Tras el 4,1% de inflación, el Gobierno repite la receta: más controles de precios, ahora por 6 meses

Pocos días antes de que el Indec difundiera el índice oficial de inflación de abril, que volvió a ser superior al 4% mensual, desde uno de los despachos más importantes del Poder Ejecutivo ligados a la gestión económica ya veían venir que el ritmo de suba de precios, más allá de la reducción respecto de marzo, era “poco alentador”, según la definición de un alto funcionario.

Eso responde a que el diagnóstico oficial desde principio de año era que en los primeros tres meses la inflación tuviera una aceleración de precios bajo el argumento de que la suba de los commodities impactaría en en los valores domésticos de los alimentos. Pero la tendencia de recorte en el ritmo inflacionario que preveían para el segundo trimestre es más lento de lo esperado.

Una vez conocido el dato de inflación de abril, fuentes oficiales consultadas por Infobae aseguraron que el equipo económico “sigue trabajando permanentemente” en distintas áreas, principalmente el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Banco Central, para reducir la suba de precios.

El 4,1% de abril significa una suba de precios acumulada de 17,6% es decir que transcurrido solo un tercio del año ya tuvo lugar más del 60% de la inflación proyectada por el Presupuesto para todo 2021, de 29% anual. Si bien las estimaciones privadas hablan de una desaceleración de precios en los próximos meses, el cumplimiento de la meta establecida por Martín Guzmán parece cada vez más difícil.

El ministro de Economía, de todas formas, suele repetir que ese 29% anual tiene un margen de “algunos puntos porcentuales” hacia arriba. Así se explica que la mayoría de las negociaciones paritarias cerradas en el primer cuatrimestre del año hayan sido de entre 30 y 35%, según un relevamiento hecho por la CTA. Guzmán, en este sentido, agradeció a los sindicatos la pauta salarial acordada. Desde el Gobierno, en cambio, tienen más reparos con el sector privado por lo que identifica como un “compromiso menor” para ajustarse a esa expectativa de precios.

Tal como explicó Infobae, un sector del Poder Ejecutivo cree que el cerco a empresas de consumo masivo no es suficiente y reclaman una dureza mayor. El Gobierno está inmiscuido en la discusión con las empresas de alimentos sobre cómo serán los pasos a seguir de uno de los programas de control en góndolas más estricto en lo que va de gestión: Precios Máximos.

En ese sentido, en estos días el Gobierno buscará afinar el alcance que tendrá la nueva canasta de 120 productos con precios congelados durante seis meses, el plan que viene conversando con empresarios desde hace algunas semanas y que apunta a tener en funcionamiento desde junio.

Se trata de la última versión de los esquemas de control y coordinación de precios que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Productivo, en medio de la escalada inflacionaria de los últimos meses y de los avances en los precios de los alimentos. Según pudo saber este medio de acuerdo a fuentes oficiales, el acuerdo “todavía está en negociaciones”.

Los empresarios, en tanto, esperan que acceder a esta canasta acordada implique un desarme de Precios Máximos, el mecanismo que inauguró el Gobierno al comenzar la pandemia para administrar los valores de miles de productos alimenticios y de limpieza. A diferencia de Precios Cuidados, no fue consensuado con las empresas.

El programa nuevo incluirá, tal como lo tiene planificado el Gobierno y busca cerrar con las compañías del sector en los próximos días, productos alimenticios, bebidas y artículos de higiene personal para ofrecer en supermercados chinos y comercios barriales de cercanía, para conseguir una “capilaridad” mayor que Precios Cuidados, el esquema más representantivo entre los vigentes para mantener a raya los valores en las góndolas, que está presente en supermercados y que representa el 35% del consumo, según estimaciones oficiales.

En algunos despachos oficiales consideran que el Banco Central “hizo bien” en no ajustar con rapidez la tasa de interés de referencia una vez que se conocieron los primeros datos altos de inflación de los primeros meses del año. Según esta visión, esa señal podría haber implicado convalidar ante el mercado una expectativa de suba de precios que no es la que el Gobierno busca mostrar. Por otra parte, el dólar será otra variable a observar: desde enero, cuando el BCRA lo ajustó 3%, el dólar mayorista acumula ritmos de devaluación cada vez más lentos.

En el frente financiero, además, remarcan que el Tesoro ya agregó algunos puntos de tasa a las licitaciones de bonos y letras que hace la Secretaría de Finanzas. De todas formas, sugieren que en caso de que para los próximos meses el IPC no muestre un sendero bajista claro, el análisis sobre la tasa de referencia volverá a estar sobre la mesa.

De todas formas, se descuenta que mayo también será un mes con presión inflacionaria. A lo largo del mes se aplicará un incremento de 5% en el combustible, que sería el último del año según anunció YPF este jueves y se prevé un aumento de 9% en la tarifa de luz, lo que representaría el primer reajuste en las boletas de servicios públicos tras el congelamiento iniciado en 2019. Aún está por verse qué suba tendrá el gas y si, como busca Guzmán, habrá otro aumento más luego de la elecciones legislativas.

SEGUIR LEYENDO: