La provincia de Chaco formalizó ayer su oferta de restructuración de la deuda provincial a los acreedores privados, con la que espera obtener un alivio de USD 212 millones en los flujos de pago provinciales hasta el año 2024 y reducir la tasa de interés promedio a poco más de la mitad, de 9,3 a 4,9 por ciento.
Los términos de la oferta habían sido acordados a mitad de abril entre el gobierno provincial y un grupo de tenedores de bonos representado por VR Advisory Group, que tienen aproximadamente la mitad de la deuda chaqueñas. Para dejar atrás el default, la provincia debe lograr al menos un 75% de aceptación, de forma de impedir que bloqueen el acuerdo e imponer las nuevas condiciones a los acreedores que no consientan la propuesta oficial de cambiar los viejos bonos por los nuevos a emitir por parte del gobierno que encabeza el exjefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich.
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El plazo para la aceptación o rechazo de la oferta provincial es del 23 de junio, aunque la provincia se reservó la posibilidad de extender esa fecha. Además de reducir las tasas, el acuerdo extiende el plazo de repago de la deuda hasta el año 2028.
En caso de lograr la aceptación a su propuesta, algo que los mercados consideran probable por tratarse de una oferta “amistosa”, solo quedarían sin restructurar las deudas de las provincias de Buenos Aires y La Rioja.
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La negociación
La negociación chaqueña estuvo a cargo del ministro de Economía provincial, Santiago Pérez Pons, un ex analista de Citibank quien había sido jefe de Gabinete del secretario de Hacienda Raúl Rigo, con quien Capitanich tuvo trato habitual durante su gestión como jefe de Gabinete en el segundo gobierno de Cristina Kirchner.
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Una nota de la agencia especializada PR NewsWire basada en información provincial reiteró que Chaco descuenta el apoyo del “Ad Hoc Bondholder Group” representado por VR Advisory Services.
La información reitera el requisito de aceptación de los tenedores al menos 75% de la deuda agregada a restructurar para la entrada en vigencia del “supplemental indenture”, esto es, los nuevos bonos y sus respectivas condiciones.
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El plazo fijado para que los acreedores respondan a la oferta es el 23 de junio a las 5 PM hora de Nueva York, “a menos que sea extendida o terminada antes por la sola discreción de la Provincia”.
Uno de los anzuelos de la oferta es que quienes aceptan recibirán pagos a prórrata de intereses vencidos desde el 8 de febrero de 2020, de los cuales el 60% se pagará en efectivo y el 40% restante mediante la entrega de los nuevos bonos.
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La propuesta extiende el plazo de pago de la deuda hasta el 18 de febrero de 2028, determina el pago de dos cuotas anuales (18 de febrero y 18 de agosto de cada año) para el pago de intereses atrasados, a partir de agosto 2021, disminuye el interés (que era del 9,375% en la deuda en default) de los nuevos bonos hasta febrero 2022 a 3,5% anual, a 4,75% entre febrero 2022 y 2023, a 6,5% entre febrero de 2023 y 2024 y a 8,25% entre febrero de 2024 y 2028.
De igual modo, fija el pago del capital de la deuda en 9 cuotas semianuales del 11,11% del total cada una, a partir del 18 de febrero de 2024 y hasta el 18 de febrero de 2028.
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Chaco había defolteado deuda por USD 250 millones en septiembre de 2020. Para restructurarla, recibió el asesoramiento de Rothschild & Co. El principal negociador de contraparte fue el VR, que cuenta en su equipo con el argentino Gustavo Pallazi, que maneja inversiones en América Latina y en particular en la Argentina. VR negoció fuerte la deuda de Entre Ríos y llegó a presentar una demanda contra la provincia en la justicia de Nueva York, pero luego retiró la demanda y se llegó a un acuerdo.
Como se dijo antes, si Chaco logra la aceptación de al menos el 25% que le falta para llegar a 75%, las únicas provincias que seguirán en default o negociación serán Buenos Aires y La Rioja.
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