Un artículo publicado esta semana en la revista especializad “The Economist” asegura que la prioridad del Gobierno argentino es ganar las elecciones legislativas previstas para octubre antes que cerrar un acuerdo con el FMI. En el texto, citan a una fuente de Casa Rosada que aseguró: “Estamos poniendo carne a la parrilla para aquellos que nos pusieron en el poder. Las deudas pueden esperar”.
En la nota se detalla que la deuda argentina incluye USD 45.000 millones con el FMI, lo que representa alrededor de USD 1.000 por argentino. “El país no puede hacer frente a sus reembolsos”, aseguran y recuerdan que así lo admitió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la que calificaron como “figura central” de la “conflictiva” política local. “El Gobierno necesitará un nuevo préstamo del FMI a largo plazo. Pero no tiene prisa por acordar”, señaló el texto artículo.
Según The Economist, desde que llegó a un acuerdo de deuda con sus tenedores de bonos privados en septiembre del año pasado, el Gobierno argentino hizo algunos intentos para reducir el déficit (que alcanzó el 8,5% del PBI en 2020) en el marco de la pandemia: con mayores impuestos, exportaciones de soja y el compromiso de reducir la emisión. Pero, por el contrario, señalaron como negativas otras medidas a las que recurrió el Gobierno: límites a los precios, prohibiciones de exportación, subsidios a los servicios públicos y los controles de capital.
“El Gobierno cuenta con las exportaciones de materias primas para llenar sus arcas después de la cosecha de este mes y el próximo. Los precios del trigo están cerca de su nivel más alto desde 2014. También espera más de USD 4.000 millones, si los accionistas del FMI acuerdan nuevos derechos especiales de giro para sus miembros, lo que permite que los países pidan prestado reservas entre sí. Esta entrada de dólares debería ser suficiente para estabilizar el peso y cancelar con el FMI los pagos de este año. Después de eso, la deuda no puede esperar mucho más. Argentina deberá obtener un nuevo préstamo o dejará de pagar el anterior”, señaló la nota.
En el artículo, se destaca, que la Oficina Anticorrupción presentó una demanda contra el ex presidente Mauricio Macri y cuatro funcionarios del Gobierno anterior que negociaron el préstamo del FMI en 2018. Y que el Gobierno espera un plazo de más de 20 años, cuando el Fondo solo puede ofrecer un préstamo de la mitad de ese plazo.
También aseguran que el FMI requerirá un plan económico serio que incluya estabilidad y crecimiento. “El crecimiento facilitaría el control del déficit presupuestario sin los sacrificios sociales que erosionan el apoyo al Gobierno. Un déficit presupuestario menor ayudaría a controlar la inflación, lo que mejoraría la competitividad de la Argentina e impulsaría las exportaciones. Se necesita estabilidad para que el crecimiento despegue. Y el crecimiento es necesario para que la estabilidad dure”, explicaron.
Según The Economist, un plan bien diseñado debe contemplar la ampliación de la base impositiva de la Argentina, para bajar los impuestos y dejar de empujar empresas a la economía informal. También indexar el gasto público, incluido las jubilaciones, por la meta de inflación que el Gobierno pretende lograr, en lugar de la inflación pasada. “El precio de los servicios públicos debe acercarse a su costo y su regulación debe alejarse de la política”, agregaron.
Sin embargo, el artículo señala que si buen esas reformas pueden ayudar a la Argentina, también le costarían votos al Gobierno, que no está dispuesto a correr ese riesgo cuando su porcentaje de aprobación cayó del 84% al 38% desde el inicio de la pandemia, en parte por el escándalo de la vacunación VIP.
“El Gobierno tiene un motivo adicional para la reelección. La victoria les permitiría aprobar nuevas leyes que regulen los nombramientos de los jueces, lo que podría bloquear el enjuiciamiento de la vicepresidenta por cualquier causa de corrupción de sus anteriores gobiernos”, concluyeron.
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