Más tensión con las empresas: el Gobierno creó un nuevo sistema para aprobar o rechazar las etiquetas de los productos

El Gobierno acaba de implementar un nuevo sistema para controlar el etiquetado de los productos de consumo masivo y que será obligatorio para empresas de determinados rubros de consumo masivo. A través de una resolución publicada este miércoles, la Secretaría de Comercio Interior, que encabeza Paula Español, dispuso la creación del Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas (SIFIRE) con el objetivo de “prevenir engaños” en la información que contienen los rótulos o etiquetas.

El sistema —que será de carácter obligatorio para las empresas— revisará que todos los productos de categorías como alimentos, bebidas, perfumería, aseo, cuidado personal y limpieza doméstica pasen por este nuevo proceso de fiscalización antes de su comercialización.

Esta medida suma más tensión a la relación entre el Gobierno y las empresas alimenticias, que empeoró en las últimas semanas por la creación del Sistema de Información para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre), que exige a información de 1.000 grandes compañías sobre precios, niveles de producción y stocks. Las empresas de consumo masivo vienen advirtiendo sobre un mayor “nivel de intervencionismo” del Gobierno a partir de la aceleración de la inflación y el calendario electoral.

Es que esta nueva instancia de control podría apuntar también a controlar a las empresas que suelen lanzar nuevos productos con algún agregado pero de características similares a los que se encuentran en los listados de los programas Precios Máximos o Precios Cuidados para poder comercializarlos por fuera de estos listados.

“El objetivo es garantizar la transparencia y competencia leal entre los distintos bienes disponibles en las góndolas”, explicaron desde Comercio Interior a través de un comunicado. Según la resolución 283/2021, el nuevo mecanismo de control estará a cargo de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores.

Para obtener la aprobación de sus etiquetas, las empresas deberán presentar documentación específica de sus productos. Por ejemplo: gráficos a colores del rótulo y etiqueta para cada una de sus presentaciones; datos del importador o fabricante; marca o modelo, artículo o nombre del producto, país de origen, descripción y composición de los productos fabricados o importados; información completa de sus componentes, materias primas, aditivos, métodos de elaboración y fraccionamiento o envasado; propiedades y prescripciones o indicaciones para consumo.

Toda esta documentación tendrá carácter de declaración jurada y, según advirtieron desde la Secretaría de Comercio, será tratada de forma reservada. La Subsecretaría de Acciones para la Defensa de los Consumidores contará con un plazo de 10 días hábiles administrativos para analizarla y presentar su respuesta de conformidad. En tanto, si se advierte la existencia de “indicaciones falsas” acerca de las características del producto será rechazada.

La implementación del sistema se aplicará a partir de los 30 días de entrada en vigencia de la resolución. Si no cumplen con la presentación, las empresas podrán ser sancionadas de acuerdo a la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que pueden alcanzar los $5 millones, y el Decreto Nro. 274/19, que estipula hasta $550 millones (10 millones de unidades móviles) en multas.

“El SIFIRE es una medida estructural que protege a los consumidores y apunta a reducir el error o confusión que muchas veces generan las nuevas presentaciones de productos que difieren nula o mínimamente de otros ya comercializados especialmente en aquellos rubros de carácter esencial, habitual y del ámbito doméstico y familiar”, explicaron desde el ministerio.

“Al examinar los rótulos y etiquetas de los productos se evitan ventajas comerciales por incumplimientos al régimen legal aplicable, se impide la existencia de vacíos informativos y la inclusión de mensajes con expresiones ambiguas o incompletas que induzcan a una decisión de compra equivocada”, agregaron.

Precios máximos y cuidados

El Gobierno acaba de extender el programa de Precios Máximos hasta el próximo 15 de mayo en las mismas condiciones en las que venía funcionando, es decir, sin que se autoricen los aumentos que reclamaban las empresas y con los mismos productos que ya estaban incluidos en el plan vigente, que vencía este 31 de marzo.

El plan que congeló los valores de los alimentos al precio que tenían el 6 de marzo de 2020 y luego realizó dos ajustes, pero aún así no impidió que la suba de precios en el rubro Alimentos y Bebidas haya superado al promedio de la inflación que mide el Indec, que cerró en 42,1% el año pasado frente al 36,1% de la inflación general.

Respecto de Precios Cuidados, el 7 de abril vence la renovación trimestral. Con la información presentada por las empresas sobre los aumentos que tuvieron en los costos, la secretaría de Comercio les indicará qué aumentos tendrán autorizados para el período de abril a junio. Muchas empresas esperaban contar con algún “deslistamiento” de productos, lo que hasta ahora no ocurrió.

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