No parece haber ganadores por la ley de Góndolas y los Precios Máximos: se quejan las empresas grandes y las chicas

Las medidas económicas más contundentes suelen dejar un saldo claro de ganadores y perdedores. Las más ambiguas o “salomónicas”, en cambio, dejan a todos protestando. Algo de eso ocurre con las últimas decisiones oficiales orientadas al consumo masivo: la inminente renovación de Precios Máximos y las normas para la implementación de la Ley de Góndolas, ambas bajo la órbita de la Secretaría de Comercio. Curiosamente, en ninguno de los casos, los supuestos beneficiarios están conformes.

El próximo domingo vencerá el programa de Precios Máximos que impuso el Gobierno en marzo del año pasado y, a contramano de la promesa realizada a los fabricantes de alimentos y otros productos alcanzados, se renovará una vez más. La medida genera el previsible rechazo de los fabricantes.

Entre las alimenticias nucleadas en Copal, la cámara del sector, circula un breve informe de la consultora Macroview, del economista Rodolfo Santángelo, que analiza el impacto del congelamiento en los 2.300 precios afectados y la brecha de inflación con los precios libres. De acuerdo a ese relevamiento, lo llamativo es que, a pesar de la autorización para aumentar 4,5% en julio y hasta 6% en octubre, el plan de Precios Máximos no pudo evitar aumentos de hasta 21% -el caso de los panificados-, y de 18,9% en promedio.

La explicación, afirmaron, se encuentra en la diversidad de canales de venta. “Las grandes cadenas están muy controladas, los mayoristas algo controlados y en los demás canales como distribuidores, que venden en autoservicios y almacenes, prácticamente no hay control. Ahí es donde se puede mover un poco”, aseguraron fuentes de uno de los proveedores más importantes, donde remarcaron que “los grandes fabricantes estamos 100% controlados”.

En cualquier caso, ese porcentaje de incremento entre marzo y diciembre contrasta con la evolución de los precios libres, es decir ni regulados ni congelados, que anotaron una suba de 40,8% en esos diez meses mientras en el caso puntual de alimentos, la brecha es de casi 20 puntos. Según Macroview, los alimentos de precio libre registraron incrementos de 48,4% en ese mismo período y supera 55% en todo 2020.

Paradójicamente, el principal argumento del sector para reclamar el fin de Precios Máximos es precisamente el motivo por el cual se decidió su prórroga: la aceleración de los precios de los alimentos, muy por encima de la inflación general incluso en las mediciones del propio INDEC, que no discrimina entre congelados y liberados.

La extensión fue confirmada por la propia secretaria del área, Paula Español, quien para contrapesar insistió en que la idea del Gobierno sigue siendo eliminar el plan pero “paulatinamente”, con el deslistamiento de productos que viene ocurriendo en los últimos tres meses. Ese desarmado no es lo suficientemente veloz para los empresarios afectados, quienes esperaban para el 31 de enero el desmantelamiento total a cambio de una mayor presencia en Precios Cuidados. Fue ése el compromiso oficial asumido en octubre cuando, en medio de la fuerte corrida cambiaria, el ministro de Economía, Martín Guzmán, ensayó un giro a la ortodoxia y buscó enviar señales más amigables al mercado. Y también al FMI. Ahora, con un escenario del dólar más calmo y negociaciones con el Fondo dilatadas, pero precios igualmente recalentados, la mirada cambió.

La otra iniciativa oficial resistida por los grandes proveedores de los supermercados y las propias cadenas, la Ley de Góndolas, también cosechó imprevistos rechazos a raíz de las normas de implementación que definió Comercio, que acota el impacto de la ley tanto para el sector comercial como para los fabricantes.

Por un lado, se estableció una superficie mínima de venta de 800 metros cuadrados para la aplicación de la ley, lo que exime a todos los canales de venta que acumulan el mayor volumen de ventas. Por el otro, los productos dentro de Precios Cuidados también quedan exceptuados, lo que beneficia a los grandes proveedores que incluyen marcas líderes en este plan. El objetivo de fomentar la competencia y permitir el mayor acceso de pymes a las góndolas queda, en ese marco, algo desdibujado.

“La ley termina dirigida a grandes superficies donde ocurren las ventas programadas, que son sólo el 20% del volumen total”, aseguraron por caso desde la Cámara de Productores de Cerveza Artesanal, donde también hicieron foco en la excepción los productos de Precios Cuidados. “Los grandes fabricantes, locales y multinacionales, han incluido muchísimos productos en ese programa como parte de su estrategia de venta” lo que les permitiría conservar las ventajas que la ley, se suponía, morigerearía.

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