
Cuando trascendió que Martín Guzmán le había pedido la renuncia al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo —que sin embargo sigue firme en su cargo— uno de los motivos que se esgrimieron fue que el funcionario no había avanzado en la definición de un esquema de segmentación tarifaria, donde los próximos incrementos de los servicios públicos serían proporcionales a cada usuario según su nivel de ingresos.
A casi una semana de la fallida salida del subsecretario, desde el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) comenzaron a mostrar señales de progreso en el proyecto de segmentación. En sectores cercanos a Basualdo, las supuestas demoras fueron atribuidas a las trabas para acceder a información estratégica de la AFIP y del Banco Central (BCRA), como los gastos con tarjetas de crédito.
Ambos organismos requieren contar con una ley o decreto oficial que les permita compartir la información sensible que manejan sobre los usuarios. Desde Energía aseguran que esas medidas especiales, que son una condición necesaria para poder contar con datos sobre los niveles de ingresos, no dependen de su área.
A pesar de que desde Economía hablaron de que no se avanzó con el esquema de segmentación, desde los sectores que apoyan al subsecretario Basualdo aseguran que a partir de junio ya se podrán empezar implementar las primeras etapas del esquema para los usuarios residenciales. Esto abarca a las empresas Edenor y Edesur, cuyos usuarios residen en la ciudad de Buenos Aires y partidos del Conurbano.
Este jueves, por ejemplo, el ENRE comunicó la firma de un acuerdo de asistencia técnica con el Conicet, que asesorará en el diseño de políticas públicas para la segmentación tarifaria. Además, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) aportará investigadores a los equipos de trabajo.

En tanto, desde el ENRE detallaron que lograron firmar convenios con la Anses (el pasado 23 de marzo) y con el SINTyS (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social) a fines de 2020. También informaron que están trabajando en convenios con el Registro de Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires.
Infobae adelantó el lunes que el plan de segmentación de Basualdo ya habría sido presentado por el funcionario. Por lo tanto, según sus allegados, no era válida la acusación de “inoperancia” que se argumentó desde Casa Rosada al intentar desplazarlo. ¿El nuevo plan del ENRE-Conicet será una versión mejorada, quizás con detalles más técnicos, de aquella que Basualdo ya presentó o uno nuevo? No está claro aún.
Según detallaron desde el ENRE, el programa de segmentación tarifaria permitirá “destinar los fondos públicos de manera más eficiente hacia la población en condiciones de mayor fragilidad económica” y también hacia los sectores productivos estratégicos. “Con esto se busca reducir significativamente los recursos fiscales destinados a los sectores de la sociedad de más alto poder adquisitivo. A su vez, se pretende asegurar que los futuros incrementos de las tarifas eléctricas no repercutan en forma desfavorable sobre los sectores más vulnerables de la población”, señalaron.

El conflicto desatado por la no renuncia de Basualdo dejó al descubierto una fuerte interna en el Gobierno sobre los aumentos de tarifas. Basualdo forma parte de La Cámpora y tiene línea directa con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Como subsecretario está bajo la órbita del neuquino Darío Martínez, que asumió como secretario de Energía en agosto del año pasado.
El sábado pasado se publicó en el Boletín Oficial un aumento de 9% en las tarifas de electricidad para usuarios del AMBA. Si bien desde el kirchnerismo advirtieron que será el único incremento en el año, desde el Ministerio de Economía dejaron trascender que podría haber un segundo tramo de aumentos durante lo que queda del año.
El objetivo de Guzmán es lograr un esquema de actualización de tarifas que permita reducir el nivel de subsidios. Cuando presentó el Presupuesto 2021, el ministro planteó que los subsidios se debían mantener constantes en términos del PBI, es decir, en torno al 1,7 por ciento. Para que eso ocurriera, la suba de la factura debería rondar el 20 por ciento. Sin embargo, para mejorar los ingresos de las distribuidoras, que tienen tarifas congeladas desde hace dos años, el aumento en la boleta final debería llegar al 30 por ciento.
El proyecto de segmentación tarifaria, en el que estarían trabajando el ENRE y la subsecretaría, contempla identificar a los usuarios con capacidad de pagar el costo pleno de la energía, a los que se les quitarían los subsidios, lo que permitiría liberar recursos para el resto de los usuarios. La segmentación se hará por nivel de ingresos y patrimonio.
Sin embargo, desde el Gobierno reconocen que la segmentación tiene muchas dificultades. “El problema para segmentar no son los sectores más bajos, porque se cuenta con la base de Anses sobre jubilados, quienes reciben AUH o subsidios. En el sector medio, es más simple porque están los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y responsables inscriptos, pero en el segmento más superior, que puede pagar la tarifa plena, también hay mucha informalidad”, había explicado en marzo pasado una fuente que participaba del armado del borrador del esquema.
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