Tarifas de servicios públicos: qué indicadores analizará el Gobierno para decidir quiénes recibirán subsidios

En poco más de 10 días el Gobierno y las prestadoras de servicios públicos comenzarán a discutir el nuevo cuadro tarifario. Con un escenario electoral a la vista, inflación creciente y una crisis de ingresos, el Ejecutivo se encamina a aprobar incrementos muy por debajo de las expectativas de las empresas y ya comienza a avisar cómo será el sendero que transitarán.

El presidente Alberto Fernández anunció en su discurso en la Asamblea Legislativa que llegó el fin de los congelamientos, algo que ya todos suponían teniendo en cuenta los niveles de subsidios establecidos en el Presupuesto 2021. Pero al mismo tiempo señaló que los aumentos que estaban previstos para este año no sucederán y que irán a una tarifa de transición.

En las empresas de servicios no saben muy bien qué significan las palabras del Presidente pero intuyen por las conversaciones que han tenido hasta ahora cómo será el esquema.

“Sabemos que los aumentos para este año serán los justos y necesarios para mantener la operación. Ni un peso más. La tarifa de transición tendría que haber empezado en 2020 y para este año ya tener un nuevo esquema tarifario, ahora todo se atrasó un año como mínimo”, explicaron a Infobae desde una prestadora de servicios públicos.

Lo que en realidad entienden las empresas que hizo el Gobierno fue plantar la semilla de los aumentos del modelo de la gestión Mauricio Macri con incrementos superiores al 130% “para poder aprobar muy poco y que la sociedad entienda que es un beneficio el aumento”.

En ese sentido, estiman que las discusiones “van a estar en torno al 10% y 20% pero más cercanas al piso que al techo”, explicaron desde otra compañía. “El problema va a ser la discusión a largo plazo, una nueva tarifa lleva como mínimo un año, eso no va a suceder hasta el 2022 y en 2023 volvemos a tener elecciones, lo que vuelve a complejizar todo el escenario”, agregaron.

Otro dato que dejó ver el Presidente fue la forma en la que se pagarán las tarifas. “Las tarifas deben ser justas, razonables y asequibles, permitir la sustentabilidad productiva y la justicia distributiva”, remarcó Fernández en la Apertura de las Sesiones Ordinarias, en la que prometió ponerle fin “al martirio” de tener que elegir “entre comer o pagar la luz y el gas”.

Un miembro del Gabinete nacional que estuvo en los balcones escuchando el discurso presidencial aseguró a Infobae que la idea es “avanzar en una segmentación. Es lo que en 2011 la vicepresidenta en ese momento presidente había anunciado como la sintonía fina”.

La segmentación que está pensando el Gobierno, y que las empresas aseguran que será difícil de llevar adelante, tiene en cuanta varios factores. “El que vive en Puerto Madero tiene que pagar la tarifa en su totalidad. Tiene los ingresos para hacerlo y no se lo puede seguir subsidiando”, explicaba el funcionario en los pasillos del Congreso.

Pero, frente a la pregunta respecto a qué puede suceder en otras zonas en donde los estratos sociales medidos por ingresos estén más mezclados, el ministro señaló que “se van a tomar varios indicadores que tienen que ver con los ingresos, por ejemplo, los gastos de tarjeta, los servicios que utiliza, los colegios a los que concurren los chicos y las cuotas que pagan, etc. Es obvio que en una misma cuadra puede vivir una persona que sus ingresos sean una jubilación y un ejecutivo de una multinacional, en ese caso, se verá el caso particular del jubilado y se solucionará”.

El punto a resolver es que sólo el 20% del mercado energético doméstico responde a viviendas de altos ingresos por lo que el resto de los consumidores tienen que sufrir aumentos que estén por debajo de la inflación proyectada que es de 29 por ciento. Sin embargo, en el gabinete económico ya se hizo carne que el único camino para reducir subsidios es subir tarifas y que en el medio de eso hay que proteger a la población y los votos. “Es difícil segmentar, pero por eso vamos a trabajar todo el año para hacerlo, es el camino a seguir”, confían fuentes oficiales.

Por ahora, la suerte está echada, las empresas de servicios públicos verán que las tarifas saldrán del freezer para pasar a la heladera y en ese camino no esperan un incremento que les permita mucho más que mantener a flote el negocio.

Plan Gas

En medio de esta discusión tarifaria, la Secretaría de Energía recibió hoy ofertas por 4,5 millones de metros cúbicos diarios adicionales, en el proceso de licitación de la denominada Ronda II del Plan Gas. Este volumen duplica la propuesta inicial formulada en diciembre pasado.

Así lo informó la Secretaría de Energía a través de un comunicado en donde señaló que el precio ponderado para este invierno es de USD 4,731 MMbtu, por cuestiones estacionales por encima de los USD 3,5 promedio convalidados para la licitación del bloque base de 70 MMm3 por los próximos cuatro años que se concretó en diciembre. Además, entre ambas empresas ofertaron USD 3.36 MMm3/día para los inviernos de los años 22, 23 y 24, a un precio promedio ponderado de USD 4.728 MMbtu.

Darío Martínez, secretario de Energía, dijo que “el Plan Gas sigue dando resultados reemplazando el gas importado por gas nacional. Estamos satisfechos con este nuevo aporte que hacen las empresas productoras dentro del Plan Gas que nos permite más que duplicar la oferta para la demanda de invierno que recibimos en la primera ronda”.

SEGUIR LEYENDO: