Si se mantiene el ritmo actual hasta 2023, el gasto en subsidios a las tarifas alcanzará a más de la mitad de la deuda con el FMI

Detrás de la crisis política desatada en torno al pedido de renuncia del subsecretario de Energía, Federico Basualdo, a instancias del ministro de Economía, Martín Guzmán, se esconde una cuenta bastante sencilla que echa luz sobre su insistencia en lograr al menos un aumento de dos dígitos en la actualización de las tarifas energéticas. Al ritmo al que está aumentando el gasto en subsidios en el último año, el Gobierno gastaría el equivalente a más de la mitad de la deuda que la Argentina le tiene que pagar al FMI en los próximos tres años. Es decir, hasta el final del mandato de Alberto Fernández y, eventualmente (aunque improbablemente), del propio Guzmán.

Este cálculo no pasa inadvertido en el Palacio de Hacienda y tampoco, obviamente, en las proyecciones del propio FMI, que reclama un plan de ajuste fiscal y monetario imposible de realizar sin recortar subsidios. Ese plan, insistió una y otra vez Guzmán, es el Presupuesto 2021 según el cual los subsidios no incrementan su participación en el PBI y las tarifas aumentan en línea con la inflación. Pero no es eso lo que está sucediendo.

El gasto en subsidios no sólo se duplicó en pesos durante el primer trimestre del año respecto a 2020 sino que creció en los últimos doce meses a un ritmo de 48,6% medido en dólares. Así, el gasto anual trepa, por ahora, a unos USD 7.000 millones, sin contar costos adicionales que generaría con el correr de los meses el atraso tarifario.

“En los últimos doce meses se acumularon USD 6.695 millones de dólares en subsidios energéticos, el 73% es para energía eléctrica: para cubrir la brecha entre el costo de generación y lo que pagan las distribuidoras. Esa brecha aumenta todo el tiempo porque lo que paga la demanda está congelado, pero los costos de generación van creciendo”, explicó Julián Rojo, economista del Instituto Argentino de Energía General Mosconi. Agregó que a ese monto hay que sumarle costos no contemplados el año pasado como el gasto para pagar a las petroleras lo acordado en el Plan Gas 4, que todavía no empezó a saldarse, y el gasto de importar más Gas Natural licuado (GNL) por barco y de Bolivia por gasoducto.

“En ambos casos, el Estado cubre la brecha entre precio de importación y lo que paga la demanda”, acotó Rojo, quien también suma a la boleta el costo de importar gasoil, ante la ausencia de gas natural por poca producción, para abastecer a centrales térmicas que generan energía eléctrica.

Se trata, a grandes rasgos, del mismo combo que llevó a un gasto de unos USD 15.000 millones en subsidios a las tarifas en 2015, último año del mandato de la hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ahora se opone a un aumento mayor al 9% ya en vigencia. Así, hasta 2023, período en el se concentra el grueso de los vencimientos con el Fondo Monetario por la deuda de los USD 44.000 millones, el Gobierno gastaría unos USD 25.000 millones. Para Guzmán, una decisión difícil de defender a hora de sentarse a renegociar ese acuerdo para extender los pagos durante 10 o 20 años que pide la ex presidenta.

Claro que, en el contexto de crisis económica extrema en plena pandemia, los economistas reconocen la dificultad de incrementar tarifas, particularmente en un año electoral. Ese es, precisamente, el punto sobre el que Guzmán fundamenta la necesidad de segmentar las tarifas, la inconclusa tarea asignada a Basualdo. Gastar en subsidios a los que lo necesitan.

“Los subsidios a la energía son mayormente progresivos pero a la vez, pro-ricos. Es decir, impactan más en los sectores pobres en relación a su ingreso pero benefician más a los ricos en términos absolutos del monto total de pesos gastados en el subsidio”, explicó el economista del CEDLAS, Leonardo Tornarolli. De esta manera, el mayor costo fiscal se destina a segmentos de la población que podría afrontar un ajuste de tarifas que contribuya a recortar los subsidios que, en el plan original de Economía, se mantenía para el 20% de los usuarios. “El mensaje general es que en términos distributivos, los subsidios son malos. Pero más preciso es decir que distributivamente los subsidios a los servicios no son tan buenos y que deberíamos exigirle algo más que progresividad”, consideró Tornarolli.

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