
Las últimas cifras de comercio exterior divulgadas por el INDEC fueron escandalosas. Merecieron poco espacio en los medios por tratarse de un tema poco “sexy” y porque coincidieron con la suba imparable del dólar financiero. Las importaciones subieron a USD 4.100 millones, un aumento de 3,1% interanual y la cifra más alta en más de un año. En el mismo período las exportaciones cayeron más de 18%. El superávit comercial, que venía de USD 1.500 millones bajó abruptamente a USD 584 millones.
Este boom importador no tiene nada que ver con la actividad económica, que sigue mostrando fuertes desplomes en términos interanuales. Se trata, en realidad, de una reacción de las empresas que se apuran a comprar todo lo que pueden al dólar de USD 80, porque saben que después será mucho más complicado.
Pero además existe otro gran incentivo para acceder al mercado cambiario, que es la enorme brecha entre el oficial y el paralelo, ya cercana al 140%. En el mercado tienen bien identificados de quién se trata: “Los que están en la joda”.
Bajo esa denominación aparecen los especialistas en sobrefacturar importaciones para girar más dólares oficiales a una cuenta del exterior. O los que pagan afuera servicios inexistentes brindados por empresas vinculadas o directamente fantasmas. Se trata de empresas que conocen muy bien el circuito porque ya le sacaban provecho en el cepo “de Cristina”. Pero ahora la brecha es el triple que en aquel momento y los negociados demasiado grandes. Por supuesto el incentivo para pagar coimas a empleados que “ponen el gancho” también ha crecido exponencialmente.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, maneja en medio de la crisis sólo dos variantes posibles: una es sincerar el tipo de cambio, lo que encarecerá la compra de bienes importados y provocará un inmediato salto en la inflación. La otra opción es no tocar el dólar pero restringir el acceso a las divisas para importar. Es exactamente eso lo que está empezando a ocurrir ahora, pero las trabas irían creciendo con el paso de las semanas.

Con esta decisión se busca demorar todo lo posible el traslado a precios. En la medida que se pueda mantener medianamente abierta la canilla a los importadores, más lento se dará el salto inflacionario. Claro que al mismo tiempo habrá escasez de insumos importados y menos acceso a bienes para la producción. Esto implica que la economía se encamina a un freno todavía mayor. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, lo reconoció ayer con un término poco ortodoxo: “La economía se va a pegar un porrazo”. Para él, claro, toda la culpa es de la pandemia.
Según el ministro de Economía, hay reservas suficientes para defender la paridad cambiaria. Pero el Banco Central sigue sufriendo el drenaje diario, con ventas que hasta el 20 de octubre superan los USD 650 millones. Además, la desconfianza provoca un goteo de USD 50 millones diarios en los depósitos en moneda dura.
Claro que si algo ha perdido Guzmán es credibilidad. Nunca la tuvo, en realidad, pero había ganado algunos puntos tras el canje de deuda. Hoy los bonos argentinos rinden el 17% y los precios muestran que son pocos los que creen que se pagará la deuda luego de la reestructuración. Todo un récord mundial, habiendo pasado apenas dos meses y medio del cierre de las negociaciones. Ante esta falta de resultados, cuesta justificar la decisión del Presidente de darle mayor poder para la toma de decisiones.
El objetivo del equipo económico es sobrellevar los próximos meses con medidas de contención para evitar que un estallido producto de la situación cambiaria, evitando una megadevaluación. Básicamente se trata de tender un puente hasta la próxima cosecha, que viene con buenas perspectivas ante el aumento de la soja, que ya roza los USD 400 en los mercados internacionales. Se trata del valor más alto de los últimos años, ya que el precio se mantuvo durante mucho tiempo apenas por encima de los USD 300.
Un informe del Ieral, de la Fundación Mediterránea, calculó que el valor de mercado de la próxima campaña agrícola podría ubicarse entre USD 33.000 y los U$S 40.000 millones, aún considerando menores rendimientos del suelo por la sequía en algunas zonas del país. Se trata de un extraordinario volumen, que le permitiría al Central recuperar parte del stock de reservas y volver a tener cierto manejo de la política cambiaria. Al menos en la teoría.
En el escenario optimista, implicaría un volumen adicional de USD 6.800 millones respecto a la campaña 2020. La incógnita, por supuesto, es cuántos dólares finalmente terminarían entrando si es que no baja fuertemente la brecha. Los exportadores ingresan la menor cantidad de divisas posibles a la espera del “sinceramiento cambiario”.
Con tasas cero en el mundo y un fuerte aumento en los productos que más exporta la Argentina, las condiciones objetivas deberían jugar a favor de la recuperación económica. Pero se trata de una lectura demasiado inocente, que no tiene en cuenta el momento crítico que atraviesa la economía.
Con esta política del aguante hasta la próxima cosecha se asume un enorme riesgo, ya que faltan muchos meses por delante. Pero por otra parte el Gobierno no exhibe mayor capacidad de reacción. Guzmán ya avisó no hay margen de acelerar una reducción del déficit el año que viene, por lo que tendrá que seguir recurriendo a la emisión monetaria para hacer frente al agujero fiscal.
La expectativa está puesta en el acuerdo que se pueda alcanzar con el FMI, que debería dar algunas certezas para contener el tipo de cambio y empezar a recuperar la confianza.
El problema que enfrenta la Argentina es tanto económico como político. La seguridad jurídica, el respeto a la propiedad privada, los impuestos confiscatorios y una brecha cambiaria insostenible se suman para generar incertidumbre y desconfianza. Pero además existen enormes dudas entre los inversores sobre el margen de maniobra de Alberto Fernández, las presiones de Cristina Kirchner y las dudas sobre la dirección que quieren darle a la política económica, cada día más alejada a la de un país normal.
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