El próximo 31 de marzo vence el plazo del decreto que postergó los aumentos en los precios de los alquileres —que deberán pagarse a partir de abril— y suspendió los desalojos. Ante la decisión del Gobierno de no volver a extender esas medidas más allá del plazo ya previsto, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) pidieron al Gobierno tomar decisiones a la “altura del volumen y la urgencia del problema” para ayudar a los inquilinos.
“A partir del 1° de abril, los hogares inquilinos deberán hacer frente al pago de su alquiler actualizado y de las deudas contraídas. En el caso de deudas del monto del alquiler, con intereses. Esto será imposible de afrontar para muchos hogares”, señalaron en un comunicado desde la ONG afín al gobierno.
Según una encuesta que realizó el Cels y la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) durante septiembre pasado, el 65% de los inquilinos del AMBA había perdido ingresos y el 80% había contraído deudas para afrontar gastos cotidianos. Por otro lado, los resultados de la última encuesta de la Federación de Inquilinos Nacional mostró que cerca de 300.000 hogares arrastran deuda de hasta cinco meses.
“Si bien se han levantado las medidas de ASPO y la economía se ha reactivado, muchos inquilinos no han vuelto a conseguir empleo y los que lo han hecho, acarrean deudas que no saben cómo van a pagar. Además, muchos propietarios han iniciado juicios durante 2020. Por eso, apenas finalice el plazo del decreto, muchos de estos casos judicializados comenzarán a dictar desalojos”, agregaron.
Desde la ONG advirtieron que se trata de una situación de emergencia, con un “escenario inminente de multiplicación de desalojos”. Y consideraron que las declaraciones públicas de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo y Hábitat son “preocupantes” por su falta de precisión y de comprensión de la dimensión y urgencia del problema.
Hace algunas semanas, el titular de esa cartera, Jorge Ferraresi, había argumentado que el DNU no se extiende porque ya está reglamentada la Ley de Alquileres. Y anticipó que previo a los desalojos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá implementar instancias obligatorias de mediación y los contratos tendrán que estar inscriptos en el registro de AFIP para poder desalojar a un inquilino.
Sin embargo, desde el Cels aseguraron que no es correcto que la nueva Ley de Alquileres indique instancias obligatorias de mediación prejudicial. Y que el registro de la AFIP aplica solo a los alquileres firmados después de la sanción de la ley. “El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat aún no cuenta con un equipo específico para trabajar la problemática de los alquileres, a pesar de que son órgano de aplicación de la ley de alquileres nacional. El discurso de la mediación, además de erróneo, supone abordar el problema de manera individual, y no como un tema estructural”, destacaron desde la ONG.
Desde el organismo, propusieron al Gobierno la continuidad de las medidas de protección para evitar los desalojos, tal como establece el decreto 320/20, y la aplicación de “instrumentos de ayuda económica —como subsidios y créditos— de mediano plazo para que los inquilinos puedan desendeudarse y, al mismo tiempo, sostener el pago del alquiler”. También pidieron, entre otras medidas, que el sistema tributario desincentive la “ociosidad” de las viviendas. “En la Ciudad de Buenos Aires, el propio IVC reconoció la existencia de más de 150.000 viviendas vacías, en un contexto de aumento del déficit habitacional”, señalaron.
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