
Empresarios y gremios salieron conformes de la reunión del consejo del Salario Mínimo que estableció un aumento de 35% en el piso de remuneraciones para empleados registrados. Más allá del tira y afloja que tuvo lugar durante las reuniones técnicas en las que se discutió, principalmente, qué duración debía tener el acuerdo.
Los sindicatos plantearon desde el inicio que la pauta de incremento debería ser sostenida hasta el 31 de marzo de 2022, mientras que las cámaras empresarias solicitaron que sea solo para este año calendario, que finalice así en diciembre y que desde enero se reinicie la discusión. Terminó imponiéndose en este sentido la postura de las centrales obreras.
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Otro punto de discusión tuvo que ver con la instancia de revisión del acuerdo. Los empresarios reclamaron que ese asterisco no tenga formato de “cláusula gatillo”, es decir de actualización automática, una herramienta común de las negociaciones paritarias. Finalmente terminó por acordarse que se tratará de un “compromiso” de ambos sectores para volver a sentarse a la mesa de discusión en caso de una aceleración de la inflación en los próximos meses.
Entre los empresarios consultados por Infobae, la sensación fue de conformidad por el acuerdo alcanzado. El reajuste de 35%, en rigor, tiene poco impacto financiero en la mayor parte del sector empleador formal, dado que los sueldos mínimos de sus convenios ya superan el piso de remuneraciones. De esa manera, argumentan, la suba del salario mínimo termina siendo más relevante para el propio Estado (por las jubilaciones y prestaciones sociales que están atadas a esa cifra) que al sector privado.
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Para Daniel Funes de Rioja, presidente de COPAL y directivo de la Unión Industrial Agentina (UIA), “es importante que en momentos difíciles funcione el consejo del salario. Yo formo parte desde que se reconstituyó en 1984 para buscar consenso y diálogo y buscar además acuerdos sobre cómo disentir. Hoy estamos en otro momento difícil de la economía, la producción y la sociedad”, mencionó en diálogo con este medio.
“En ese marco se pudo encontrar una pauta que tiene una vigencia de un año y que busca que para aquellos sectores directamente afectados, que no son tantos en la fuerza del trabajo pero no dejan de tener relevancia, hayamos podido llegar a un acuerdo”, dijo en referencia a los empleados informales, para quienes un pauta de incrementos como la que se acordó suele actuar como referencia para sus ingresos.
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Por su parte, el directivo de la Confederación de la Mediana Empresa Argentina (CAME) Pedro Cascales, también presente este martes en el encuentro, consideró que se trató de “un acuerdo razonable que refleja básicamente la inflación que está proyectada, con algun ajuste”, comentó ante Infobae.

“A las gremiales empresarias prácticamente no les afecta, en casi todos los convenios colectivos de trabajo los mínimos están por encima de estos valores. Pero sí afecta a 3 millones de argentinos que tienen programas sociales que están vinculados con este valor”, continuó.
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Por su parte, el titular de la CTA Hugo Yasky aseguró que se trató de un acuerdo que “se tensionó en la discusión de los tramos de la recomposición y se logró que en los primeros 5 meses la mayor parte del 35%, un 20%, los trabajadores lo perciban en ese primer tramo. Se alcanzó una cifra que es la que han logrado los sindicatos con mayor poder de fuego”, explicó ante este medio.
Respecto a la revisión pedida por los gremios de acuerdo a la inflación, Yasky dijo que “el acuerdo deja abierta la posibilidad de evaluar cuál ha sido la evolución del Indice de Precios y así y acomodar esa pauta”, aseveró. “Hubo una manifestación del sector empresario de que no era una cláusula gatillo, pero es una manifestación no tiene asidero. No se planteó en ningún momento en términos de cláusula gatillo sino de compromiso de que se si desfasaron los números y el costo de vida dejó atrás a esta recomposición, se tiene que acomodar. Este año el salario mínimo tiene que terminar sea cual fuere el porcentaje por encima de la inflación”, continuó el titular de la central obrera.
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Entre los funcionarios nacionales, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero remarcó la importancia de “encontrar ámbitos de diálogo y de puesta en común, para que tengamos en nuestro país, una recomposición real de los salarios, que le ganen a la inflación, que es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante”.
En ese sentido, el funcionario amplió: “Quiero agradecerles en nombre del Gobierno por haber logrado este nuevo acuerdo para, de este modo, intervenir en una realidad que nos aqueja, que es el flagelo de la pobreza en nuestro país. La pobreza se resuelve con trabajo digno, y no buscando cualquier otro tipo de atajo”.
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“Lo que necesitamos es que haya más oportunidades de negocios y mayores posibilidades de trabajo y empleo, pero que no haya ningún tipo de abuso sobre nadie. Debemos lograr una armonía; no hay sociedad que se realice solamente desde la óptica del sector público, como así tampoco de la lógica del mercado”, destacó Cafiero.
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