El Ente Regulador de Electricidad (ENRE) formalizó la decisión prorrogar la prohibición del corte del servicio eléctrico a usuarios de las distribuidoras eléctricas que proveen de energía al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por deudas previas al 28 de febrero que se hayan originado o agravado durante la vigencia del aislamiento social o el distanciamiento social dispuestos por la pandemia de coronavirus. Ya había sido anunciado la semana pasada pero hoy se publicó en el boletín Oficial.
Lo hizo a través de la resolución 58/2021, publicada hoy, en la que se instruyó a Edenor y Edesur a que “se abstengan de suspender el suministro a aquellas personas usuarias” que tengan deuda originadas por las restricciones adoptadas desde marzo de 2020.
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A partir de las diversas instancias con asociaciones de usuarios, las multisectoriales, las cámaras de comercio, los municipios, las organizaciones sociales y entidades como la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas, la Intervención del Ente registró “las campañas de intimación de pagos con amenaza de corte de suministro llevadas a cabo por las distribuidoras”.
La resolución estableció también que las empresas deberán informar el monto que las personas usuarias mantienen como saldo adeudado, al 31 de diciembre del 2020, y las deudas que se originaron entre el 1° de enero y el 28 de febrero del 2021, para que dichos montos puedan ser percibidos conforme a las pautas que establezca el Ente.
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Asimismo, a fin de que las personas usuarias puedan abonar los consumos actuales evitando incurrir en nuevas deudas, se instruyó a las concesionarias a que emitan la liquidación de servicio público incluyendo únicamente los importes correspondientes a los consumos del período, la carga impositiva y, si corresponde, las cargas municipales.
Esta decisión busca “velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad del servicio público de distribución eléctrica, ponderando la realidad socioeconómica de las personas usuarias”, expresó el ENRE.
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“Del mismo modo, tiende a evitar la exclusión de numerosas personas usuarias de los servicios públicos de energía eléctrica, lo cual significaría un agravamiento del perjuicio social producido por la pandemia”, concluyó el organismo.
Antecedentes
La primera medida de estas características se implementó en marzo del 2020, cuando el coronavirus recién llegaba a la Argentina y el Gobierno, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 311/20 establecía la prohibición de los cortes por falta de pago de los servicios básicos como gas, luz, agua, telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable durante 180 días.
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Esta norma se estableció en el momento en que iniciaba el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y alcanzaba a todos los consumidores que adeudaran hasta tres cuotas, consecutivas o alternas, de cualquiera de esos servicios.
Luego, esta iniciativa se fue prorrogando a medida que pasaba el tiempo y, eventualmente, el Poder Ejecutivo también puso a disposición de los deudores un plan de facilidades de pago.
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Unos días atrás, el Gobierno dispuso un aumento en las tarifas de electricidad para empresas y comercios, que entonces dejaron de recibir subsidios. Según explicaron en la Secretaría de Energía, la medida busca corregir un “tratamiento desigual” en el costo de la energía que había entre usuarios de más de 300 Kv diarios.
Sin embargo, para la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA), esta suba es solo para un sector de la cadena y no tiene impacto en el valor que cobran las empresas distribuidoras de electricidad, que pidieron un incremento mayor.
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