Pagar 50% más caro por 1 gramo de diferencia: el Gobierno investiga a tres empresas por hacer cambios en productos para eludir controles de precios

Luego de implementar el nuevo Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas (SIFIRE), un mecanismo de control obligatorio sobre etiquetas y presentaciones de productos, el Gobierno, a través de la Secretaría de Comercio Interior, realizó las primeras imputaciones a tres compañías de consumo masivo —Mondelēz, Bagley (del Grupo Arcor) y PepsiCo— por comercializar productos similares de una misma marca, pero con precios diferentes.

Desde la secretaría, a través de un comunicado, aclararon que las empresas aun no fueron sancionadas y que el tema se encuentra en instancia “de imputación”. Es decir, las compañías aun tienen la posibilidad de hacer su descargo. En el caso de que efectivamente se acrediten que hubo alguna falta, las multas para cada una de las empresas puede ascender a un máximo de $550 millones.

Según explicaron desde la secretaria, estas empresas modificaron mínimamente una propiedad o el peso de alguno de sus productos lo que les permitió incrementar sus precios. Esta práctica, señalaron, puede representar un incumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor (Nº 24.240).

“Por un lado, no se estaría informando de manera cierta, clara, y detallada las diferencias existentes entre bienes de igual categoría, marca y sabor. Por el otro, estas prácticas pueden confundir al consumidor sobre la naturaleza del producto y sus principales características, motivando al error, y promoviendo la adquisición de un bien no deseado”, indicaron desde la Secretaría de Comercio Interior.

Según detallaron, la empresa Mondelez ofrece sus galletitas Pepitos en dos presentaciones con rótulos similares. “Ambos paquetes se comercializan bajo el nombre “Pepitos Original”, utilizando idéntico envoltorio en cuanto a color, diseño y frases. Sin embargo, existe la diferencia de 1 gramo en el peso neto (118 gramos y 119 gramos) y un incremento de más del 50% en el precio final. También, en el rótulo del envase de 119 gramos, se lee la leyenda “con chispas Cadbury”. Independientemente de que esta cualidad exista y sea efectivamente el diferencial entre ambos productos, la misma podría no advertirse frente a la multiplicidad de estímulos que contienen los rótulos”, precisaron.

En el caso de Bagley, la posible sanción es por su producto galletitas Sonrisas. De acuerdo al relevamiento realizado por la secretaría, la marca presenta dos versiones prácticamente idénticas con una diferencia de 10 gramos en su contenido neto y un precio de venta 30% más alto.

Por último, señalaron que en las góndolas de los comercios conviven dos versiones de palitos salados Pehuamar, de la empresa Pepsico, con una diferencia de 6 gramos en su peso neto y aproximadamente 15% de suba en el precio final.

“Al examinar previamente los rótulos y las etiquetas de los productos, se evitan ventajas comerciales, se impide la existencia de vacíos informativos y se previene la inclusión de mensajes con expresiones ambiguas o incompletas que induzcan a una decisión de compra equivocada o inconsciente”, justificaron desde la secretaría de Comercio Interior.

La creación hace una semana del mecanismo de control de etiquetas y rótulos sumó más tensión a la relación entre el Gobierno y las empresas alimenticias, que ya venía golpeada en las últimas semanas por la creación del Sistema de Información para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre), que exige a información de 1.000 grandes compañías sobre precios, niveles de producción y stocks. Las empresas de consumo masivo vienen advirtiendo sobre un mayor “nivel de intervencionismo” del Gobierno a partir de la aceleración de la inflación y el calendario electoral.

Esta semana, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) impuso un reclamo administrativo contras las nuevas normativas de la Secretaría de Comercio Interior. Desde el sector advirtieron que al congelamiento de precios (correspondiente al Programa de Precios Máximos) se sumaron nuevas medidas como la exigencia de informar mensualmente los precios vigentes y las cantidades vendidas de todos sus bienes finales o intermedios, así como también el stock de todos sus productos.

“Entre los principales fundamentos se hallan la ilegalidad, ilegitimidad e inconstitucionalidad de dicha resolución; asimismo, considerando los inconvenientes técnicos lejos está de ser una medida que atienda a la real situación que atraviesan las industrias de alimentos y bebidas, intensifica la carga burocrática de las empresas demandando mayores recursos para atender la normativa establecida, lo que atenta contra la viabilidad, competitividad y sustentabilidad de la industria”, señalaron.

En la misma línea, pidieron la derogación de la Resolución 283/21 que creó el Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas (SIFIRE). “En el marco de una emergencia sin precedentes se definen reglas de juego que van más allá de la misma, lejos de reconocer la situación crítica que atraviesan los sectores. Más burocracia, más carga tributaria y desincentivos a la creación de empleo e inversiones, no hacen más que alterar el normal desenvolvimiento de las actividades económicas e incentivar la informalidad”, afirmó Daniel Funes de Rioja, presidente de Copal.

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