Un grupo de ex funcionarios cuestionaron la política energética del kirchnerismo y advirtieron sobre la próxima crisis: “Es la crónica de un fracaso repetido”

“Volvemos a los déficits energéticos con su impacto en las cuentas públicas y en las cuentas externas. Los subsidios irresponsables que generan tarifas políticas con fines electorales no contemplan inversiones y en consecuencia afectarán inevitablemente y a muy corto plazo la calidad del servicio con cortes de suministro y pérdida del autoabastecimiento. Es la crónica de un fracaso repetido”. Con estas palabras, un grupo de ex secretarios de Energía durante distintos gobiernos, desde el retorno a la democracia a esta parte, cuestionaron la política energética del kirchnerismo y alertaron por las consecuencias del congelamiento de tarifas y los subsidios generalizados.

Se trata de un documento firmado por Emilio Apud, quien estuvo en la secretaría de Energía en 2001; Julio César Araoz, quien formó parte del área durante la primera gestión de Carlos Menem; Enrique Devoto, quien estuvo a cargo durante el mandato presidencial de Eduardo Duhalde, al igual que Alieto Guadagni; Jorge Lapeña, ex subsecretario de Planificación Energética de Raúl Alfonsín; Daniel Montamat, quien ocupó el puesto durante el gobierno de Fernando De la Rúa) y Raúl Olocco, subsecretario de Energía en 1989.

En el mismo destacaron que “la energía vuelve a ser parte del problema económico, y el populismo energético vuelve a cruzar transversalmente el arco político por la carencia de consensos mínimos que permitan articular un plan y una política energética de largo plazo”.

En ese sentido, remarcaron: “Sin una estrategia energética que marque un rumbo, con reglas expuestas a la discrecionalidad y a las contingencias de los turnos electorales, y con precios y tarifas que hacen crecer los subsidios exponencialmente, la Argentina se encamina a una nueva crisis energética con secuelas graves a su ya tan deteriorada macroeconomía”.

En el documento, los ex funcionarios del área energética, indicaron que la caída de la producción anual acumulada de petróleo y gas a abril 2021, del 6% y 10,2% respectivamente, y los problemas que presenta “la recuperación de la alicaída producción doméstica pese a los planes de incentivo (Gas.Ar) y el crecimiento de los precios internacionales del petróleo, están provocando un incremento en los volúmenes de la energía importada por la que se paga mayores precios que el año pasado”.

En ese sentido, afirmaron que este año Argentina importará más barcos de GNL, y mayores volúmenes de gasoil y otros derivados petroleros.

“El año pasado, ayudada por el parate económico inducido por las medidas restrictivas asociadas a la pandemia (ASPO), la balanza comercial energética del país tuvo un mínimo superávit que arrastraba el cuasi equilibrio del año anterior. Este año las estimaciones anticipan que volveremos al rojo, con un saldo comercial negativo que se mide en dólares y que tiene impacto en las cuentas externas y en las cuentas públicas”, advirtieron.

En ese contexto, destacaron que los datos de evolución de los subsidios a la energía son aún más preocupantes.

“El precio mayorista de la electricidad aproximado en base al costo promedio total de generar electricidad (costo monómico en el mercado eléctrico mayorista) está en 60,5 dólares el megavatio hora, pero crecerá en estos meses de invierno por el mayor consumo de combustibles líquidos (en parte importados)”, analizaron.

Y agregaron que la diferencia entre lo que pagan las distribuidoras por la electricidad y los costos de producirla es un subsidio con impacto presupuestario.

De acuerdo a lo expresado en el documento, la demanda eléctrica alcanzada por el subsidio va a pagar alrededor del 30% del costo de producción de la electricidad que consume.

“Estos subsidios generalizados producen beneficios efímeros, y se usan electoralmente, pero como se financian con emisión inflacionaria, cronifican la inflación y deterioran el poder adquisitivo del salario. A su vez, en las distintas provincias hay usuarios residenciales alcanzados por otros subsidios focalizados a través de la tarifa social (4 millones en todo el país)”, remarcaron los ex funcionarios.

Asimismo, afirmaron que los precios subsidiados de la electricidad mayorista alcanzan a todo el país, pero las provincias tienen distintas tarifas eléctricas por los diferentes ajustes al valor agregado de distribución.

En ese sentido, detallaron que las distribuidoras de AMBA y Provincia de Buenos Aires tuvieron ajustes de 11% y 5% respectivamente, mientras el resto de las jurisdicciones provinciales aumentaron sus tarifas en un promedio del 29% hasta mayo del corriente. “Todo esto aumenta la dispersión en las tarifas finales que pagan los usuarios en las distintas provincias”, advirtieron.

En otro orden, remarcaron que el universo de usuarios del gas natural por redes es menor que el alcanzado por las redes eléctricas (8,5 millones contra 13), pero también, una parte importante de la provisión del gas natural destinada a usuarios residenciales y pequeños comercios se encuentra alcanzado por un subsidio generalizado que cubre alrededor del 60% del precio.

“Con este esquema de precios del insumo (gas, electricidad), aumentos que no recuperan la inflación en el transporte y en el margen de distribución, y subsidios concentrados mayormente en los costos de la electricidad y el gas, los subsidios energéticos totales que el 2020 sumaron 6607 millones de dólares este año crecerían según estimaciones a 9500 millones de dólares”, indicaron.

Por último, afirmaron que a los subsidios generalizados, “que benefician más a los ricos que a los pobres según lo ratifican investigaciones recientes, y a los subsidios focalizados a través de la tarifa social que toma en cuenta indicadores socio-económicos, se suman ahora la ampliación de subsidios cruzados para reducir tarifas en zonas frías”.

“Si bien estos últimos no tienen un impacto presupuestario directo porque lo financian parcialmente otros usuarios con un cargo al gas que compran, además de los cuestionamientos distributivos que alcanzan a los subsidios generalizados, abren la puerta a otro festival de subsidios cruzados donde, por ejemplo, legisladores de zonas cálidas ya están reclamando menores tarifas eléctricas para sobrellevar el verano, y pronto podrán sumarse los de zonas áridas reclamando a los de zonas húmedas que les subsidien menores tarifas de agua para hacer frente a la sequía”, analizaron.

“Por supuesto, como el subsidio es cruzado, otros tendrán que hacerse cargo de la cuenta pagando mayores tarifas y sumando nuevas distorsiones en un juego de suma cero. Otro absurdo en una patria subsidiada que no da para más”, concluyeron.

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