El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció hoy que iniciará una denuncia penal contra el gobierno de Mauricio Macri por el acuerdo de 55 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “He instruido para que se inicie una querella criminal para determinar quienes fueron los autores de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales públicos de la historia”, sostuvo el jefe de estado.
La justicia ya tiene una causa abierta por ese acuerdo. La tramitan la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal federal Franco Picardi, quien en diciembre del año pasado imputó a Macri y otros funcionarios de su administración. Así si el gobierno de Fernández presenta una nueva denuncia se sumará a ese expediente ya en curso.
La causa se inició en mayo del 2019 por una denuncia del ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno contra el ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Guido Sandleris y otros funcionarios de esa dependencia. Luego se sumaron otras denuncias, como la del ex diputado y actual director del Banco Nación Claudio Lozano contra Macri, el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el ex titular del BCRA Federico Sturzenegger, el ex ministro de Finanzas Luis Caputo, la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso y la ex titular del FMI Christine Lagarde, entre otros. La denuncia planteó que el acuerdo fue un ardid para un endeudamiento que solo tenía como objetivo la fuga de capitales del país.
Tras esa presentación, el fiscal Picardi amplió el requerimiento e incluyó en la investigación a Macri y el resto de sus funcionarios. “La presente investigación estará orientada a dilucidar si a partir de la suscripción del acuerdo con el FMI se habría profundizado un proceso llevado adelante por distintos funcionarios públicos que agravó notablemente una matriz de endeudamiento externo ya iniciada con anterioridad, permitiendo de este modo que perviva un proceso sostenido de formación de activos externos que, en caso contrario, hubiera sido imposible de continuar tal como se venía llevando adelante”, explicó el fiscal en su dictamen de diciembre pasado.
Para avanzar en la causa, Picardi pidió una serie de medidas de prueba, entre ellas informes y registros públicos sobre el acuerdo. “Se deberá establecer si fruto de un cúmulo de decisiones que comenzaron con la suscripción de la primer carta de intención con el mencionado organismo multilateral, y a sabiendas; se habría iniciado un nuevo ciclo de endeudamiento destinado; no a los fines declamados formalmente en los documentos suscriptos con el FMI, sino primordialmente a obtener divisas para su posterior fuga, en perjuicio de las arcas públicas”, trazó como norte del expediente.
Y resaltó que “puntualmente, la pesquisa deberá determinar si los funcionarios públicos a cargo de la administración de recursos estatales que habrían dirigido y encabezado este proceso obtuvieron, a raíz de ello, beneficios económicos indebidos para sí y/o para terceros (tales como otras personas físicas y jurídicas, fondos de inversión) y/o les proveyeron de información privilegiada en franca incompatibilidad con sus deberes funcionales. Similarmente, se intentará establecer si la hipótesis descripta se llevó adelante concertada y/u organizadamente entre ellos y/o con otros sujetos que no se desempeñaban en el Estado Nacional”.
Si el gobierno avanza con una nueva presentación se acumulará con el expediente que ya tienen la jueza Capuchetti y el fiscal Picardi. La excepción sería si la denuncia tiene algún aspecto distinto que los funcionarios judiciales entienden que debe investigarse en otra causa. El gobierno además podría pedir ser querellante en la causa y aportar información que la causa no tenga.
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