Al cabo de cinco días de reuniones en Buenos Aires, los enviados del FMI emprendieron hoy su regreso a los EEUU después de auscultar el clima político para un programa de refinanciación de uno USD 45.000 millones que, según el cronograma del inconcluso programa que el organismo había acordado con el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina debería empezar a cancelar en septiembre de 2021.
La visita en sí tuvo un carácter excepcional: a pedido del gobierno argentino, la directora del Fondo, Kristalina Georgieva, envió en misión “presencial” a dos funcionarios que ella misma promovió para tratar el "caso argentino –la norteamericana Julie Kozack y el venezolano Luis Cubeddu- con el objetivo fundamental de saber a qué tipo de acuerdo está dispuesto el gobierno y evaluar el terreno político y el grado de consenso que podría haber para ese eventual programa.
Por eso Kozack y Cubeddu –acompañados por el representante residente del FMI en la Argentina, el jamaiquino Trevor Alleine- además de verse con funcionarios se reunieron con empresarios, sindicalistas, dirigentes sociales y economistas como Carlos Melconian, Martín Redrado y Daniel Marx, a quienes recibieron ayer en reuniones separadas.
La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, señaló después de los encuentros con el Fondo que el stand-by, el formato que tuvieron 21 de los 22 acuerdos que la Argentina tuvo con el FMI, luce improbable, porque son acuerdos de corto plazo. La Argentina aspira a “un buen acuerdo”, que dé “tiempo para crecer achicando el déficit fiscal”, dijo Todesca. En otras palabras, quiere plazos largos de refinanciación, lo que calzaría en un “Acuerdo de Facilidades Extendidas”. Pero ese tipo de acuerdos incluye “condicionalidades” ya no solo fiscales. “Quizá podamos ponernos de acuerdo en esas condicionalidades que el FMI suele pedir o el organismo a lo mejor esté pensando en negociar algo distinto, no lo sabemos todavía”, señaló Todesca al diario Clarín.
En cuanto a las reuniones mantenidas fuera del ámbito gubernamental, un interlocutor del Fondo contó a Infobae su experiencia: “Fue un intercambio informal, preguntaron mucho sobre las reservas y el tipo de cambio; no vinieron en misión negociadora, sino a recoger visiones. Los vi colaborativos con la Argentina y esperando que la Argentina decida qué quiere hacer”.
Negociaciones
La aspiración del gobierno es una próxima misión técnica, que siente las bases de un acuerdo y podría comenzar en noviembre. Pero, como adelantó Infobae, el envío mismo de Kozack y Cubeddu fue fue un gesto de Georgieva. Hacía muchos meses que el FMI no enviaba misiones “presenciales” a ningún país, al punto que en junio pasado aumentó en USD 5.000 millones el crédito a Ucrania tras una negociación virtual y hace diez días concedió a Ecuador USD 6.500 millones (equivalente al 661% de la cuota de ese país en el FMI) después, también, de una negociación que tuvo lugar sólo a través de reuniones por Zoom y otros medios digitales.
La Argentina sigue siendo el principal deudor del Fondo, con el 32,6% de su cartera de préstamos, Ucrania es el segundo; si se cuenta el nuevo crédito, su porción roza el 11% de la cartera actual del organismo.
En las reuniones con empresarios y en especial con economistas las preguntas más reiteradas de los enviados, en particular de Cubeddu, fueron sobre la cuestión cambiaria, las reservas del BCRA y qué posibilidades tiene la Argentina de dar un “salto exportador”. Por eso preguntaron sobre las inversiones en la Hidrovía, principal medio de salida de las ventas argentinas al exterior y cuyos costos y logística son claves para la competitividad externa. No en vano Cubeddu es un especialista en “Balanza de Pagos” y el año pasado fue coautor –junto a la economista jefe del FMI, la india Gita Gopinath- de un informe sobre el peso de los manejos cambiarios y arancelarios para resolver los desequilibrios externos. Informe que siguen muy de cerca los principales accionistas del Fondo.
El presidente Alberto Fernández dijo hoy en declaraciones a un portal periodístico que un acuerdo con el Fondo serviría para “ordenar” los mercados si “entiende nuestras necesidades internas”, pero reiteró que el gobierno no buscará nuevos desembolsos de dinero.
En Washington, en cambio, el mensaje es que los países deben afrontar la “coronacrisis” con endeudamiento, no emisión monetaria. Allí reside el principal problema argentino: un bajísimo nivel de credibilidad, que se expresa en un riesgo país que subió fuertemente en las últimas semanas y está detrás de la caída de las reservas del BCRA, la escalada del dólar y una brecha cambiaria superior al 115%, que vuelve inviable cualquier programa económico.
Georgieva dice que el Fondo no está en “modo ajuste”. El viernes, remontándose a sus años en la Bulgaria comunista y a la dolorosa experiencia rusa tras la caída de la Unión Soviética, remarcó al Financial Times las “cicatrices” que dejan los ajustes si una crisis se estira demasiado y se vanaglorió de los USD 400.000 millones en nuevos recursos que el Fondo tendrá a su disposición antes de fin de año para ayudar a los países emergentes a combatir la crisis derivada de la pandemia de coronavirus. Se trata de la renovación del “Nuevo Acuerdo de Préstamos”. Pero a diferencia del capital propio del FMI en el uso de esos fondos la palabra de los prestamistas –principalmente EEUU- es aún más decisiva que la cuota que tienen en el organismo.
También la economista jefe del Banco Mundial, Carmen Reinhardt, dijo en la previa de la Asamblea Anual que el FMI y el BM realizarán a partir de esta semana de modo virtual, que la clave para que los países en desarrollo sobrelleven la crisis es que puedan endeudarse en vez de emitir dinero. Reinhardt fue aún más audaz cuando le preguntaron sobre el riesgo de una deuda excesiva. Es como en una guerra, dijo, uno primero se endeuda y cuando termina la guerra ve qué hacer con la cuenta.
Proposiciones así, sin embargo, lucen inaplicables en la Argentina actual, precisamente por el nivel de desconfianza y “riesgo-país”. Gustavo Neffa, director de Research for Traders y Fin.Guru, calculó que la curva de los Credit Default Swaps (CDS) de la Argentina indican ya una probabilidad de default de 32% a 5 años.
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