Tarifas: cuánto deberían subir los precios del gas y la electricidad según las empresas

El Gobierno le puso fecha al descongelamiento de las tarifas de los servicios públicos de gas y electricidad. A través del decreto 1020/2020 publicado este jueves en el Boletín Oficial, se extendió el congelamiento vigente por 90 días —hasta mediados de marzo— mientras los entes reguladores renegocian con las empresas los nuevos cuadros tarifarios, que luego se trasladaran a los precios que pagan los usuarios.

¿Cuánto podrían aumentar los servicios durante el próximo año? No hay un número oficial, pero fuentes del sector estiman que en el caso de las empresas distribuidoras de gas, luego de dos años de congelamiento, se acumuló un retraso en los precios del 90%, de acuerdo a actualizar la tarifa en base al Indice de Precios Industriales Mayoristas (IPIM). De ese total, un 40% se traslada a los usuarios y, por lo tanto, el aumento podría ser de entre 35% y 36%.

En el Decreto, estableció que serán el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) quienes estarán al frente del proceso de revisión de las tarifas. Ambos organismos están encabezados por dos funcionarios cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner: Federico Bernal, interventor del Enargas, y María Soledad Manin, interventora del Enre en reemplazo de Federico Basualdo.

Además, el Gobierno estableció que el plazo de renegociación de tarifas podrá durar hasta dos años, pero dentro de ese plazo puede haber “adecuaciones transitorias” de tarifas o “segmentación”, según corresponda para que haya una continuidad y normal prestación de los servicios públicos.

Las compañías del sector, recordaron que sus tarifas van a cumplir dos años sin aumentos, luego de los sucesivos congelamientos que se fueron extendiendo desde marzo y abril de 2019. “El decreto tiene dos noticias. Pone una fecha a lo que ya había anticipado el Gobierno para el descongelamiento y, sin más ambigüedades, da toda la responsabilidad a los entes reguladores. Es importante saber quién es el responsable. Está tácita la idea de que entre marzo y abril se iniciará u proceso de aumentos transitorios”, aseguraron desde el lado de las empresas.

En los últimos 15 años, la intervención de los entes fue una regla. Solo hubo una normalización institucional entre 2016 y 2019 porque los entes estuvieron intervenidos entre 2007 y 2015 y luego en 2020, recordó el economista Julián Rojo, director del departamento técnico del Institulo Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi. Una práctica común fue prorrogar las intervenciones cada 180 días.

“El decreto prorroga la intervención por un año y pone un plazo de dos años para hacer las revisiones tarifarias integrales (RTI). Es mucho tiempo teniendo en cuenta que ya venimos de dos años de congelamiento, que además se prorroga 90 días. El gobierno no tiene un plan energético y no hizo diagnósticos en este año, donde se intervinieron los entes y hubo dos secretarios de energía. Es congelar y después vemos. La pregunta es ¿hasta cuándo? El año que viene hay elecciones”, agregó.

A fines del noviembre, el Gobierno había adelantado que se implementarían aumentos en las tarifas de la electricidad y el gas a partir de marzo del año que viene, con un esquema diferenciado, según los ingresos de cada usuario. Pero, al mismo tiempo, advirtió que hay un porcentaje importante de la población que tiene que tener una tarifa subsidiada, según señaló en una charla el secretario de Energía, Darío Martínez.

Desde las empresas detallan que actualmente entre el 10% y el 15% de los usuarios cuenta con una tarifa social. “Tenemos que ir a una tarifa de transición. Aplicar la tarifa que estaba vigente con el Gobierno anterior tendría un impacto altísimo. Pagar la energía no tiene que significar que el usuario tenga que dejar de consumir, que tenga que dejar de comprarse vestimenta, o adquirir otros bienes y servicios para poder destinar más al pago de la energía”, señaló Martínez, hace unas semanas en un seminario organizado por el sitio Econojournal.

Según anticipó el secretario, la idea del Gobierno es avanzar hacia un uso más inteligente de los subsidios, que llegue realmente a los sectores más vulnerables, que no pueden hacer frente al costo real de la tarifa y que no se van a obligados a salir del sistema, pero sin aumentar el porcentaje de los subsidios respecto al PBI.

De esta forma, se implementaría un “esquema estratificado” donde se dividiría a los usuarios entre los que no pueden pagar las tarifas; los que puedan pagar, pero sin que les consuma un porcentaje más alto de sus salarios; y los que puedan acercarse a pagar el costo real de la energía, sin un gran impacto en sus ingresos en términos porcentajes.

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