Luego de extender el período de invitación para canjear su deuda bajo ley extranjera hasta el 18 de junio en medio de largas negociaciones con sus bonistas, el Gobierno bonaerense lamentó que los tenedores de bonos bajo ley extranjera “hayan discontinuado las conversaciones restringidas que mantenían” y aseguraron que “el paso del tiempo sin un acuerdo no beneficia a ninguna de las partes y por eso está dispuesta a seguir dialogando para arribar a términos y condiciones que permitan una reestructuración exitosa de la deuda”.
La provincia de Buenos Aires y La Rioja son los únicos distritos que todavía no consiguieren acordar la reestructuración de su deuda con legislación extranjera.
En un comunicado, el Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense dijo que los acreedores “optaron por interrumpir el diálogo y discontinuar los intercambios restringidos”, a pesar de que “la Provincia mostró voluntad de trabajar las diferencias que aún persisten”.
“La Provincia sigue abierta al diálogo y a encontrar una solución consensuada”, agregaron. En ese sentido, resaltaron que el Gobierno bonaerense “necesita condiciones sostenibles para su deuda a fin de atender a las enormes necesidades sociales de sus habitantes, independientemente de las soluciones que encuentren otras provincias”.
“Esta es una solución que requiere de dos partes, la Provincia sola no puede resolverlo sin la voluntad de los acreedores que hoy parece no estar, desde que se retiraron con el argumento que a la provincia de Buenos Aires se le está cediendo más que al resto de las provincias”, afirmaron.
En el comunicado emitido por la Administración del gobernador Axel Kicillof, se informó que “cada provincia tiene distintas necesidades y distinta estructura de deuda y la comparación que están haciendo denota, en todo caso, desconocimiento de esas realidades”.
“Los términos indicativos que la Provincia envió a los bonistas el día 28 de mayo fue en respuesta a indicaciones de términos financieros enviadas por bonistas el 24 de mayo. Al contrario de lo que es usual en estas negociaciones, ante las mejoras ofrecidas por la Provincia, el 4 de junio los bonistas se limitaron a reiterar lo comunicado el 24 de mayo, sin cambio alguno”, indicaron.
Asimismo, añadieron: “Más allá de esta falta de aportes constructivos, cuando la Provincia planteó la necesidad de abordar las diferencias que aún persisten, que tienen impacto sobre el resultado, y que requieren de una discusión, los acreedores se negaron a extender las conversaciones restringidas, planteando que no había margen alguno para seguir conversando”.
Desde el gobierno provincial negaron que “los flujos de pago entre ambas propuestas sean los mismos” y citaron como ejemplo que “el cupón máximo propuesto por los acreedores a partir de 2025 es de 7,125% o 6,75%, según los dos escenarios contingentes que plantean sin mayor explicación, y el propuesto por la Provincia asciende a 6,25% para el mismo período”.
“Esta cuestión, entre otras, requieren de negociaciones adicionales entre la Provincia y los acreedores, es más, la propuesta de los acreedores incluye pagos contingentes bajo eventuales requerimientos de cumplimientos de hitos ambientales (ESG) que nunca fue explicada y que impide a la Provincia tener certidumbre sobre los pagos de deuda”, detallaron.
Cabe recordar que el lunes, el Gobierno bonaerense anunció que presentará una nueva oferta a los tenedores de bonos bajo ley extranjera respecto a la formulada en abril de 2020 y, en el marco de las tensas negociaciones con los acreedores, decidió extender el plazo del canje de deuda hasta el 18 de junio próximo.
La provincia de Buenos Aires busca canjear unos 7.100 millones de dólares en bonos en medio de una prolongada recesión con alta inflación, que fue agravada por la pandemia de coronavirus.
En ese sentido, contrató a Bank of America Securities y Citigroup Global Markets para que actúen como administradores de distribuidores para la Invitación y D.F. King actúa como agente de intercambio, tabulación e información.
Vale recordar que en abril, la administración de Axel Kicillof había propuesto una mejora en la oferta al eliminar la quita de capital, elevar el valor de los cupones y disminuir la vida promedio de los nuevos bonos, de más de 13 años a 11 años.
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