El Gobierno acusó a grandes empresas de consumo de generar desabastecimiento

La Secretaría de Comercio Interior, a través de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC), informó que “imputó” a las empresas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian, a las que acusó de retención en sus volúmenes de producción o de falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización. Hay que remontarse varias décadas atrás para encontrar otros casos de aplicación de sanciones por desabastecimiento a las compañías.

“Las imputaciones se realizaron luego de verificar que las mencionadas empresas habrían incumplido la intimación a incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda”, aseguró un comunicado difundido por el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Desde el ministerio, explicaron que se trata de un proceso administrativo a partir del cual se abre un expediente de oficio. La medida se tomó en el marco de la Resolución 100/2020, publicada el año pasado, que estableció el marco legal para la implementación del programa de Precios Máximos. Durante las fiscalizaciones en los comercios, los inspectores de la subsecretaría identificaron algunos faltantes en góndolas de productos de consumo masivo. Por eso, más tarde, realizaron inspecciones en las oficinas administrativas de diversas empresas proveedoras, lo que derivó en pedidos de información sobre stocks e inventarios de noviembre y diciembre de 2020, y enero de 2021.

En los casos en que se verificó una reducción en la producción o distribución de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y limpieza, las imputaciones consisten en darles a las empresas un plazo de cinco días hábiles para que acrediten ante la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC) haber dado cumplimiento a la norma. También se les requiere que restablezcan los niveles de stock registrados a noviembre 2020 y “arbitren las medidas conducentes para asegurar el transporte y provisión de los productos para su efectiva comercialización”.

Consultadas por Infobae, desde algunas de las empresas acusadas señalaron que se enteraron de la noticia por los medios de comunicación y que no recibieron aún la notificación oficial de la Secretaría de Comercio. En una de las compañías señaladas por no haber brindado la información requerida aseguraron que habían respondido al pedido del Gobierno el 8 de febrero pasado.

“Para encontrar medidas similares hay que remontarse al primer peronismo, cuando la inflación llega a dos dígitos, y a la década del 70, cuando en 1974 se sancionó la ley de abastecimiento. Luego, en el segundo gobierno de Cristina Fernández, con las amenazas a las empresas durante la gestión de Guillermo Moreno”, recordó el economista Iván Carrino, de la consultora Carrino & Asociados.

Históricamente, el hecho más reciente de aplicación de Ley de Abastecimiento –que fue sancionada en 1974 y modificada en 2014– fue en 2007, cuando Guillermo Moreno estaba al frente de la Secretaría de Comercio y abrió una causa judicial contra el entonces presidente de Shell, Juan José Aranguren, por desabastecer el mercado de gasoil. Hubo, incluso, un pedido de arresto contra las máximas autoridades de la empresa multinacional en el país.

En agosto de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se negociaba con las empresas petroleras un congelamiento de los precios de los combustibles, se apeló a esa vieja ley para lograr frenar los aumentos. Finalmente, no fue necesaria su aplicación y se llegó a un acuerdo con las compañías del sector.

En noviembre del año pasado, el presidente Alberto Fernández también habló de aplicar la Ley de Abastecimiento, luego de que se registraran faltantes de materiales de construcción. Aunque finalmente esa idea no se concretó. La ley mencionada faculta al Estado a intervenir en los mercados para fijar precios y márgenes de utilidad cuando lo considere necesario. Además, le permite aplicar sanciones, suspender comercios y realizar allanamientos y procedimientos en establecimientos industriales sin orden judicial.

“El Ministerio de Producción siempre habla de diálogo y buen vínculo con las empresas. Pero detrás de eso, está toda la fuerza del Estado para imponer precios. Les pedían a las empresas que vendan a tal precio y que no haya faltantes. No se puede controlar precio y cantidad al mismo tiempo. La empresa, cuando no tiene rentabilidad, sacrifica cantidad en aras del precio. No se puede hacer magia”, agregó Carrino.

Según el especialista, el Gobierno tiene una idea de que la producción y los precios dependen de una firma de un ministro. “El control total es una utopía. Si se llega a las últimas consecuencias con esto, vamos a ver muchas empresas que dejen el país. También hay una cuestión de demagogia absoluta. Donde más que un interés en resolver el problema de la inflación se busca un título en los diarios”, indicó.

El economista Roberto Cachanosky también coincidió en que este tipo de medidas buscan generar titulares, pero que terminan siendo poco efectivas. “Buscan un efecto de impacto en la población pero no tienen resultados concretos. El mercado ajusta por precio o ajusta por cantidad. Todos los controles de precios fracasan”, agregó. Y recordó el plan del ministro de Economía José Ber Gelbard durante la tercera presidencia de Juan Domingo Perón, que también proponía acuerdos de precios, que luego no lograron sostenerse y generaron una crisis peor.

“Las imputaciones a las empresas se basan en la resolución de emergencia. Cuestionan la baja de producción en momentos de violenta caída de los ingresos. Muchas veces, en las recesiones, las compañías prefieren mantener márgenes achicando stocks y producción y aumentando precios. En general, si se llega a sanciones terminan en multas que se apelan. Para resolver el problema macro de la inflación aportan poco, pero son señales políticas hacia las empresas y al interior de la coalición de gobierno”, indicó el economista Ricardo Delgado, socio de la consultora Analytica.

Las acusaciones del Gobierno

“Del análisis de la información remitida por las empresas se comprobó una importante caída de la producción o en la distribución de diversas gamas de productos”, detallaron desde el Ministerio de Desarrollo. Según la información oficial, en el caso de la multinacional Unilever –productora de alimentos, artículos de limpieza e higiene personal– detectaron una caída de casi el 100% en su inventario de aderezos.

En tanto, en la compañía alimenticia Danone, se comprobó una disminución relevante en la producción y despacho de quesos cremas y postres durante el trimestre relevado. Y en Procter & Gamble (P&G), que elabora productos de limpieza y para el cuidado personal, se identificó una reducción importante en el stock de varias presentaciones de productos de marcas de pañales y detergentes.

Según el detalle oficial, la panificadora y elaboradora de pastas Fargo tuvo una reducción en el stock de diversas presentaciones de ravioles y ñoquis, tapas de empanadas y de pan lactal en todas sus variedades. En aceites, la empresa local Aceitera General Deheza (AGD) acreditó una baja de inventario en su totalidad de marcas y presentaciones. Mientras que en la empresa Molinos Río de la Plata se relevó una reducción de inventarios de harinas, productos a base de arroz, arroz y aceites.

En la empresa Bunge, compañía global de agronegocios, también se corroboró una baja en el despacho de aceites envasados y una variación negativa de stocks de harinas. Por último la láctea Mastellone, la distribuidora de golosinas Potigian, la empresa regional de alimentos agroindustriales Molinos Cañuelas y el frigorífico Paladini no aportaron la información con el detalle requerido para realizar un análisis completo.

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