Mientras busca una solución al conflicto por la quita de fondos, la Ciudad sigue adelante con su plan de baja de gastos

Si bien el gobierno nacional abrió una puerta de negociación con la gestión de Horacio Rodríguez Larreta para discutir sobre los fondos de Coparticipación que le fueron quitados a la Ciudad el año pasado, el equipo económico porteño cumple a rajatablas con su plan de ajuste del gasto y suba de impuestos anunciado oportunamente y espera que la segunda ola no tenga un impacto mayor en la actividad y, por ende, en la recaudación.

Por ahora, en la Ciudad afirman que las restricciones anunciadas fueron menores y no está impactando en los ingresos, que vienen creciendo en línea con la inflación, lo cual ya es todo un logro luego de un 2020 drástico para las finanzas porteñas. El año pasado, la recaudación cayó en términos reales 13%, baja que fue del 18% en el trimestre abril-junio.

Lo que sí se incrementó este año es el gasto Covid, que fuentes del gobierno porteño aseguran que hasta ahora suma $12.000 millones. Son fondos que no estaban presupuestados -como ocurrió a nivel nacional- y que están siendo cubiertos mediante reasignación de partidas que tenían como origen actividades culturales o eventos gastronómicos que por las restricciones de la pandemia no se están realizando. Con esos fondos, se busca el fortalecimiento del sistema sanitario y la atención a la demanda social. Concretamente, afirmaron fuentes porteñas, se distribuyeron unos $ 5.500 millones para montar el “Operativo Covid” (reactivos, insumos y centros de testeos), otros $ 4.500 millones para el gasto en personal de estos operativos y $ 1.000 millones para el Plan Vuelta a Clases, destinado a higienizar los colegios.

Con respecto a la recaudación, en abril las restricciones eran menores y no afectaron, por lo que esperarán los datos de mayo, que se conocerán el mes próximo. De todos modos, lo que más pesa en los ingresos porteños son los servicios financieros y el comercio, y en este último caso -salvo los shoppings- sólo tuvieron una leve restricción horaria.

Esta segunda ola se da, adivierten desde la Ciudad, en un contexto de fuerte pérdida de recursos a partir de la quita del 2,1% de la Coparticipación (1,18% con el decreto inicial de septiembre del año pasado, y 0,92% con la Ley 27.606 de Transferencia del Servicio de Seguridad a CABA) y la fijación, en esa misma ley, de un monto fijo para el gasto de la Policía. La norma estipula una erogación de $24.500 millones, a pagar en 12 cuotas iguales, cuando al gobierno porteño le cuesta $97.000 millones anuales prestar ese servicio.

A partir de este decreto y posterior Ley, y al mismo tiempo en que la Ciudad decidía ir a la Corte Suprema a declarar su inconstitucionalidad, el equipo económico porteño que dirige Martín Mura hacía malabares para diseñar un plan de ajuste del gasto y crecimiento de los recursos. Para bajar las erogaciones, comenzó una ardua tarea de rediscusión de los contratos de todos los servicios que presta la Ciudad y en la mayoría se logró, excepto en el de la basura, que todavía se sigue discutiendo por la resistencia del Sindicato de Camioneros. Además, se suspendieron o ralentizaron las obras de infraestructura y aumentó el teletrabajo, con el objetivo de dejar de pagar alquileres y servicios en algunas oficinas.

El gobierno porteño busca conseguir la mitad de los $65.000 millones que le faltan bajando el gasto de esta manera, en tanto que para la otra mitad, se anunciaron meses atrás nuevos impuestos. Uno fue la aplicación del impuesto a los Sellos a los consumos con tarjeta de crédito (1,2%), que le aportarán $ 8.000 millones anuales; y el otro fue eliminar la exención de Ingresos Brutos que tenían las Leliq, por lo cual comenzaron a tributar 8%. Con este gravamen, el fisco porteño busca recaudar $ 24.000 millones por año.

Las autoridades de la Ciudad esperan poder avanzar en negociaciones con la Nación a partir de la instancia de diálogo generada por la Corte Suprema. Este miércoles hubo una segunda audiencia entre las partes en las que se le avisó al tribunal supremo que el 18 se reunirían ambos gobiernos. “Hoy le avisamos a la Corte del encuentro del 18 y le dejamos en claro que iríamos bajo el manto del diálogo abierto por el tribunal y no bajo los aspectos de la Ley, que la Ciudad declaró inconstitucional”, dijeron fuentes porteñas. Tras ese encuentro, volverán a verse las caras en la Corte el 26 de mayo.

Fuentes de la Ciudad afirmaron que apuntan a negociar una vuelta a un porcentaje -hoy se trata de un porcentaje más una suma fija-, pero admitieron que no esperan grandes avances con la Nación en el actual contexto político-electoral. Advierten, sin embargo, que la estrategia adoptada este año de cancelar obras y bajar la calidad de los diferentes servicios, resultante de negociar contratos más austeros, no es sostenible en el tiempo.

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