Intervención reforzada: a un año de los controles de precios, el Gobierno va por más y tensa la relación con las empresas

La decisión oficial de implementar el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre) generó un fuerte malestar en el mundo privado. Preocupa el uso que puedan hacer de la información

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, controlando los precios del acuerdo de la carne en una cadena de supermercados
La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, controlando los precios del acuerdo de la carne en una cadena de supermercados

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, participó este martes de la reunión de comité ejecutivo de la UIA, y no les dijo ni una palabra a los industriales. Se estaba cocinando al interior de la secretaría de Comercio Interior, que depende de su cartera, la resolución 237 con la que muchos empresarios se desayunaron ayer por la mañana, al verla publicada en el Boletín Oficial. Pero la discusión con el ministro pasó por otro lado: la preocupación oficial era que la central fabril dejase de remarcar que había problemas con las importaciones cuando el objetivo del Gobierno es defender la producción.

El presidente de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, hizo referencia al programa “Precios máximos”, como es habitual, pero del flamante régimen informativo ni se habló. La oficialización del Sistema de Información para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre), a través del cual el Estado obtendrá información de unas 1.000 grandes empresas sobre precios, niveles de producción y stocks, recalentó los ánimos en el sector privado, que ya viene advirtiendo un mayor nivel de intervencionismo a partir de la aceleración de la inflación y el calendario electoral.

Matías Kulfas y Martín Guzmán
Matías Kulfas y Martín Guzmán

Si bien algunos sectores productivos ya venían acostumbrados a los controles, como por ejemplo el alimenticio, este régimen informativo buscará seguir de cerca los precios y abastecimiento de varios rubros, lo que generó reacciones adversas al interior de todas las cadenas productivas afectadas. Preocupa no sólo el trabajo que implicará la recolección de toda la información, sino también el uso que pueda llegar a darle el Gobierno. “Hay mucho malestar en muchas cámaras, por ejemplo en el sector automotriz y en el de laboratorios por el tema burocrático y porque sienten que todo esto es para frenar la inflación”, dijeron en la UIA, al tiempo que remarcaron que la suba de precios es un problema macroeconómico.

El ministro Kulfas, al igual que su par de Economía, Martín Guzmán, también reconoce que el problema de la inflación es “multicausal” y que sólo con controles de precios no se la combate. De hecho, pese al programa de “Precios máximos”, que congeló los valores de los alimentos a los que tenían el 6 de marzo de 2020 –aunque luego hubo dos ajustes en el año–, la suba de precios en el rubro superó al promedio del IPC (cerró en 42,1% el año pasado) y en la segunda semana de marzo trepó al 55% interanual, según datos de la consultora Seido. Pero el intervencionismo igualmente avanza.

El ministro Matías Kulfas participó el martes de la reunión de comité ejecutivo de la UIA y ni mencionó la existencia del SIPRE, lo cual generó un fuerte malestar
El ministro Matías Kulfas participó el martes de la reunión de comité ejecutivo de la UIA y ni mencionó la existencia del SIPRE, lo cual generó un fuerte malestar

El Gobierno comenzará a aplicar el Sipre con los sectores de alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza; construcción; química y agroquímica; electrónica y electrodomésticos, y muebles (abarcan unas 500 grandes empresas) y en una segunda etapa seguirán con producción de químicos generales, metalmecánica, entre otros. Las compañías deberán presentar la información de forma mensual a través de una plataforma digital.

“En el mundo existen las leyes de competencia y de lealtad comercial. Acá parece que hay que poner otros elementos o amenazar con la Ley de Abastecimiento y avanzar pidiendo todo este tipo de datos que, en el caso de la industria de la alimentación, ya la tienen porque la política de control de precios que existe sobre la alimentación es permanente”, señaló Funes de Rioja en declaraciones radiales. En diálogo con Infobae, el dirigente agregó que “si lo que se requiere es a los efectos estadísticos, es inoportuno por la carga que están teniendo las empresas en el marco del Covid”. “Insistimos en que la Ley de Abastecimiento no puede ser el sustento en el que se respalden estos requerimientos informativos por cuanto es de carácter inconstitucional y eso hace que la vayamos a objetar en todas las ocasiones que así corresponda”.

“Esta medida genera un clima de negocios malo; vamos a terminar en una caza de brujas contra las empresas” (Ginman)

A su vez, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, remarcó que “preocupan este tipo de medidas que implican un monitoreo interno de la operatoria de las empresas” y que esta “injerencia estatal no es una buena señal”. “Esta medida genera un clima de negocios malo; vamos a terminar en una caza de brujas contra las empresas”, enfatizó el directivo. “Acá hay una finalidad estadística y por otro lado un mensaje político. Se han puesto a contarle las costillas a todos”, señalaron fuentes del supermercadismo, que ya deben informar precios diariamente a Comercio Interior.

Prórroga de “Precios máximos”

Este régimen informativo se conoció en momentos en que el sector alimenticio viene dando una intensa pelea al interior de la Secretaría de Comercio en materia de precios y costos. El programa de “Precios máximos” cumple esta semana un año y no sólo no fue desarmado sino que no está en los planes oficiales darlo de baja durante este año. Por lo pronto, vence a fin de mes y a algunas empresas ya les adelantaron que se extenderá por 60 días más y que el objetivo es seguir deslistando categorías en la medida en que se vaya reforzando el plan “Precios cuidados”.

“Insistimos en que la Ley de Abastecimiento no puede ser el sustento en el que se respalden estos requerimientos informativos” (Funes de Rioja)

Pero por ahora, según pudo saber este medio, no habrá nuevos productos que queden afuera del programa. Lo que Comercio Interior sí está haciendo es autorizar un nuevo incremento de precios a los ítems que había deslistado en enero pasado, dijeron fuentes empresarias. “En enero nos habían dado un aumento promedio de 6% y ahora nos autorizaron entre 4% y 5%, pero no me sacaron nuevos productos, por lo que vamos a evaluar si dejamos la misma oferta de artículos en Precios cuidados o no”, plantearon en una importante empresa de consumo masivo.

Respecto del programa Precios Cuidados, el 7 de abril vence la renovación trimestral, por lo que las empresas están completando las planillas respectivas con los aumentos de costos que tuvieron en los últimos tres meses para presentárselas al Gobierno. Con esa información, Comercio les indicará qué aumento de precio tendrán autorizado para el lapso abril-junio. Muchas empresas estaban esperando poder contar con algún deslistamiento extra antes de evaluar cómo continuar con este plan, pero por ahora no hay novedades al respecto.

En materia de costos, la cartera productiva inició semanas atrás un trabajo con la cadena alimenticia para detectar cuáles fueron los principales productos que subieron y que presionan al alza los precios de los alimentos, pero por ahora sólo hubo un solo encuentro con el sector de insumos no alimenticios. Quedan otras cuatro mesas por convocar. Mientras tanto, las listas de precios de los proveedores siguen llegando.

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