por $120.000 millones para cubrir gasto corriente vinculados con las nuevas medidas de asistencia a sectores vulnerables.
Cabe recordar que el 2 de agosto el FMI aprobó una nueva asignación general de Derechos Especiales de Giro (DEG) por el equivalente a USD 650.000 millones, que se hará efectiva el 23 de agosto. Dada la cuota de Argentina en el FMI (0,67%), el país recibirá el equivalente a USD 4.354 millones, los cuales se estima se utilizarán para cancelar parcialmente un vencimiento con el país del préstamo stand-by que tomó el gobierno anterior, del cual ingresaron unos USD 45.000 millones.
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