El Gobierno nacional inició hoy el proceso de audiencias públicas mediante el cual pondrá en discusión el costo del precio del gas a boca de pozo y el margen que deberá asumir mediante subsidios, así como la actualización del transporte y la distribución mediante un cuadro tarifario de transición que pondrá punto final a dos años de congelamiento.
La jornada de hoy contó con la presencia de asociaciones de usuarios, particulares y la Asociación de Distribuidoras de Gas (Adigas) y el eje estuvo puesto sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema (Pist), que representa aproximadamente el 40% de la factura, y el porcentaje de ese costo que el Estado nacional asumirá mediante subsidios y lo que deberán afrontar los usuarios, en el marco del Plan de Promoción del Gas Natural Argentino 2020-2024.
Una de las voces que habló por las empresas fue Daniel Martini, director ejecutivo de Adigas, quien en su presentación hizo referencia a que las variaciones en el costo del gas “deben ser reconocidas a través del mecanismo de “pass through”, que garantice para las distribuidoras el principio de la neutralidad económica que se encuentra definido en las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución”.
Asimismo, hizo referencia a que aún así, la eventual decisión de aumentar el precio del gas en la tarifa “afectará a las distribuidoras ya que se generarán sobrecostos que no son asumidos por el pass through y que podrían alcanzar hasta $5.400 millones durante 2021″.
A partir de esto, Martini señaló que “resulta necesario finalizar el congelamiento de tarifas y es atribución del Estado decidir la manera en que instrumenta los subsidios, sea a través de procesos de segmentación y/o de la profundización de la Tarifa Social”.
El director ejecutivo de Adigas no habló en forma individual por cada empresa, las 9 distribuidoras del país, quienes harán su presentación mañana. Según pudo reconstruir Infobae, las compañías ya presentaron sus pedidos de aumento de tarifas que van desde un incremento de 128% a 148%. Sin embargo, teniendo en cuenta la idea del Gobierno de desarrollar una tarifa de transición, las empresas entienden que su eslabón debería tener un aumento de 50 por ciento.
Posteriormente, la diputada del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, defendió la política para el sector energético del mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Hizo una defensa cerrada del programa de subsidios y apuntó contra las empresas de producción, transporte y distribución “que fugaron millones de dólares por los excedentes que tuvieron porque fueron beneficiados por la política tarifaria del Gobierno anterior”.
En la vereda de enfrente, la diputada de Juntos por el Cambio por Mendoza, Jimena Latorre, señaló que esta convocatoria “es para legitimar el porcentaje de subsidio con el que el Tesoro Nacional va a intentar sostener la importación de gas para el abastecimiento de la demanda primaria en 2021, que luego de la caída de la producción en 2020, y aún ante una caída de la demanda que no alcanza a cubrir la producción local” expresó Latorre al comenzar su exposición”.
“La ampliación de los subsidios energéticos para la compra de gas importado en un año de elecciones viene a enmascarar una política eleccionaria”, destacó.
Por otra parte, Latorre señaló que los precios para cubrir la demanda ya fueron fijados sin blanquear estructuras de costos, “la fiesta ya se celebró y nos están llamando a los argentinos a la hora de pagarla, esta audiencia es para legitimar la fiesta de subsidios del populismo que igualmente pagarán todos los argentinos a través de mayor presión tributaria, menor inversión y peor calidad de servicio”, sentenció.
La legisladora radical de Mendoza criticó el Plan Gas -el plan por el cual se establece un precio que incentive la generación gasífera- y luego varios oradores le recordaron que ese programa ese programa se inició en el gobierno de Cambiemos, en cabeza del ex ministro Juan José Aranguren.
“El problema no es de tarifas, el problema es la economía deteriorada, el congelamiento tarifario sin estabilidad económica. El problema real es la pérdida del autoabastecimiento y la vuelta a la dependencia de la importación de gas a los precios que ya vimos en un período de caída de más del 12% de la actividad económica, con niveles mínimos récord de demanda energética. Esos dólares que no tenemos y se utilizarán en la importación de gas, son los que faltan para producir”, afirmó Latorre.
Más fondos
En paralelo a la audiencia pública, la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto, señaló hoy que las opciones para cubrir el costo del fluido a fin de atender la demanda prioritaria -que comprende a los usuarios residenciales y determinados comercios- pasan por la asignación de partidas presupuestarias adicionales o por correcciones tarifarias de entre 17% y 35%.
”En la actualidad entre el 55,7% y el 60% del costo total del gas natural es afrontado por Estado nacional”, precisó Videla en la apertura de la audiencia pública virtual convocada por la Secretaría de Energía para tratar el precio del hidrocarburo a boca de pozo.
La funcionaria aclaró que el análisis oficial parte de los supuestos contemplados por un lado en el Presupuesto 2021 y, por otro, en las proyecciones del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) difundidas por el Banco Central. Sobre esa base se busca definir la tarifa transitoria que regirá hasta tanto concluya el análisis de una nueva revisión tarifaria integral (RTI) por parte de los entes reguladores respectivos, según informó Telam.
En el caso del gas, Videla Oporto describió que “las opciones van desde que el Estado asuma la totalidad de ese costo fiscal que representa el incremento del precio del gas; que distribuya ese valor en todos los usuarios de igual manera; o que se aplique una segmentación tarifaria real”.
La subsecretaria precisó que el costo fiscal total vigente del gas natural afrontado por el Estado nacional para 2021 es de entre $ 110.586 millones y $ 132.963 millones. Y requeriría partidas adicionales del Presupuesto -no previstas en la actualidad- que van desde $ 36.736 millones hasta $ 56.087 millones, según el escenario que se tome. ”La alternativa es una corrección tarifaria en las facturas finales, de 17% a 23% según las pautas fijadas en el Presupuesto, y de 26% a 35% de acuerdo con las estimaciones del REM”, puntualizó Videla.
En la situación actual la factura promedio de marzo, para un usuario R31, sin impuestos, es de $ 702 en la distribuidora A y pasaría en julio a $ 2.160; pero de cumplirse la pauta presupuestaria, saltaría en julio a $ 2.653. Para la distribuidora B, en ese mes del invierno el aumento del gas llevaría la factura, respectivamente, a $2.396 o a $ 2.956.
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