
El secretario de Política Económica, Haroldo Montagu, señaló este martes que el proyecto de Presupuesto 2021 es una iniciativa que apunta a “tranquilizar la economía”, al exponer los alcances de la iniciativa en el marco de un plenario de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. “Dado que el presupuesto es la guía más importante de las políticas públicas, se establece una guía plurianual para la política económica prudente, a raíz de la pandemia y no sobre la base de ilusiones”, agregó.
Ese cuerpo legislativo retomó esta tarde el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2021 con las exposiciones de Montagu, y de sus pares de Hacienda y de Finanzas, Raúl Rigo y Diego Bastourre, respectivamente.
En medio de la discusión sobre las próximas medidas a tomar en las que está trabajando el gobierno, Montagu hizo referencia al estado de liquidación del complejo agroindustrial y la caída que registra el sector.

“En lo que se refiere a la liquidación de divisas de cereales y oleaginosas en septiembre tuvimos liquidaciones por USD 79 millones por día, cuando en septiembre de 2019 se liquidaban casi 100 millones diarios. Estamos 21% por debajo de septiembre de 2019 en las liquidaciones de cereales y oleaginosas”.
En lo que se refiere al acumulado de las liquidaciones, el funcionario del equipo de Guzmán hizo referencia a que entre enero y septiembre de 2020 se registró “un valor relativamente bajo en términos de los últimos años. Se liquidaron alrededor de USD 14.000 millones, lo que nos retrotrae a valores cercanos a los de 2009. Veníamos creciendo desde ese año, pero en 2020 tenemos liquidación de divisas por ventas de cereales y oleaginosas similar a la de 2009”.
En este contexto, y luego de señalar que el Presupuesto 2021 es expansivo y que proyecta crecimiento, Montagu señaló que luego de la caída de la economía este año “a fines de 2023 estaremos recuperando niveles de 2019. Esta crisis, en términos económicos, nos va a costar 4 años”.

Mirando hacia adelante, Montagu retomó la idea de Guzmán de que, con este presupuesto, lo que se busca es construir un puente entre la economía que tenemos y que enfrentamos ahora y la economía que queremos alcanzar, estable. Este es el rol que nos proponemos con este presupuesto, de tranquilizar la economía” y señaló que “para cada una de las prioridades hay una o varias partidas presupuestarias que lo respaldan”.
Luego llegó el turno del secretario de Hacienda, Raul Rigo, quien hizo un recorrido sobre todos los programas llevados adelante en lo referido al gasto de capital para combatir el Covid-19, detalló los programas más importantes en lo que se refiere a salud, educación, obra pública, señaló que el Ejecutivo prevé “una recuperación ostensible de los recursos fiscales”.
En ese esquema de dividir en tres grupos, Rigo dijo que Administración Gubernamental y Defensa “crece levemente” mientras que Servicios Sociales y Servicios Económicos “crecen significativamente”.

A la hora de explicar cómo se va a financiar ese gasto, Rigo respondió que los fondos hay que encontrarlos en “un decrecimiento en el ítem del Gasto de la deuda”.
Por su parte, el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, fue quien realizó la presentación más corta. Planteó que el programa financiero “es viable, realista y muy prudente”. Volvió a recurrir a la idea del “puente” y a que el programa financiero es accesible y macroeconómicamente viable.
“Es viable porque de cada 10 pesos que tiene que financiar, 9 son financiados en pesos, y que esto es posible gracias al proceso de restauración de sostenibilidad de la deuda pública”, explicó el funcionario. “Es realista porque es compatible con el objetivo que hemos priorizado que es el desarrollo del mercado de capitales locales. Y es prudente, porque hace un uso razonable de las distintas herramientas de financiación disponible”.
La iniciativa del Poder Ejecutivo contempla un gasto total superior a $8 billones, con más del 60% destinado a partidas sociales y un crecimiento de 5,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Entre sus aspectos centrales proyecta un déficit fiscal de 4,5%, una inflación anual de 29% y un dólar en torno a los $102,4 para fin del año. También prevé destinar $5,5 billones para el pago de jubilaciones y asignaciones sociales, programas alimentarios y de economía social, entre otros fines, lo que representa el 65% de los recursos previstos para 2021.
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